Un año después de las protestas en Granma el régimen mantiene en prisión a 17 manifestantes sin juicio

La Habana/Más de un año después de las protestas de marzo de 2024 en Granma, Prisoners Defender (PD) logró confirmar la detención en esa fecha de al menos 17 manifestantes. Si hasta ahora se desconocían los detalles de los arrestos, aclaró la organización en un informe sobre presos políticos correspondiente a julio, fue porque “el miedo de los afectados” y sus familias a la represión del régimen limitó en muchos casos la investigación.

El pasado 20 de junio, después de permanecer más de un año presos sin juicio, señala el reporte, 16 de los detenidos conocieron sus peticiones fiscales, un proceso que se hizo “sin tutela judicial alguna”, añade. Las sanciones solicitadas para el grupo varían de uno a siete años de prisión.

Entre los arrestados en Granma se encuentra Juan Carlos Verdó Zamora, quien al momento de la detención tenía solo 18 años. Hoy permanece en prisión y es el único del grupo para el que la Fiscalía no ha ofrecido una petición. Otros dos miembros de su familia fueron encarcelados durante la misma manifestación, en la que los pobladores pedían el cese de los apagones y el desabastecimiento.

PD también denunció que, hasta el cierre de julio, en las cárceles cubanas permanecen 1.176 prisioneros políticos. De ellos 124 son mujeres, muchas de ellas madres, y 33 menores de edad, algunos condenados por “sedición”, uno de los delitos más castigados por el Código Penal.

PD también denunció que, hasta el cierre de julio, en las cárceles cubanas permanecen 1.176 prisioneros políticos

Solo el mes pasado se registraron 25 nuevos presos políticos, aunque también salieron de la lista siete personas, seis por cumplimiento de la condena y una por fallecimiento: el preso político Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por su condena el pasado 7 de julio. 

González estaba encarcelado desde hacía más de un año en la prisión santaclareña La Pendiente, acusado de prender fuego a un cañaveral. El preso, de 44 años, se enfrentaba a 20 años de cárcel a petición de la fiscalía.

La organización también incluyó en su registro la revocación de la libertad condicional a cinco de los presos políticos que se beneficiaron del acuerdo entre La Habana y el Vaticano. Apenas una semana después del fallecimiento del papa Francisco en abril, fueron devueltos a prisión José Daniel Ferrer y Félix Navarro por un presunto incumplimiento de esas condiciones. 

A principios de junio se le revocó el beneficio a Donaida Pérez Paseiro, sacerdotisa yoruba y residente en Placetas. La presa política había sido condenada a ocho años de prisión por “desorden público”, “desobediencia”, “desacato” y “agresión”, también en el contexto del 11J. En su caso, el tribunal también alegó un “incumplimiento de las obligaciones esencialmente en el ámbito laboral y por no acudir a la citación del juez de Ejecución”.

El primer caso de revocación, no obstante, fue el de Jaime Alcide Firdó, excarcelado en enero y llevado de nuevo a prisión a principios de abril, presuntamente por haber rechazado convertirse en confidente de la Seguridad del Estado. El preso político de 25 años cumple una pena de siete por presunta sedición tras haber formado parte de las protestas del 11J en La Güinera, La Habana.

Por último, días atrás el régimen devolvió a prisión al preso político del 11J Marlon Brando Díaz Oliva por haber violado supuestamente su régimen de reclusión domiciliaria.

Un hecho alarmante destacado también por el reporte es que 474 presos políticos padecen enfermedades graves

PD también dedicó parte de su informe a las mujeres presas políticas: 45 de ellas, dijo, siguen encarceladas en condiciones inhumanas, sin atención médica, bajo calor extremo y amenazas constantes; mientras otras 79 cumplen condenas en arresto domiciliario. Algunas enfrentan penas de hasta 15 años.

Un hecho alarmante destacado también por el reporte es que 474 presos políticos padecen enfermedades graves y 40 presentan trastornos mentales sin recibir tratamiento médico adecuado. La falta de alimentación, los malos tratos y el aislamiento, asegura la organización, agravan su situación. 

Otro informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) asegura que el pasado julio fue el mes más represivo en lo que va de año, con al menos 357 acciones de este tipo por parte del régimen. El registro incluye casos de hostigamiento, amenazas, citaciones policiales y vigilancia a activistas y disidentes, especialmente en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Granma. 

Los abusos, dice el OCDH, se intensificaron en torno a fechas clave como el 4 de Julio y el cuarto aniversario del 11J, con el objetivo de impedir la participación de activistas y familiares de presos políticos.