La Comisión Justicia Cuba anuncia una ofensiva legal contra la represión en la Isla
El objetivo es encausar a Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad
Miami/(EFE).- El jurista mexicano René Bolio, presidente de una organización internacional que busca el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba, anunció este jueves "una ofensiva legal y global contra la dictadura cubana" en "el momento de su máxima debilidad".
"Es un momento muy importante y queremos contribuir con acciones decisivas no solo para el futuro sino para el presente", dijo a Efe el presidente de la Comisión Justicia Cuba, creada en 2017 y formada por juristas y activistas de derechos humanos de diversos países.
La ola de represión desatada actualmente contra artistas opositores y activistas es la respuesta de un régimen "acorralado" por el cúmulo de dificultades "políticas, económicas y sociales" de Cuba, dijo Bolio, antes de destacar que "de una manera sorprendente" el pueblo cubano ha reaccionado con protestas.
Impulsar un encausamiento del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por crímenes de lesa humanidad es el objetivo principal de la ofensiva anunciada hoy.
Bolío indicó que Díaz-Canel, por su carrera "gris y burocrática", no estaba hasta ahora en las listas de involucrados directamente en la represión sistemática y sistematizada del régimen.
Entre las medidas anunciadas hoy está el solicitar oficialmente a la Presidencia de EE UU que incluya de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo
Ahora sí lo está porque forma parte de la "cadena de mando" y con él en la Presidencia, las acciones represivas han aumentado, como las desplegadas contra los artistas del Movimiento San Isidro, que protestan contra una ley que coarta la libertad de expresión.
Por eso, la Comisión Cuba Justicia convocará una audiencia de juristas internacionales para analizar el caso específico de Díaz-Canel con vistas a su encausamiento, agregó.
Entre las medidas anunciadas hoy está el solicitar oficialmente a la Presidencia de EE UU que incluya de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
También se pedirá que se aplique la ley Magnitsky a los 43 cubanos incluidos en una lista documentada de violadores de derechos humanos elaborada por la Comisión y que va a ser actualizada para incluir a la responsables de la ola de represión actual.
La misma petición se hará al Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que tienen leyes similares a la estadounidense Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.
Esa ley prohíbe la entrada en EE UU y congela los activos que puedan tener los extranjeros acusados de violar los derechos fundamentales.
También se formalizarán denuncias ante los órganos de derechos humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se pedirá la "designación del régimen comunista de Cuba como empresa criminal conjunta"
También se formalizarán denuncias ante los órganos de derechos humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se pedirá la "designación del régimen comunista de Cuba como empresa criminal conjunta".
Ese sería el paso previo a una petición ante el Parlamento Europeo para que se cree un tribunal ad hoc para los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba, como se hizo con Ruanda o la ex Yugoslavia.
El Gobierno cubano ha afirmado que los participantes en recientes protestas son "víctimas" o bien "mercenarios" de un complot organizado desde "el imperio", según planteó la noche del martes el noticiero de la televisión estatal en un reportaje especial.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el pasado martes que a la luz de la "fuerte represión" ejercida contra miembros del Movimiento de San Isidro (MSI), el Gobierno de Cuba puede estar "en vías de justificar una nueva Primavera Negra, que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes".
En 2003, en lo que se denominó la Primavera Negra, "el régimen del fallecido presidente Fidel Castro frustró una convocatoria a favor de la libertad de expresión condenando a la cárcel a 75 disidentes, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes", recordó la SIP en un comunicado.
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