Diciembre cerró con 61 abusos en las cárceles cubanas y un fallecido bajo custodia del Estado

La Habana/La situación de los derechos humanos en las cárceles cubanas volvió a quedar en evidencia en diciembre de 2025. Según el informe mensual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una organización independiente con sede en México, durante ese mes se registraron al menos 61 violaciones de derechos humanos y la muerte de un recluso bajo custodia estatal. Los datos, recopilados a partir de testimonios de familiares, denuncias directas y seguimiento a casos individuales, confirman la persistencia de abusos, desatención médica y castigos arbitrarios dentro del sistema penitenciario de la Isla.

El informe identifica a 48 personas privadas de libertad afectadas por estas violaciones, entre ellas siete mujeres y 41 hombres. Aunque la cifra ya resulta alarmante, la propia organización advierte que se trata de un subregistro, condicionado por la falta de acceso a las prisiones, la vigilancia sobre los reclusos y sus familias, y la criminalización de cualquier intento de documentación independiente. En ese contexto de opacidad, cada denuncia implica riesgos adicionales para quienes la realizan.

Entre los casos más graves documentados en diciembre figuran los de Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce, recluidos en centros penitenciarios de las provincias orientales de Holguín y Las Tunas. Ambos acumularon múltiples violaciones en su contra, especialmente después de iniciar huelgas de hambre como forma de protesta por las condiciones de reclusión. Lejos de atender las demandas o evaluar su estado de salud, las autoridades penitenciarias optaron por trasladarlos a otras cárceles, una práctica habitual utilizada como castigo y mecanismo de aislamiento.

Las violaciones registradas por la ONG se agrupan en 30 categorías distintas, lo que revela la amplitud de los abusos

El informe también lamenta la muerte de Yaciel Antúnez Antúnez, quien se encontraba recluido en la prisión territorial para personas con VIH, en la provincia de Villa Clara. De acuerdo con la documentación recogida, el fallecimiento estuvo relacionado con la falta sostenida de medicamentos y la ausencia de atención médica oportuna. Este caso se suma a otras muertes ocurridas en los últimos años en centros penitenciarios cubanos, muchas de ellas asociadas a enfermedades crónicas no tratadas, desnutrición o negligencia médica prolongada.

Las violaciones registradas por el CDPC se agrupan en 30 categorías distintas, lo que revela la amplitud de los abusos. Las más recurrentes fueron el hostigamiento y la represión, seguidas de las malas condiciones de vida en prisión, la negación de atención médica, los problemas con la alimentación, las restricciones a la comunicación con el exterior y el uso de celdas de castigo. En la práctica, estas categorías se superponen y configuran un entorno sistemáticamente degradante para los reclusos.

Las denuncias sobre las condiciones materiales de vida describen un panorama crítico: comida insuficiente, mal elaborada o en estado de descomposición; escasez de agua potable; infraestructuras deterioradas; falta de colchones y ropa de cama; presencia constante de roedores e insectos, y brotes epidémicos sin control sanitario efectivo. Estas condiciones, lejos de ser excepcionales, forman parte de la cotidianidad carcelaria y afectan de manera directa la salud física y mental de los internos.

Las violaciones recogidas en diciembre fueron documentadas en 33 cárceles y centros de detención distribuidos en 14 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud

A estas carencias se suman las represalias contra quienes denuncian. El informe documenta restricciones y vigilancia de las comunicaciones con familiares, suspensiones arbitrarias de llamadas y visitas, envíos a celdas de castigo, traslados forzosos a prisiones alejadas del lugar de residencia y maltratos físicos por parte de los guardias. En muchos casos, las amenazas funcionan como un mecanismo disuasorio para impedir nuevas quejas y aislar a los reclusos más activos o considerados “problemáticos”.

Las violaciones recogidas en diciembre fueron documentadas en 33 cárceles y centros de detención distribuidos en 14 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud, lo que confirma que no se trata de hechos aislados ni de problemas concentrados en una región específica. La extensión territorial de las denuncias apunta a fallas estructurales del sistema penitenciario cubano y a una política de control que privilegia la disciplina y el castigo por encima de los derechos básicos.

El CDPC subraya además que ciertos grupos resultan especialmente vulnerables dentro de las prisiones. Entre ellos se encuentran las personas privadas de libertad por razones políticas, los afrodescendientes y quienes padecen enfermedades crónicas. En muchos casos, estas condiciones de vulnerabilidad se acumulan, aumentando la exposición a abusos, negligencia médica y sanciones arbitrarias.

La organización insiste en que la falta de transparencia del Estado cubano es un obstáculo central para conocer la dimensión real de lo que ocurre tras los muros de las cárceles. La ausencia de estadísticas oficiales, la negativa a permitir el acceso de observadores independientes y la persecución de activistas y familiares que denuncian abusos impiden una supervisión efectiva y favorecen la impunidad.