Diez años de cárcel por “sabotaje” para el chofer que embistió un ómnibus en Cárdenas
Matanzas
Sorprende que el proceso contra Yuni Valdés estuviera a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado
La Habana/El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a 10 años de prisión a Yuni Valdés Pérez, chofer de la Empresa Cubacar Varadero, tras ser hallado culpable de un delito de sabotaje. La sentencia, dictada el pasado 18 de septiembre, fue anunciada por la página en Facebook del gobierno de La Habana y replicada por varios medios oficiales.
El caso ha llamado la atención no solo por la severidad de la sanción, sino también por la tipificación del delito. Según la nota oficial, Valdés, en estado de embriaguez, utilizó el vehículo bajo su custodia para embestir dos veces una guagua de la Empresa Transmetro en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, el 5 de mayo de 2025. El choque se produjo tras una discusión con el conductor del ómnibus estatal.
El video del suceso, difundido en redes sociales, generó intensas polémicas. Algunos intentaban justificar la acción del chofer, alegando que fue previamente atacado por tres hombres, armados con bates, relacionados con el ómnibus de Transmetro. Otros calificaban lo ocurrido como “inexcusable”, y lo atribuían al estrés provocado por la crisis que sufre el país, aumentando los hechos de violencia. La prensa oficialista se limitó a reproducir la nota oficial sin indagar en más detalles sobre el estado de salud de los involucrados ni los daños materiales exactos. Tampoco buscaron declaraciones de la Empresa Cubacar Varadero ni de Transmetro.
El tribunal destacó los “daños materiales de consideración” ocasionados y subrayó que el fallo responde a “la necesidad de preservar la seguridad del Estado y la integridad de los bienes públicos”. Sin embargo, la utilización de la figura de sabotaje –un delito habitualmente vinculado a acciones con motivación política o intención de desestabilizar el orden estatal– ha generado suspicacias entre la ciudadanía.
En la práctica, esta flexibilidad suele beneficiar a la acusación y endurecer las penas
En el Código Penal cubano, el sabotaje se define como cualquier acto destinado a “impedir o entorpecer la actividad económica del Estado o de las organizaciones sociales”. La amplitud de esta definición permite su aplicación en casos tan disímiles como incendios intencionales en instalaciones productivas o la simple destrucción de equipos estatales. En la práctica, esta flexibilidad suele beneficiar a la acusación y endurecer las penas, que pueden llegar hasta la muerte en circunstancias extremas.
El proceso contra Valdés estuvo a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, una instancia habitualmente reservada para casos de espionaje, conspiración o propaganda enemiga. El hecho de que un conflicto personal y aislado haya sido tramitado por esa vía judicial puede interpretarse como un mensaje de advertencia: el patrimonio estatal es intocable y su agresión, aunque sea accidental o fruto de un arrebato personal, será tratada como una afrenta al poder.
En los últimos años, los tribunales cubanos han endurecido las condenas por delitos que involucren bienes públicos. La narrativa oficial presenta estos hechos como ataques coordinados contra el sistema, aun cuando se trate de acciones espontáneas motivadas por el malestar social, como las protestas realizadas en el país desde 2021.
En el caso de Cárdenas, la nota oficial no menciona que hubiera motivaciones políticas ni que el acusado formara parte de alguna organización opositora. Todo apunta a un altercado personal agravado por el consumo de alcohol. Pese a ello, el tribunal citó el Dictamen No. 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para justificar la sanción, alegando que se tomó en cuenta “la conducta social del acusado y la gravedad del hecho”.
La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo Popular, tanto por la defensa como por la Fiscalía. Sin embargo, en el sistema judicial cubano las posibilidades de que un fallo de este tipo sea revertido son escasas. Las estadísticas oficiales sobre apelaciones son opacas, y en los pocos casos conocidos, las penas suelen confirmarse.