Con dinero de Canadá y de la ONU, abre la primera oficina para atender a mujeres víctimas de violencia machista
Cuba
El local, situado en La Habana Vieja, fue inaugurado el martes por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos
Madrid/La Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), institución estatal de abogados que depende del Ministerio de Justicia, ha abierto en La Habana la primera oficina especializada en atender a víctimas de violencia de género. Lo hace con ayuda de la Embajada de Canadá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), según el reporte publicado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), y el proyecto prevé ampliarse a otros 40 municipios de la Isla.
La inauguración del local, situado en La Habana Vieja, coincidió, el martes, con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el aniversario de la muerte de Fidel Castro, de ahí que en el mismo acto tuvieran palabrasa para el dictador, recordado “como un luchador incansable por la emancipación de las mujeres”.
Sin referirse en ningún momento a los feminicidios ocurridos en la Isla, que, ante la falta de datos oficiales, tienen que ser recopilados por organizaciones y medios independientes –van 37 en lo que va de año, según el registro de 14ymedio–, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), reconoció que la iniciativa “materializa un reclamo histórico de las mujeres, muchas de las cuales carecen de recursos económicos para contratar un abogado”.
El objetivo de esta oficina es “que las víctimas vean las oficinas como una esperanza, una luz y un instrumento jurídico para defender sus derechos”
Por parte de una de las instancias que financian la iniciativa, Marianne Zemble, embajadora de Canadá en Cuba, declaró que el proyecto “tiene la posibilidad de cambiar vidas y, por ende, a la sociedad en su conjunto”, y destacó “los más de 50 años de cooperación con la Isla y el compromiso de su país en la lucha global contra la violencia de género”. La jefa de la Unfpa, Marisol Alfonso de Armas, celebró la creación de un “espacio real, físico y tangible, que constituye la mejor entrega para las mujeres que sufren violencia”.
La presidenta de la ONBC, Lilia María Hernández Doejó, dijo a la agencia estatal que el objetivo de esta oficina es “que las víctimas vean las oficinas como una esperanza, una luz y un instrumento jurídico para defender sus derechos”.
Las funciones principales de la instancia serán “el asesoramiento jurídico especializado, empático y sensible, así como una labor metodológica y de orientación para la superación de los abogados en todo el país”. La oficina, indicó por su parte Mónica Martínez de Varona, coordinadora nacional del servicio de la Organización, supervisará la atención brindada por parte de “abogados especializados en los bufetes de los municipios seleccionados”, que “recibirán capacitación continua”.
La Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones habían anunciado, a mediados de este año, la elaboración de un registro administrativo informatizado para recabar datos sobre los feminicidios, pero poco después confirmaron que no sería público.
El año pasado, las autoridades celebraron 76 juicios por crímenes machistas, pero se desconoce en qué fechas ocurrieron los asesinatos. En los juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.
Con esa tasa, Cuba se ubicaría dentro de los tres países con mayores tasas de feminicidios de América Latina, sólo superado por Honduras y República Dominicana, si se tiene en cuenta los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) correspondientes a 2023, último año disponible.
Justamente este miércoles, Amnistía Internacional (AI) denunció que la violencia de género es un instrumento utilizado por el mismo régimen para reprimir activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Los testimonios recogidos en el informe Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba, firmado por Johana Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe de AI, muestran que el Estado cubano “utiliza el rol maternal para intentar que las mujeres abandonen el activismo”.