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La Fiscalía pide ocho años de cárcel para los pastores que invocaron a Dios durante un juicio

Religión

Los padres defendían a su hijo, que desertó del Servicio Militar y se expone a una pena de cuatro años en prisión

La situación de los pastores fue denunciada este viernes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Alianza de Cristianos de Cuba. / Perfil de Facebook de Borja
14ymedio

23 de mayo 2025 - 18:12

La Habana/Luis Guillermo Borja y Roxana Rojas, pastores evangélicos, solo testificaron en un juicio militar por su hijo y se atrevieron a invocar a Dios. Suficiente, al parecer, para que la fiscalía solicite ocho años de cárcel para ambos. 

Su hijo, Kevin Lay Laureido Rojas, fue obligado a incorporarse al Servicio Militar pese a un dictamen médico que lo eximía por razones psiquiátricas y ortopédicas. Al no recibir sus medicamentos en la unidad, huyó. Ahora enfrenta una petición fiscal de cuatro años de prisión. 

El fiscal no toleró la mención de la “justicia divina” y ordenó el arresto inmediato de ambos

Sus padres, por declarar que lo que sucedía era “una injusticia frente a los hombres y frente a Dios”, fueron acusados de desacato y desobediencia. El fiscal no toleró la mención de la “justicia divina” y ordenó el arresto inmediato de ambos. Borja continúa preso e incomunicado. Rojas, la madre, colapsó tras la audiencia –debido a un derrame pericárdico– y fue ingresada en un hospital. Según Solidaridad Cristiana Mundial, durante su hospitalización fue acosada por un hombre vestido de civil que se hizo pasar por enfermero. 

Este viernes, su situación fue denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) y la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), quienes calificaron lo ocurrido como un ataque intolerable contra los derechos humanos. Hicieron también un llamado a las Iglesias cristianas internacionales –entre ellas las Asambleas de Dios–, a las ONG y a los gobiernos democráticos para denunciar la situación de los tres ciudadanos.

Apenas un año atrás, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla protestaba enérgicamente en X por la inclusión de Cuba en un informe estadounidense sobre violaciones a la libertad religiosa. Alegó que el país tenía un “desempeño ejemplar” en la materia. Para reforzar el argumento, Caridad Diego –jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista– aseguró que esa libertad era “amplia”, pues los babalaos habían podido tirar su Letra del Año y los curas católicos celebrar sus misas por la paz. 

Solo en 2024 se documentaron 996 incidentes contra la libertad religiosa

Sin embargo, solo en 2024, el Ocdh documentó al menos 996 incidentes contra la libertad religiosa: desde impedimentos para asistir a cultos hasta multas a pastores de Iglesias no reconocidas, pasando por la negativa de visitas religiosas a prisioneros políticos. El Gobierno se niega sistemáticamente a otorgar reconocimiento legal y personalidad jurídica a congregaciones independientes, afectando directamente a más de 63 entidades que integran la Alianza de Cristianos de Cuba. 

El Servicio Militar sigue siendo una de las prácticas más controversiales del régimen. Aunque la Constitución lo define como un “deber sagrado”, en la práctica ha sido escenario de negligencias médicas, abusos, suicidios y muertes aún sin esclarecer. El pasado fin de semana, el joven Léster Álvarez se disparó con su propio fusil mientras pasaba el Servicio Militar en la prisión de Ariza, en Cienfuegos. Como en tantos otros casos, el silencio del poder uniformado fue absoluto. 

Campañas como "No al servicio militar", promovidas por activistas y organizaciones de la sociedad civil, han cobrado fuerza en los últimos años, considerándolo como un sistema opresivo y peligroso para la juventud cubana. Ninguna de esas voces ha sido reconocida por los medios estatales, pero el clamor persiste. 

La Oficina de Asuntos Religiosos ejerce un férreo control sobre qué se puede predicar y quién puede hacerlo

La Constitución cubana, en su artículo 57, reconoce la libertad de religión. Pero, como en tantos otros campos, la letra vale menos que el contexto. La Oficina de Asuntos Religiosos ejerce un férreo control sobre qué se puede predicar y quién puede hacerlo. Toda expresión religiosa no alineada con el discurso oficial es sistemáticamente reprimida. 

El caso de Borja y Rojas evidencia el deterioro creciente de las relaciones entre las Iglesias y el Estado. Algunos líderes religiosos –los que respaldan campañas gubernamentales, celebran efemérides patrias y evitan cualquier crítica– aún simulan normalidad. Pero quienes alzan la voz ante los abusos, como hace la Alianza de Cristianos de Cuba, son perseguidos sin ambages. 

Diversas organizaciones religiosas y de la sociedad civil dentro y fuera del país han condenado este nuevo atropello. Lo hacen a sabiendas de que el régimen rara vez rectifica. Aunque maquillen la Constitución para simular tolerancia, el verdadero libro sagrado del poder cubano sigue siendo el compendio de frases de Fidel Castro. Y en ese texto aún resuena una línea sobre las Iglesias que lo dice todo: “Son la quinta columna de la contrarrevolución”. 

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