El Gobierno cubano intenta atraer a los jóvenes desocupados con cursos pagados a cuatro dólares al mes

Madrid/El Gobierno cubano prevé entregar pequeños medios de trabajo a familias “en situación de vulnerabilidad”, pagar cursos a jóvenes que no estudian ni trabajan y crear direcciones de Trabajo Social en las administraciones provinciales y municipales. Las nuevas normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fueron publicadas este jueves, y entrarán en vigor en los próximos siete días.

La nueva legislación establece un programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan. Según declaró a la prensa oficial Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del Ministerio de Trabajo, el objetivo es “facilitar la incorporación de esos jóvenes a actividades productivas” mediante cursos cortos “que respondan a las necesidades de empleo de los territorios”.

El programa prevé pagar el equivalente al salario mínimo, 3.210 pesos al mes –unos cuatro dólares al cambio informal–, a los jóvenes que asistan a estas capacitaciones. Ninguno de los funcionarios citados por Granma recordó que este monto no alcanza para comprar un cartón de huevos y apenas un litro de aceite vegetal en Cuba.

Los cursos durarán entre uno y seis meses, con un mínimo de 20 horas de clase a la semana. Para cobrar el ingreso mensual hay que asistir al menos al 85% de las clases y aprobar las evaluaciones. Podrán incluir oficios que se necesiten en cada territorio, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y habilidades digitales, explicó Riverón.

Para cobrar el ingreso mensual hay que asistir al menos al 85% de las clases y aprobar las evaluaciones

Tendrán prioridad quienes viven en zonas con mucha desvinculación juvenil, las mujeres con hijos menores y bajos ingresos, las personas con discapacidad y quienes enfrentan obstáculos para estudiar o trabajar. El programa admite excepciones dentro del rango de edad aceptado. Podrán entrar adolescentes desde los 15 años si se justifica su “riesgo social”, y personas de 31 a 35 con responsabilidades de cuidado familiar. 

Si el joven está catalogado como vulnerable, el dinero saldrá de las prestaciones condicionadas de la asistencia social. En el resto de los casos lo pondrán las entidades empleadoras.

Los beneficiarios pueden tener que devolver el dinero, total o parcialmente, si abandonan los cursos sin causa justificada. Lo mismo ocurre si no se incorporan a un empleo disponible acorde con lo aprendido, o si renuncian al trabajo sin motivo en los primeros seis meses.

Otra de las disposiciones se enfoca en “la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional”

Otra de las disposiciones se enfoca en “la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional”. Se dirige a hogares con miembros “aptos y dispuestos a trabajar” que se comprometan a cumplir un plan de inclusión económica.

La directora del Observatorio Social y Laboral, Maily Morejón Concepción, explicó que entre los grupos priorizados están las personas cuidadoras, sobre todo mujeres con hijos pequeños y pocos ingresos. También figuran los jóvenes desvinculados, las personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica y quienes se encuentran “en la informalidad laboral”.

Los medios de trabajo se agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos, destinados a artesanía, transformación y servicios, y tecnológicos o de apoyo digital. Cada territorio podrá añadir otros. Para recibirlos hay que pasar varios filtros. La solicitud se presenta en la dirección municipal de Trabajo, por iniciativa propia, a través de un trabajador social o mediante el empleador.

El incentivo que las nuevas normas ofrecen para formarse sigue estando muy lejos de garantizar la cobertura de las necesidades básicas

En la misma Gaceta Oficial se presenta también el Decreto Ley 136, que “establece las bases para fortalecer el sistema de trabajo social”; y el Decreto 182, que regula la creación y organización de las direcciones de Trabajo Social de las administraciones provinciales y municipales.

Según Machín Reyes, directora de Trabajo Social del Ministerio de Trabajo, la norma reconoce la intervención de los trabajadores sociales más allá de comunidades y circunscripciones, en instituciones educativas, hospitales, policlínicos y otros servicios. Fija además mecanismos de coordinación con entidades estatales y no estatales, y un sistema de supervisión “dirigido a garantizar la calidad de las intervenciones y el desarrollo profesional de estos trabajadores”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, dijo que las nuevas medidas buscan “fortalecer la protección social y favorecer que las personas y familias en situación de vulnerabilidad puedan generar ingresos mediante su propio trabajo”. Según Otamendi, la asistencia social debe concebirse también como un proceso de tránsito hacia la “autonomía económica” e insistió en la importancia de rescatar “el valor del trabajo” como principal vía de protección social.

El incentivo que las nuevas normas ofrecen para formarse sigue estando muy lejos de garantizar la cobertura de las necesidades básicas. La desvinculación laboral de los jóvenes ha sido admitida por las autoridades cubanas desde hace años, así como la fuga de profesionales en el sector estatal, descontentos por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. En julio, el salario mínimo subió de 2.100 a 3.210 pesos mensuales, pero el propio Gobierno admitió que el nuevo monto “todavía no es suficiente”. En efecto, la cifra sitúa a Cuba entre los países con los salarios mínimos más bajos del mundo.