"Los innovadores aportamos millones y recibimos kilos”

Madrid/Inventar, concepto tan empleado como realizado –a la fuerza– en Cuba, cada vez se premia menos. Las empresas estatales que deben dinero a los aniristas (innovadores y racionalizadores) ha llegado a cifras insostenibles, pese a haberse reducido en lo que va de año. A finales de 2024, eran 1.033 las entidades que no habían remunerado a los asociados, cantidad que ahora está en 876 “pese a que ya se benefi­ciaron del resultado monetario o social que ellas [sus propuestas] generaron, denuncia a la prensa oficial Lidier Águila Machado. 

El funcionario es el presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Raciona­lizadores (Anir), la organización que agrupa a personas que presentan creaciones o ideas que permiten mejorar los resultados de un sector económico y que celebra estos días su Tercera Conferencia Nacional. Los datos que maneja son demoledores: la pérdida de trabajadores capacitados, especialmente los contables, junto con la escasez de recursos económicos, ha provocado que las empresas estén dejando de pagar a quienes con su trabajo les generan beneficios extras.

Es el caso de las 101 empresas pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria que no están pagando a los aniristas, uno de los sectores, por su importancia en la seguridad alimentaria, que más necesita estímulos a la innovación. Según una nota publicada este lunes por Trabajadores, en Villa Clara hay atrasos en las empresas Cárnica, Pescadilla, Láctea, Bebidas y Refrescos y la Provincial Productora de Alimentos y la causa es “la falta de liquidez financiera y la fluc­tuación del personal encargado del proceso eco­nómico-contable”. 

Es el caso de las 101 empresas pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria que no están pagando a los aniristas

Águila Machado sostiene que otra de las trabas que complica la situación es el hecho de que los trámites impliquen desplazamientos que desincentivan a los innovadores. “Si no se les crea condiciones para ir a asentar sus propuestas, gastarían sus re­cursos personales para trasladarse de un mu­nicipio a otro, o simplemente no lo harían”. Además, está la dilatación de los tiempos. Una vez que se inscribe una propuesta hay un mes para que sea examinada por una comisión y dos meses, si funcionara a nivel nacional, para determinar si es innovación o racionalización. 

Cuando está en práctica, hay un año para que –de dar resultados– se empiece a remunerar, pero el presidente de Anir afirma que a veces se retrasa para no pagar si hay pérdidas en el sector empresarial o porque no estaba planificado en el sector presupuestado. La situación está generando mucho malestar en los aniristas, que exigen a los administrativos que rindan cuentas. 

Jorge Luis Fajardo Casas, secretario gene­ral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, cree que se está incumpliendo el pago –y con ello la Ley 38 que lo regula– porque los dirigentes carecen de “capacitación” y pide a los afiliados que sean los primeros en interesarse por cómo funciona el proceso. “Para exigir, hay que sa­ber”. Trabajadores ha consultado con dos administrativas que señalan que los expedientes están llenos de errores y en muchas ocasiones la documentación va y viene. 

La nota deja algunos buenos ejemplos de personas que, después de encontrar soluciones que han permitido incrementar la productividad, siguen a la espera de que se les reconozca económicamente. Es el caso de Yolexys Viquillón y otros mecánicos de la matancera Lácteo Colón, que a principios de 2024 lograron que el pasteurizador funcionara y aún esperan el pago. “Ya el cheque está listo. Eso nos dijeron”, argumenta resignado.

Peor es la situación en la Torrefactora de Pinar del Río, donde “no recuerdan cuándo fue la última vez que realizaron pagos por la Ley 38. Eso sí, saben que ha pasado más de un quin­quenio”. En su caso, se defienden, el funcionamiento propio de la Anir ha retrasado las cosas. Los miembros de la asociación son los primeros implicados en que el engranaje funcione: además de ayudar en la inscripción y registro, deben nombrar a la comisión evaluadora y también gestionan parcialmente la conocida como “cuenta del 30%”. Del total de los beneficios que genera una creación, el 70% se los queda la empresa y el resto va a parar a un fondo para los asociados.

Otro ejemplo está en el Lácteo de Matanzas, donde “Gerardo Soriano Díaz asevera no haber reci­bido nada por ‘resolver tantos problemas’”. Este mecánico, junto con dos compañeros, ha recuperado una cantidad de bombas tan grande que no las recuerda, pero “nunca han visto un centavo”. “Aportamos millones y recibimos kilos”, dijeron varios entrevistados al medio oficial.

Este mecánico, junto con dos compañeros, ha recuperado una cantidad de bombas tan grande que no las recuerda, pero “nunca han visto un centavo”

Águila Machado lamenta que la no remuneración va más allá del claro perjuicio económico. “Como organización estaríamos perdiendo la oportunidad de reconocer moralmente, y de es­timular a los hombres y mujeres que hacen ma­ravillas en medio de las limitaciones de recursos para solucionar problemas que repercuten en la producción de bienes y de servicios, y en el pro­greso del país”, reprocha.

En la Tercera Conferencia Nacional de la Anir, afirma el texto, fueron varios los asociados que reclamaron esta falta de capacidad en los responsables de evaluar las innovaciones y cómo esto repercute en los cálculos, aprobando montos muy por debajo de lo esperado. Antonio Aguile­ra Franco, fundador de la Anir e inspector, cree que es imprescindible fiscalizar. “No para multar o sancionar, sino para contribuir a la calidad y eficiencia, incluido el uso de la cuenta del 30%. Ningún director está autorizado a utilizar esos fondos para pago a los obreros. Eso ha pasado”, denuncia.

La nota sí cita algunos casos de éxito, como el de la Empresa Fábrica de Conservas de Frutas y Vegetales La Conchita, de Pinar del Río, donde las innovaciones han dejado más de dos millones de pesos que se registran y reparten de manera satisfactoria, o la To­rrefactora de Villa Clara, que paga bien y en tiempo a los aniristas. “Se hace una nominilla, se va al banco, se extrae el dinero y se paga por caja. La Anir permite mante­ner el fondo activo y garantizar los pagos”, dice la jefa del departamento económico de la entidad. 

En algunos casos, también se entregan bienes como estímulo, electrodomésticos o motos eléctricas entre ellos, a quienes realizan un aporte individual, algo que los sindicalistas consultados consideran que debería aplicarse más, tanto en especies como en dinero. “Hay que vincularse más con los asociados. Esta organización necesita ser atendida con el rigor y la sistematicidad que ello implica”, advierte.