Televisión Cubana presenta un relato inverosímil del incidente con la lancha de Florida en Villa Clara

La Habana/Sin una sola imagen, audio o declaración de los sobrevivientes, el programa Razones de Cuba, conducido por el oficialista Humberto López, volvió a fijar este viernes la versión del régimen sobre el tiroteo ocurrido el 25 de febrero en la cayería norte de Villa Clara. El relato, construido exclusivamente a partir de voces institucionales pertenecientes al Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, insiste en que la agresión fue iniciada por la lancha procedente de Florida, que la incursión tenía fines “terroristas” y que la respuesta de las Tropas Guardafronteras fue “racional, defensiva y proporcional”.

El primer coronel Ebay Carballo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, aseguró que la embarcación fue interceptada “a una milla de la faja exterior de la cayería” y 11 millas dentro de aguas territoriales cubanas. Según su cronología, a las 7:10 de la mañana los medios técnicos detectaron un “objetivo naval” aproximándose a 24 nudos.

Sin embargo, la narrativa oficial deja grietas. El propio Miguel Díaz-Canel había declarado el 5 de febrero que el Gobierno conocía “planes para hechos terroristas” apoyados y financiados desde Estados Unidos. Si la información previa existía, ¿se trató entonces de una simple detección fortuita por radar o de una operación de seguimiento? A ello se suma la inclusión errónea en los primeros reportes de un supuesto tripulante –Roberto Azcorra Consuegra– que nunca estuvo en la lancha, lo que sugiere que las autoridades manejaban con antelación una lista preconcebida de nombres.

Mientras los hospitales, el transporte y los servicios básicos padecen una crisis aguda de combustible, el coronel Carballo aseguró que las Tropas Guardafronteras mantienen un “dispositivo en permanente disposición combativa”, con unidades navales “dislocadas” en todo el país y medios radiotécnicos y visuales activos. La afirmación confirma lo que muchos cubanos constatan a diario: la precariedad no alcanza nunca al aparato militar.

Si realmente existió una segunda lancha, ¿por qué no fue exhibida como prueba?

El coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la seguridad del Estado, añadió otro elemento: originalmente eran dos embarcaciones. Una sufrió desperfectos mecánicos y fue dejada al pairo; sus tripulantes y la carga fueron trasladados a la lancha que finalmente fue interceptada.

Según una fuente cercana al grupo, la lancha que inicialmente pensaban utilizar nunca salió de Florida. De hecho, asegura haberla visto aún averiada en su lugar habitual apenas un día antes de la difusión del programa de televisión. Esa circunstancia explicaría que terminaran apropiándose de otra embarcación para realizar la travesía.

El dato resulta relevante porque en Razones de Cuba se habló de dos lanchas: una que habría quedado al pairo tras sufrir desperfectos y otra en la que finalmente viajaban los diez hombres interceptados. Sin embargo, en la transmisión solo se mostró una. Para la fuente consultada, las autoridades esperaban una lancha específica, a partir de información previa, y el relato del supuesto trasbordo sería una forma de ajustar la versión oficial a una nave que no coincide con la que, presuntamente, tenían identificada.

Si realmente existió una segunda lancha, ¿por qué no fue exhibida como prueba, del mismo modo que el armamento y el resto de la carga incautada?

La desproporción numérica y material también merece examen. La lancha interceptora, con cinco combatientes armados con tres fusiles AKM y una ametralladora RPK, se aproximó a una embarcación que, según la versión oficial, transportaba diez hombres, 1,8 toneladas de carga y un motor fuera de borda de 250 caballos. No obstante, el propio Carballo admitió que la embarcación “infractora” estaba detenida y que algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua cuando fueron sorprendidos. Tras advertir la presencia de los guardafronteras, reembarcaron y se dirigieron hacia el oeste.

El intercambio de disparos –a apenas 20 metros– dejó inicialmente tres muertos y siete heridos en la lancha con matrícula de Florida. En la embarcación oficial solo resultó herido el patrón, el capitán Yosmany, quien, según el relato, recibió un impacto en la región abdominal y en el antebrazo, pero continuó al timón con “valentía y convicción”. El tono exageradamente épico contrasta con la ausencia de cualquier testimonio independiente sobre lo ocurrido el miércoles.

Según Álvarez Valle, la lancha oficial recibió 13 impactos de bala y la embarcación procedente de Florida, 21. Las cifras llaman la atención si se considera que, de acuerdo con la exposición televisiva, los diez ocupantes portaban tres fusiles tipo AK de origen soviético y chino; una decena de rifles de la plataforma AR-15 –muy comunes en el mercado civil estadounidense–; dos rifles de mayor potencia utilizados habitualmente para tiro de precisión o caza mayor; once pistolas semiautomáticas de distintos fabricantes, la mayoría en 9 milímetros; además de 12.846 municiones. En conjunto, se trata de un arsenal variado que combina armas largas y cortas disponibles en el mercado legal de Estados Unidos. 

No obstante, la fuente consultada por este diario asegura que, en sus prácticas, solo utilizaban fusiles semiautomáticos –es decir, armas que disparan un proyectil por cada presión del gatillo– y niega que contaran con armamento automático de uso militar. El arsenal, desplegado en el estudio, ocupaba varios metros. Si los tripulantes eran superiores en número y armamento y, como afirma el Gobierno, abrieron fuego primero, resulta difícil explicar la desigualdad en los daños y el saldo humano.

Las autoridades enfatizaron el supuesto liderazgo de Amijaíl Sánchez González, presentado como “terrorista” y vinculado a hechos ocurridos en Cuba incluso cuando ya residía en Estados Unidos. Personas cercanas al grupo contactadas por este diario niegan, sin embargo, que Sánchez fuera el jefe de la expedición. 

Más llamativo aún es el intento de presentar como “autora intelectual” de los hechos a Maritza Lugo Fernández, ex presa política y plantada, residente en Estados Unidos. La imputación no solo amplía el caso más allá de la embarcación interceptada, sino que desplaza el foco hacia la comunidad del exilio.

Al atribuir responsabilidades penales a una opositora radicada en territorio estadounidense, el régimen parece buscar varios objetivos simultáneos. Por un lado, internacionaliza el expediente y presiona para que agencias como el FBI se vean obligadas a abrir o reactivar investigaciones sobre cubanos exiliados señalados por La Habana. Por otro, extiende el cerco político y judicial sobre la diáspora, enviando el mensaje de que cualquier activismo puede ser reinterpretado como apoyo a acciones violentas.

Entre la carga incautada, el programa mostró emblemas de Autodefensa del Pueblo y del Movimiento Democrático 30 de noviembre, además de cantimploras, mallas de camuflaje, cócteles molotov y otros artefactos. En un momento revelador, Carballo afirmó: “Si nosotros no respondemos como actuamos, los muertos hubieran sido de nuestra parte”. La frase, lejos de cerrar la discusión, reaviva la pregunta central: ¿quién disparó primero y en qué circunstancias exactas?

El fiscal Edward Robert Campbell adelantó que las condenas podrían oscilar entre 10 años de prisión y la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Humberto López intervino para señalar que, no obstante, el desenlace procesal “es obvio”.

Por su parte, el doctor militar Juan Antonio Rodríguez Aguilera informó que el patrón de la lancha oficial se encuentra fuera de peligro. No aclaró, sin embargo, las circunstancias en que murió el cuarto fallecido reportado oficialmente. Sí aseguró que los detenidos reciben atención médica “con todos los recursos que necesitan”. Ante la pregunta de por qué se destinan recursos a quienes “invadieron” el país, respondió que ello forma parte de la ética de la Revolución. Lo que el discurso oficial omite es que prestar asistencia sanitaria a heridos y personas bajo custodia no constituye una concesión ideológica, sino una obligación básica del derecho internacional humanitario. Incumplirla constituiría un delito.