Nacionalidad española por la ley de Memoria: el número de solicitudes denegadas es muy bajo

Madrid/Alrededor de 2.450.000 personas han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, y el proceso podría tardar aún entre cuatro o cinco años en completarse. “Eso sería un plazo razonable”, afirmó a EFE la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso.

Hasta ahora, unas 306.000 personas ya tienen inscrita la nacionalidad española, según precisó Alonso, quien aseguró que “hay muy pocas denegaciones” porque la mayoría de los solicitantes que inicia el trámite cumple con los requisitos establecidos por la norma.

En Cuba, uno de los países más afectados por la avalancha de solicitudes, el volumen real supera con creces las cifras iniciales. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores revelaron a 14ymedio que más de 600.000 cubanos han solicitado o iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática en el Consulado de La Habana. La cifra incluye tanto a quienes ya presentaron formalmente el expediente como a quienes pidieron cita antes del cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025.

Una fuente cercana al proceso precisó que más de 196.000 personas se presentaron físicamente en la sede consular habanera y que quedan más de 400.000 solicitudes pendientes de cita. A esa cifra habría que sumar los cubanos que han tramitado la nacionalidad desde otros países, especialmente desde Estados Unidos.

En enero, España contrató personal local a través del grupo estatal cubano Palco, vinculado a Gaesa, por más de 1,1 millones de euros

El colapso obligó a Madrid a buscar refuerzos para la oficina consular. En enero, España contrató personal local a través del grupo estatal cubano Palco, vinculado a Gaesa, por más de 1,1 millones de euros. El acuerdo contempla 87 auxiliares de oficina durante cuatro años para apoyar la gestión de expedientes, aunque la resolución y la inscripción siguen dependiendo del Consulado.

También fracasó el intento de instalar oficinas móviles en la Isla para aliviar la presión sobre La Habana. El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, admitió que en Cuba y Venezuela fue “complicado” desplegar ese mecanismo, en un contexto marcado por los problemas logísticos, el transporte y la escasez de combustible.

La Ley de Memoria Democrática permite optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación o identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

También contempla otros supuestos, como el de los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La avalancha de peticiones ha generado una fuerte presión sobre una red consular ya tensionada, según Alonso, por el “incremento exponencial” de la ciudadanía española en el exterior durante los últimos años.

Solo en la demarcación de Buenos Aires se han registrado unas 650.000 peticiones de nacionalidad

En 2010 había 1,5 millones de españoles residiendo fuera del país. Actualmente suman 3,2 millones y, cuando concluya la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, la cifra podría superar los cinco millones. Por eso, Alonso considera necesario “un redimensionamiento” de la red consular para atender a los nuevos ciudadanos.

Las oficinas consulares que más solicitudes han recibido son las cinco de Argentina, seguidas por México, São Paulo, Cuba y Miami. En el caso argentino, cuatro consulados concentran alrededor del 40% del total de expedientes. Solo en la demarcación de Buenos Aires se han registrado unas 650.000 peticiones de nacionalidad.

Para Alonso, el elevado número de solicitudes demuestra que la ley ha sido “un éxito”. “Para nosotros siempre han sido españoles, les faltaba el vínculo jurídico”, sostuvo. Sin embargo, reclamó al Estado una respuesta administrativa adecuada ante este “acceso a derechos”.

Además, reclama una “ley estable” sobre nacionalidad española, o una reforma del Código Civil, para que los beneficios de la Ley de Memoria Democrática no dependan de una norma temporal

La presidenta del Consejo adelantó a la agencia española que se pondrán en marcha medidas para agilizar la tramitación, algunas de ellas planteadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una reunión celebrada hace unos meses.

Entre esas medidas figura el apoyo de una empresa externa en cuatro de los cinco consulados de Argentina. Esa compañía se ocupará de recibir y digitalizar las solicitudes pendientes, mientras que la resolución y la inscripción seguirán en manos de las oficinas consulares. Alonso indicó que el mecanismo entrará en vigor en las próximas semanas.

El Consejo celebra que la medida se aplique en Argentina, pero también pide extenderla a otros países con gran volumen de solicitudes, como México, Brasil, Cuba y Estados Unidos.

Además, reclama una “ley estable” sobre nacionalidad española, o una reforma del Código Civil, para que los beneficios de la Ley de Memoria Democrática no dependan de una norma temporal. La entidad pide que el derecho se extienda a todos los descendientes de españoles “sin límite”, ya que actualmente quedan excluidos, por ejemplo, los bisnietos cuyos padres no solicitaron la nacionalidad y los tataranietos.