Altos cargos del aparato represivo y tres ministros cubanos, los nuevos sancionados por EE UU
EE UU
La lista incluye al Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia, la PNR y varios mandos del Ejército
Madrid/Tal y como anunció el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, la lista de sancionados en Cuba por el Gobierno de Donald Trump se amplía, y considerablemente. Desde este lunes, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, están en ella 11 altos funcionarios más –dos de ellos del Ministerio del Interior– y tres instituciones: el propio Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Entre ellos están los ministros de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y de Justicia, Rosabel Gamón Verde, así como el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el jefe de la Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, José Miguel Gómez del Vallín (de Las Tunas), y el ex ministro Roberto Morales Ojeda (de Cienfuegos), actualmente miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
De igual manera se incluyen a otros tres altos mandos militares, Joaquín Quintas Solá (de Colón, Matanzas), Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell, y el director y el subdirector de la PNR, Oscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias.
En el mismo comunicado de hoy, la Ofac informa también de que prorroga el permiso para comerciar petróleo ruso otro mes, hasta el 17 de junio
EE UU penaliza a todos ellos 11 días después de haberlo hecho con el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa); su presidenta, la general Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa estatal que opera en las minas holguineras, Moa Nickel S.A. Entonces, en un comunicado, el Departamento de Estado explicaba la designación de esos “sujetos” en el marco de la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 1 de mayo, que determinaba imponer sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
La medida ha producido desde entonces un movimiento telúrico en las empresas extranjeras con intereses en Cuba, empezando por el socio de Moa Nickel, la transnacional canadiense Sherritt, que el 7 de mayo anunció la suspensión de sus actividades en la Isla y la repatriación inmediata de sus empleados, incluidos los cubanos que tiene empleados en Canadá.
El temor a las sanciones fue también la razón esgrimida por la aerolínea española Plus Ultra para retirarse del acuerdo que mantenía con Cubana de Aviación, dejando a la estatal sin ruta a Madrid.
Este domingo, han confirmado la misma decisión las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd, lo cual puede suponer la pérdida de un 60% del tráfico marítimo para la Isla, según estimaciones de dos expertos en un reporte de Reuters.
En el mismo comunicado de hoy, la Ofac informa también de que prorroga el permiso para comerciar petróleo ruso otro mes, hasta el 17 de junio, de lo cual vuelve a quedar excluida cualquier persona u organización relacionadas con Cuba, igual que de Irán, Corea del Norte y los territorios ocupados de Ucrania.