Mientras asiste a una misa por León XIV, el régimen ordena cercar a activistas y periodistas independientes

La Habana/Un desconocido interceptó este viernes al periodista Reinaldo Escobar en la puerta de su vivienda y le preguntó si pensaba salir a la calle. Al contestar que no, el hombre le advirtió entonces que ni él ni Yoani Sánchez podían salir, porque esa jornada había una misa especial por el papa. “¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso, si ni siquiera somos católicos?”, le preguntó Escobar. “Eso mismo yo les dije”, respondió el desconocido, en una frase que delataba la existencia de órdenes superiores. El hombre remató: “Bueno, ya sabe, suba y no salga”. 

En efecto, el régimen cubano volvió a presentar este viernes su mejor rostro diplomático ante la Iglesia católica. En la catedral de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, y el presidente de la conferencia episcopal, Arturo González Amador, celebraron una misa de acción de gracias por el primer aniversario del pontificado de León XIV. En primera fila destacaban el canciller Bruno Rodríguez y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista. 

Sin embargo, fuera del lenguaje ceremonial y de las fotografías oficiales, la jornada estuvo marcada por denuncias de vigilancia, cercos policiales y presiones contra periodistas independientes y activistas. 

El nuncio apostólico, Antoine Camilleri, centró su mensaje en la cercanía, la sencillez y el espíritu de servicio del Pontífice. También se refirió a los más de 90 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, que calificó como un “cauce constante de diálogo, respeto y cooperación”. Granma presentó la ceremonia como un nuevo episodio de “diálogo respetuoso y constructivo” entre La Habana y el Vaticano.

Mientras el Gobierno habla de diálogo ante la Iglesia y los diplomáticos, sus cuerpos represivos mantienen bajo control a quienes podrían ofrecer otra imagen del país

Varias denuncias de acoso y cerco policial circularon en redes sociales durante las horas previas y posteriores a la misa. Opositores y reporteros independientes aseguraron que agentes de la Seguridad del Estado permanecían apostados en los alrededores de sus viviendas para impedirles salir. Entre los cercados se encontraban la periodista Camila Acosta, el opositor Ángel Moya y la líder del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler. Según el periodista independiente José Raúl Gallego, Moya y Soler fueron detenidos. 

Mientras el Gobierno habla de diálogo ante la Iglesia y los diplomáticos, sus cuerpos represivos mantienen bajo control a quienes podrían ofrecer otra imagen del país: la de los presos políticos, los excarcelados vigilados, las madres del 11J y los periodistas que documentan la crisis fuera de la prensa estatal.

A ese clima se sumó la denuncia sobre el preso político excarcelado Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo las primeras protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños. Una publicación difundida en Facebook este sábado alertó de que la Policía se lo había llevado detenido y que, durante el operativo, le confiscaron dinero, perfumes y otros artículos. “¿Bajo qué pretexto? No lo sé, esto para mí es un robo”, decía la denuncia, que añadía que De la Cruz estaba trabajando y cumplía las regulaciones impuestas desde su excarcelación.

"Le incautaron varios artículos, perfumes, dinero, teléfono, computadora"

Una fuente cercana a la familia, consultada por 14ymedio, confirmó posteriormente parte de lo denunciado en redes sociales. “Según me dicen los vecinos, le incautaron varios artículos, perfumes, dinero, teléfono, computadora, etcétera. El motivo de la detención no lo sé aún”, explicó. Hasta el momento, no se conoce bajo qué acusación fue detenido ni si las autoridades han informado formalmente a la familia sobre su situación.

Yoan de la Cruz fue detenido por primera vez el 23 de julio de 2021, después de transmitir desde San Antonio de los Baños las imágenes que encendieron la chispa del 11J en toda la Isla. En marzo de 2022 fue condenado a seis años de cárcel, y en mayo de ese mismo año fue excarcelado después de que su sanción fuera modificada a cinco años de prisión sin internamiento.

Esa modalidad, presentada por las autoridades como una alternativa a la cárcel, funciona en la práctica como una libertad vigilada. El sancionado queda obligado a cumplir restricciones, sometido a controles policiales y expuesto a que cualquier supuesto incumplimiento sea utilizado para devolverlo a prisión.

La coincidencia entre la misa oficial, los cercos denunciados y el operativo contra De la Cruz deja una imagen difícil de conciliar con el discurso de apertura que el régimen proyecta ante la Santa Sede. En la catedral, los funcionarios hablaron de respeto y cooperación. En las casas de activistas y excarcelados, la Policía recordó los límites reales de ese diálogo.