El Estado autoriza a sus empresas a comprar materias primas e insumos al sector privado

Madrid/La escasez en el sistema estatal ha forzado al Gobierno cubano a dar un paso más en la liberalización de partes del mercado, en este caso del comercio minorista. A partir de ahora, las empresas, unidades de base y cualquier establecimiento del Estado, incluyendo restaurantes, cafeterías y bodegas del mercado racionado, podrán contratar con el sector privado no solo alimentos frescos y elaborados –algo que ya estaba parcialmente permitido–, también insumos, materias primas y otros productos que necesite para dar servicio. 

El decreto que lo habilita, publicado en la 'Gaceta Oficial' este lunes, considera que “resulta necesario adecuar las relaciones comerciales a las condiciones y objetivos actuales del mercado” con el fin de “posibilitar la obtención de recursos, sin limitaciones y propiciar el incremento de las ofertas en las actividades de gastronomía, la venta minorista de mercancías y los servicios correspondientes a la subordinación local”.

Con el nuevo permiso, todos los servicios subordinados al sistema de comercio interior podrán realizar “compras por autogestión” –es decir, sin pasar por el Estado– “a personas naturales y jurídicas”

Con el nuevo permiso, todos los servicios subordinados al sistema de comercio interior podrán realizar “compras por autogestión” –es decir, sin pasar por el Estado– “a personas naturales y jurídicas”, otro eufemismo para evitar mencionar expresamente al sector privado. A pesar de la liberalización, hay una serie de productos vedados, aunque la prohibición viene derivada de que los particulares no están autorizados a dedicarse a estos rubros –muy rentables–, sobre los que el Estado conserva la exclusividad: la carne de ganado equino, el café (salvo el torrefacto), la miel de abejas, el tabaco en rama y el cacao. 

La norma especifica que la parte compradora debe tener comprobado que el proveedor cuenta con la licencia y todos los documentos requeridos en orden, y está, además, obligada a tener actualizada la información para garantizar que los vendedores siguen siendo válidos. En cuanto al pago, el decreto indica que los establecimientos deben disponer de un fondo para estas compras aprobado por su director y podrá abonarse por cuenta bancaria y efectivo. 

El comité de compra y contratación de las entidades es el responsable de decidir los precios máximos de compra, “sin contradecir lo aprobado por los gobiernos locales, para evitar los incrementos a los precios minoristas de venta a la población”, añade el documento. 

La norma actual amplía las liberalizaciones previas del sector, mucho más tímidas y controladas. La primera se produjo a mediados de 2019, cuando el Gobierno publicó el primer decreto para permitir que los administradores de los locales estatales comprasen productos alimenticios (frescos o elaborados) directamente a agricultores, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Aquel documento tenía en común con el actual la lista de alimentos prohibidos, aunque más amplia, incluyendo las carnes, que eran de todo tipo de ganado, y la leche. Pero, además, la diferencia principal estaba en los pagos, que solo podían hacerse mediante transferencias bancarias aprobadas por los directivos. 

Pero, además, la diferencia principal estaba en los pagos, que solo podían hacerse mediante transferencias bancarias aprobadas por los directivos

Dos años después, con la Tarea Ordenamiento desestabilizando la economía más aún de lo que ya estaba y la pandemia contribuyendo a empeorarlo todo, el régimen apostó por convertir a las unidades empresariales de base (UEB) en entidades autónomas con contabilidad propia. En aquel momento, quedaron autorizadas a realizar compras sin permisos de las empresas provinciales o municipales y se simplificaron los trámites para contratar directamente con los productores. 

La norma, firmada por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, es un decreto incluido en una Gaceta Oficial ordinaria publicada este lunes que incluye otras resoluciones de menor relevancia, entre ellas la reserva de nuevas numeraciones de telefonía, el reglamento del fondo emergente del pago de remuneraciones, el permiso para que la base marítima de Samá (Holguín) opere en el sector turístico y la autorización –pendiente de desarrollo reglamentario– para ejercer como agente de seguros privado.