La burocracia y la corrupción entorpecen la campaña oficial a favor de los paneles solares en viviendas

Madrid/La polémica no cesa desde que Julio César Hernández Santana, jefe de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Matanzas, quiso aclarar a la televisión local la normativa para instalar paneles solares en las viviendas y se formó un lío monumental. 

El funcionario explicó el mecanismo, expresado en una indicación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), que exige que el ciudadano inicie su gestión en las oficinas de Planificación Física, desde donde será remitido al arquitecto de la comunidad para que elabore un proyecto técnico. Este paso previo es fundamental para la seguridad, ya que evalúa la capacidad de carga del inmueble y la ubicación concreta de los equipos. 

Una vez presentados los documentos de propiedad y el aval técnico, la institución dispone de un plazo de diez días hábiles para emitir la autorización oficial, que cuesta 68 pesos, aunque el problema está más bien ligado al proyecto arquitectónico, que está entre los 700 y los 1.500 pesos.

El problema está más bien ligado al proyecto arquitectónico, que está entre los 700 y los 1.500 pesos

La normativa reconoce como zonas en las que es posible instalar paneles los techos, terrazas, patios, garajes y portales, siempre que sean espacios privativos y no perjudiquen a los vecinos. Esto complica la situación para los edificios multifamiliares, donde debe haber acuerdo de los residentes y el espacio es escaso. No es menor problema el estado de los bloques, ya que dañar las mantas impermeabilizantes de la cubierta es posible, siendo una posible consecuencia las filtraciones y disputas vecinales.

En el caso de los paneles ya instalados –en Matanzas la cantidad asciende a unos 33.000– existe lo que Hernández denominó retroactividad flexible, lo que supone que no habrá multas con la entrada en vigor de la norma, pero se deberá realizar una regularización de los paneles. La responsabilidad sobre la seguridad será del dueño, pero consiguiendo la autorización se estará blindado ante una posible denuncia si ocurre algo. 

Aunque las autoridades admiten que hay carácter de urgencia y necesidad, el trámite añade una complejidad que no ha sido nada bien acogida. Sobre todo –como ellos mismos reconocen– porque la situación de crisis en la Isla es multisectorial. Las familias no tienen recursos económicos para comprar los caros paneles y a ello ahora se añaden trámites que aumentan el precio. El estado constructivo de los edificios es frecuentemente lamentable, la movilidad para trasladarse tampoco es mejor y las plantillas son reducidas por el éxodo que se ha producido en la Isla en los últimos cuatro años. En Matanzas hay apenas tres arquitectos de la comunidad, por lo que será casi imposible tramitar todo en tiempos razonables.

Yuni Moliner, periodista responsable de la polémica entrevista, ha sido la primera en poner el dedo en la llaga sobre la cuestión, al titular la noticia ¿ORDENAMIENTO o más BUROCRACIA? La autora señala que “la medida intenta introducir control en una práctica que ha crecido de forma acelerada y, en muchos casos, improvisada. Sin embargo, llega en un momento en que los paneles solares no son solo una opción, sino una necesidad energética inmediata para miles de familias” y subraya que, de cara al futuro, ofrece seguridad jurídica, pero en una situación de emergencia solo complica las cosas.

Uno de los comentarios más fundamentados ha sido el que ha dejado el experto en energía Juan Carlos Subiaut, que plantea problemas adicionales a los, también enunciados, escasos recursos humanos y materiales. Entre ellos destaca la conocida ineficiencia de la institución por su “ineficacia, corrupción, pérdida voluntaria e involuntaria de documentos”, colas, errores y “otros etcéteras”. Además, el especialista considera que no es congruente con la propia política del Gobierno, que si bien ha eliminado aranceles y otros impuestos, y creado préstamos específicos, mientras en esto están “prestos a buscarle problemas a una solución, por hoy imperiosa”.

Subiaut añade que hay infinidad de problemas en las ciudades que van de los vertederos a los salideros y otros malos usos de los recursos que “ocurren ante la mirada pasiva, no diré cómplice, de ese organismo, pero, no se ha pronunciado sobre esas ilegalidades”. 

Subiaut añade que hay infinidad de problemas en las ciudades que van de los vertederos a los salideros y otros malos usos de los recursos que “ocurren ante la mirada pasiva, no diré cómplice, de ese organismo

A estas medidas se unen las regulaciones de urbanismo y arquitectura, entre ellas las que afectan a los centros históricos –que implican autorizaciones adicionales de la Oficina del Historiador, entre otros–, las que rigen el respeto a la imagen urbana –alteraciones en fachadas– y el cumplimiento de las normas contra incendios y descargas. 

El debate desatado por estas regulaciones ha dejado miles de comentarios en redes sociales en los que muchos ciudadanos están volcando su malestar, disparado ya por los muchos meses que se acumulan de largos apagones y sin solución a la vista. “Hay que tener la cara dura de verdad para esto. Las personas están poniendo paneles no porque quieren, sino porque la necesidad las ha llevado ahí”, señala un usuario. “Lo que tienen que hacer es brindar el servicio eléctrico como hacen todos los países del mundo y no jodernos más la vida”, añade otra.

Los expertos también se han activado y tratan de explicar que el Estado hace bien en regular estas cuestiones, pero que el momento debería llevar a una relajación o moratoria. expresan opiniones más mesuradas. Mientras, la Unión Eléctrica de Cuba ha vuelto a pronosticar un déficit de 1.840 megavatios para este martes, un día después de que la termoeléctrica Guiteras, en Matanzas, volviera a salir de línea. 

Las dos patanas turcas de las que tanto se habló este lunes –y que, como ha desmentido el propio Gobierno, no son más que las que ya estaban en la Isla– tendrán que esperar a mediados de abril para recibir el petróleo ruso llegado hace una semana y cuya refinación está por comenzar. La Belgin Sultan, amarrada en el puerto de La Habana, tiene una capacidad de producción de apenas 15 megavatios (MW), mientras la Erol Bey, situada en Regla, aporta 63 MW al sistema eléctrico nacional, que necesita más de 3.000 MW para satisfacer la demanda diaria a nivel nacional.