Los estudiantes de Derecho en Holguín presentan una demanda contra Etecsa por el 'tarifazo'
Tarifazo
Los nuevos precios vulneran los derechos educativos y profundizan las desigualdades sociales
Holguín/Los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín presentaron este jueves una demanda formal contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), en un gesto sin precedentes en la historia reciente del país. El alumnado cuestionó el reciente tarifazo en los servicios móviles y de datos, sustentando su reclamo en la Constitución, el Código Penal y diversas normativas nacionales. Los firmantes consideran esta medida –defendida y mantenida en la tarde de ayer por el presidente Miguel Díaz-Canel– como “exclusivista, clasista y contraria al derecho”.
La demanda fue hecha pública por los propios estudiantes a través de sus redes sociales. Uno de ellos, el joven René Javier, escribió en Facebook: “Todo jurista, ya formado o en formación, tiene el deber de librar batalla contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia”.
Basándose en los artículos 384 y 385 del Código Penal vigente, los demandantes rechazan a toda “institución o funcionario público que se oponga al ejercicio del derecho de la consulta libre, directa y sin vigilancia”, así como a “aquellos que ejerzan coacción, detención, acoso, separación o sanción institucional sobre cualquier estudiante, docente o trabajador”.
La estatal Etecsa violó sus propios términos contractuales
Según los estudiantes, la estatal Etecsa violó sus propios términos contractuales –específicamente los puntos 7 y 19– al imponer cambios tarifarios sin previo aviso, incumpliendo la cláusula que obliga a notificar cualquier modificación con al menos 30 días de antelación. La presidenta de la empresa, Tania Velázquez, justificó esa decisión alegando que se buscaba evitar “ansiedad” en los clientes y “acciones” por parte de la población.
En el documento –redactado con lenguaje jurídico y apoyado en argumentos constitucionales– los firmantes advierten de que la nueva tarifa no solo vulnera los derechos educativos y de comunicación, sino que además profundiza las desigualdades sociales. La limitación del servicio a solo 6 GB y las soluciones sectoriales, representan “una segmentación social de la sociedad cubana”, expresaron.
Los estudiantes también impugnaron cualquier intento de deslegitimar su pensamiento, acusándolos falsamente de actuar bajo “manipulación, injerencia o intervención externa”. El propio mandatario, en su podcastDesde la Presidencia, negó que existiera algún conflicto con el estudiantado y afirmó que las noticias sobre protestas y paro académico eran una fabricación de “una matriz totalmente canallesca”.
Los estudiantes también impugnaron cualquier intento de deslegitimar su pensamiento
Aunque no cuentan con el respaldo de la oficialista Federación Estudiantil Universitaria (FEU) –plegada a los intereses del Partido Comunista de Cuba–, los estudiantes también condenan la dolarización parcial del acceso a internet mediante recargas desde el extranjero. Consideran que este sistema excluye a los sectores de la población que no reciben remesas y refuerza la brecha social entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente del salario en pesos cubanos.
“No se trata únicamente de una cuestión económica –señaló René Javier, el joven holguinero–, sino de una violación flagrante del derecho a la información, la equidad y el desarrollo personal”.
Ni la FEU ni la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín les mostraron su respaldo
Los jóvenes proponen, además, una reunión de diálogo con Etecsa entre los días 6 y 13 de junio, con el fin de encontrar una solución consensuada y pacífica a la crisis tarifaria que afecta a gran parte de la población. No obstante, aclaran que rechazan cualquier intento de instrumentalización política o de cooptación por parte de estructuras oficiales. Ni la FEU ni la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín les mostraron su respaldo, por lo que los firmantes rechazan cualquier gesto de apoyo posterior a la publicación del documento.
“Solicitamos respuesta firme de la parte demandada –finalizan–, que declare a lugar nuestra pretensión con todos sus pronunciamientos en el término exigido”.