Expedia vuelve a los tribunales de EE UU por “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba

Madrid/La agencia de viajes estadounidense Expedia Group vuelve a enfrentarse en un tribunal federal de Miami a una demanda por el uso de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959, en un proceso amparado en el Título III de la Ley Helms-Burton. 

El nuevo juicio comenzó el pasado 19 de agosto y tiene entre sus demandantes al cubanoamericano Mario Echevarría, quien un año atrás obtuvo una indemnización de 29,8 millones de dólares de Expedia en un proceso similar, aunque el veredicto fue anulado por un juez en septiembre de 2025 y la decisión se encuentra en un proceso de apelación.

La nueva causa se deriva de una demanda presentada originalmente en 2019 por Maricela Mata, Bibiana Hernández y otros familiares que reclaman derechos sobre terrenos expropiados por el Gobierno cubano. Echevarría se incorporó posteriormente al proceso.

A diferencia del juicio celebrado en 2025, que se centró en tres hoteles de Cayo Coco en terrenos vinculados a la familia Echevarría, el proceso actual abarca otros cuatro hoteles del mismo destino turístico y el Hotel San Carlos, en Cienfuegos. Los establecimientos eran operados por la hotelera española Meliá, antes de que este verano se retirara definitivamente de la Isla. Los demandantes calculan en unos 82 millones de dólares el valor de mercado de las propiedades sobre las que reclaman indemnización.

Los demandantes calculan en unos 82 millones de dólares el valor de mercado de las propiedades sobre las que reclaman indemnización

La acusación sostiene que Expedia "traficó" con esos bienes al promocionar y gestionar reservas en hoteles construidos sobre terrenos confiscados a las familias de los demandantes. La defensa de Expedia sostiene que la compañía no "traficó a sabiendas ni intencionalmente" con las propiedades porque desconocía que los hoteles estuvieran construidos sobre terrenos expropiados.

Veronica Cassano, una ex gerente de la empresa, declaró que nunca recibió instrucciones de sus superiores sobre la Ley Helms-Burton ni habló con ellos sobre la propiedad histórica de Cayo Coco, y describió reuniones con funcionarios cubanos de alto nivel. El abogado de Expedia, Santosh Aravind, defendió que esas reuniones fueron parte del proceso legítimo para establecer operaciones en la Isla, donde el Estado es propietario de todos los hoteles. Señaló además que se hicieron con el conocimiento y aprobación del Departamento del Tesoro de EE UU.

Expedia comenzó a operar en Cuba en 2017, después del acercamiento entre Washington y La Habana impulsado por el presidente Barack Obama. La compañía empezó entonces a ofrecer reservas de hoteles cubanos a través de sus plataformas, en un mercado dominado por establecimientos de propiedad estatal y gestionados por cadenas extranjeras, como la española Meliá.

El juicio que acaba de comenzar no sustituye al anterior ni constituye una repetición del mismo caso. Con un nuevo jurado y más propiedades en disputa, su desarrollo coincide además con recientes fallos de la Corte Suprema que han ampliado la interpretación de la Ley Helms-Burton. 

Con un nuevo jurado y más propiedades en disputa, su desarrollo coincide además con recientes fallos de la Corte Suprema que han ampliado la interpretación de la Ley Helms-Burton

Este año, varias decisiones de los tribunales estadounidenses han cambiado el terreno jurídico en el que se desarrollan esas reclamaciones. El caso más trascendental ha sido el de Havana Docks Corporation contra cuatro grandes compañías de cruceros. En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Havana Docks y reactivó su reclamación contra Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC por el uso entre 2016 y 2019 de las terminales del puerto de La Habana, confiscadas por el Gobierno cubano en 1960. 

Un mes después, la Corte Suprema volvió a ampliar el alcance de la ley al resolver el caso de ExxonMobil contra las empresas estatales cubanas Cimex y Cupet. El tribunal determinó que el Título III de la Helms-Burton permite demandar a empresas estatales cubanas sin que los demandantes tengan que superar además las barreras habituales de inmunidad soberana previstas en la legislación estadounidense. ExxonMobil reclama más de 1.000 millones de dólares, con intereses, por activos confiscados en 1960, entre ellos una refinería, instalaciones petroleras y más de un centenar de estaciones de servicio.  

Los dos fallos generaron expectativas entre antiguos propietarios y sus herederos y crearon un precedente para posteriores litigios.  

Este julio, la antigua Compañía Cubana de Electricidad presentó una nueva demanda, esta vez contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas, dos empresas estatales cubanas. La compañía reclama 267,6 millones de dólares, más intereses acumulados desde la confiscación de sus activos en 1960. La demanda se presentó después de que la Corte Suprema despejara el obstáculo de la inmunidad soberana para las empresas estatales cubanas. 

El Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, permite a determinados ciudadanos estadounidenses reclamar daños contra quienes trafiquen con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959. La disposición permaneció suspendida por sucesivos presidentes durante más de dos décadas hasta que Donald Trump permitió que entrara en vigor el 2 de mayo de 2019. Desde entonces comenzaron a presentarse decenas de demandas.

Expertos estiman que se han presentado entre 40 y 50 demandas en tribunales federales de EE UU amparadas en la ley Helms-Burton, y que algunos de esos casos han llegado hasta la Corte Suprema.