Un fuerte operativo y comercios cerrados alrededor del Tribunal donde se juzga a Alejandro Gil

La Habana/Madrid/Las inmediaciones del Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, en La Habana, amanecieron este martes fuertemente vigiladas, pero con la presencia visible de la prensa internacional. Allí tiene lugar, desde las 9:30, el juicio contra el funcionario de mayor rango procesado por la justicia cubana en las últimas décadas, Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía, ex viceprimer ministro y durante años mano derecha del mandatario Miguel Díaz-Canel.

El único familiar del ex funcionario al que le ha sido permitida la entrada, afirma una fuente cercana al caso que pide anonimato, es su hijo, Alejandro Gil González. La vista se prolongará también mañana.

“Vi un montón de fotógrafos y una pila de carros cuando llevé temprano a mi hijo a la escuela”, dice a 14ymedio Susana, una vecina del lugar, situado en la calle 100 con 33. A esa hora, el tráfico aún no estaba cortado, como sí lo estuvo en las horas de transcurso de la vista oral. Tiendas y comercios de toda índole se encuentran también cerrados, y regados por las esquinas se observan decenas de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, tal y como acreditó 14ymedio.

Esto mismo ocurría en las calles adyacentes al Tribunal Supremo Popular, en La Habana Vieja, la instancia que emitió este lunes el comunicado donde se informaba de la hora del juicio hoy. En cada esquina cercana a Aguiar, entre Obrapía y Obispo, se encontraban apostados agentes de la Seguridad del Estado, “disfrazados” de civil y por parejas, que miraban detenidamente a todo aquel que paseara por el lugar, así fuera por unos segundos. “No sé para qué gastan tantos recursos, si el juicio está siendo en otro lado”, decía irónicamente un testigo del operativo.

Este lunes, sin que la familia de Gil fuera notificada de antemano, el noticiero del mediodía se encargó de transmitir el comunicado del TPS en el que se informaba de que el juicio oral contra el ex ministro tendría lugar menos de 24 horas después. La audiencia, programada para las 9:30 am de este mismo martes, sería conducida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, aunque no proporcionaban ni el tribunal que lo juzgaría, ni la dirección ni los cargos que se dirimirían en él.

La hermana del acusado, María Victoria Gil Fernández, aseguró a 14ymedio que el proceso se llevaría a cabo en dos juicios independientes, y que hoy sería el que incluye la acusación de espionaje, por la que la Fiscalía pide 30 años de prisión.

De acuerdo con la nota del TSP, el proceso se celebraría a puertas cerradas por “razones de Seguridad Nacional”, amparándose en los artículos 153 de la Constitución y 477.1 de la Ley del Proceso Penal. Solo tendrían acceso, proseguía el texto, leído casi sin despegar los ojos del papel por la locutora del noticiero, “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, una decisión que confirmaba la opacidad con la que el Gobierno ha manejado el caso desde la destitución del ministro, en febrero de 2024, y que cancelaba la petición realizada en sus redes sociales por parte de la hija de Gil, Laura María, de un juicio justo, público y transparente, con la presencia de medios de comunicación.

La decisión del Tribunal cancela la exigencia que la joven había hecho en sus redes sociales de que el juicio fuera transparente y público, para que la ciudadanía conociera directamente los argumentos, pruebas y detalles sobre los supuestos delitos de su padre. “Si están tan seguros de su caso, ¿por qué esconderlo?”, cuestionó Laura María Gil, reclamando un proceso que no se limite a notas oficiales ni filtraciones controladas.  

Según una fuente conocedora del caso que pidió anonimato por motivos de seguridad, el caso que enfrenta el ex ministro de Economía y Finanzas tiene una veintena de imputados más, entre ellos “un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista”. “La petición para él son 30 años, y a todos los demás se le piden como mínimo sentencias de 15 años”, dijo el mismo informante a 14ymedio, quien precisó dónde se encontraba Gil, cuyo paradero no se había dado a conocer desde que fue detenido, en marzo de 2024: la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, “en régimen contra la seguridad del Estado”.

Los imputados, proseguía, son 15 “más otros cinco o seis que salieron con medidas cautelares”. De algunos de ellos, aseveraba, “no se dice el nombre, están bajo total secreto, lo que implica que puedan ser militares o altos jefes”. 

A Alejandro Gil Fernández lo defiende el abogado Abel Solá López, con amplia experiencia en juicios contra la seguridad del Estado. Uno de ellos fue el que condenó, en 2017, a Alina López Miyares y su marido, Félix Martín Milanés Fajardo, a 13 y 17 años de cárcel, respectivamente, por espionaje. Aquel proceso, llevado a cabo el 2 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar de Marianao, también fue a puertas cerradas y “sin acceso a los familiares de los acusados”.