“Me metieron para el carro de policía de cabeza”, denuncia Yunaykis Linares tras ser detenida en La Habana
Represión
La presa política del 11J se declaró en huelga de hambre en la estación de El Capri, donde permanece desde el 2 de junio
La Habana/“Me metieron para el carro de policía de cabeza con las manos hacia atrás, ahí me iban golpeando”. La denuncia fue hecha desde un calabozo por Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez, presa política del 11J excarcelada en 2025, después de ser arrestada el pasado 2 de junio durante una protesta en Santa Amalia, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Según informó la revista feministaAlas Tensas, Linares se encuentra “plantada”, en huelga de hambre, desde el 5 de junio en la estación de policía de El Capri, donde permanece detenida tras más de 72 horas sin que sus familiares hayan recibido información clara sobre su situación legal.
La joven logró sacar un video desde el calabozo el mismo día de su detención. En la grabación aseguró haber sido víctima de violencia policial durante el arresto. Además de los golpes, afirmó que un agente le tapó la respiración, “asfixiándome una y otra vez”.
Todos esos movimientos se realizaron sin la debida comunicación a sus familiares, que permanecen a las puertas de la unidad policial entre “evasivas, maltratos y silencio”
La detención se produjo durante una manifestación en Santa Amalia, una de las zonas de La Habana donde se han registrado protestas y cacerolazos en medio de los prolongados apagones que afectan a la capital. Linares, que ya había sido condenada por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, volvió a quedar bajo custodia policial en un contexto de creciente tensión social.
El pasado 4 de junio las autoridades intentaron trasladarla al Vivac, centro de detención provisional en La Habana, pero finalmente fue devuelta a la estación de El Capri con el argumento de que debía ser evaluada por especialistas en psiquiatría. La revista advirtió que todos esos movimientos se realizaron sin la debida comunicación a sus familiares, que permanecen a las puertas de la unidad policial entre “evasivas, maltratos y silencio”.
La posibilidad de un traslado a un hospital psiquiátrico ha aumentado la preocupación por su integridad física, emocional y legal. Fuentes familiares temen que esa decisión sea utilizada para desacreditar su denuncia o mantenerla bajo control fuera del escrutinio público.
El caso de Linares arrastra un largo expediente represivo desde el 11J. En febrero de 2025, la joven fue excarcelada en libertad condicional junto a otros presos políticos, después de haber cumplido parte de una condena de ocho años de prisión por sedición. Su salida de la cárcel no significó la anulación de la sentencia, sino el cumplimiento de la pena fuera del penal.
La nueva detención ocurre apenas quince meses después de su excarcelación
Al seguir vigente la condena, una nueva detención puede ser utilizada por las autoridades para revocar el beneficio penitenciario y devolverla a prisión. En el caso de los presos políticos excarcelados en 2025, el régimen ha mantenido sobre muchos de ellos la amenaza de regresar a la cárcel si vuelven a participar en actos de protesta o si incumplen las restricciones impuestas tras su liberación.
En 2022, Linares fue una de las procesadas por los sucesos de la Esquina de Toyo, en La Habana, donde se produjo una de las imágenes más recordadas de las protestas del 11J: una patrulla volcada por manifestantes y unos jóvenes ondeando una bandera cubana sobre el vehículo. La Fiscalía pidió inicialmente 17 años de cárcel para ella por sedición. Luego fue condenada a 14 años, y el Tribunal Supremo redujo la sanción a ocho años tras un recurso de casación.
Durante su encarcelamiento en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron problemas de salud, falta de medicación y castigos disciplinarios. Linares padecía de tiroides y en varias ocasiones fue llevada a celda de castigo después de exigir que se respetaran sus derechos. La nueva detención ocurre apenas quince meses después de su excarcelación y devuelve su caso al mismo punto de vulnerabilidad.