EE UU detiene a un ex trabajador del Icap y de su “red transnacional de subversión comunista”
EE UU-Cuba
Entra en vigor en Florida la ley que endurece las restricciones sobre las empresas y los funcionarios que tienen relaciones con la Isla
La Habana/El Gobierno de Estados Unidos detuvo a tres ciudadanos cubanos después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal por los vínculos de uno de ellos con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), una entidad sancionada desde principios de junio por Washington.
Carlos Antonio Lloga Domínguez, su esposa y su hijo se encuentran bajo custodia federal mientras esperan su deportación, según informó este miércoles el Departamento de Estado. Washington acusa a Lloga Domínguez de haber trabajado durante más de una década como “subversivo extranjero” para el Icap y de mantener, después de instalarse en territorio estadounidense, relaciones con la “red transnacional de subversión comunista” vinculada con esa institución.
El comunicado no explica qué actividades concretas habría desarrollado el cubano en Estados Unidos ni presentó cargos penales en su contra. Por el momento, se trata de un procedimiento migratorio y no de una acusación judicial por espionaje o por actuar como agente de un Gobierno extranjero.
“Estados Unidos jamás será refugio para los matones del régimen comunista cubano que difunden propaganda, llevan a cabo operaciones de influencia extranjera o buscan sembrar la revolución contra la civilización estadounidense”, afirmó el Departamento de Estado en su comunicado.
El Departamento de Estado recordó además que el actual presidente del Icap, Fernando González Llort, formó parte de la Red Avispa, el grupo de agentes cubanos desmantelado por las autoridades federales en Florida en 1998
La Administración estadounidense sostiene que el Icap funciona como el “nodo central” de una red de inteligencia e influencia que asegura mantener relaciones con más de 2.000 organizaciones en unos 150 países. La institución fue incluida el pasado 4 de junio en la lista de entidades bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, junto con los Comités de Defensa de la Revolución, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la empresa Minera La Victoria.
El Departamento de Estado recordó además que el actual presidente del Icap, Fernando González Llort, formó parte de la Red Avispa, el grupo de agentes cubanos desmantelado por las autoridades federales en Florida en 1998. González fue condenado a 19 años de cárcel y regresó a Cuba en febrero de 2014, después de cumplir alrededor de 15 años de prisión.
A Lloga Domínguez se le suele presentar como investigador y especialista en cultura y religiosidad popular, vinculado durante años a la Casa del Caribe y a la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Es hijo del actor, escritor, guionista y director radial Antonio Lloga Simón, una figura reconocida de la cultura santiaguera. Doctor en Ciencias de la Cultura desde 2014, Lloga desarrolló investigaciones sobre religiosidad popular, espiritismo de cordón, patrimonio, identidad caribeña y cultura tradicional.
En la Casa del Caribe también se ha desempeñado como organizador de encuentros académicos vinculados al Festival del Caribe o Fiesta del Fuego. Llegó incluso a presidir el Consejo Técnico Asesor de la institución y coordinó congresos y paneles sobre espiritualidad, muerte, patrimonio funerario y cultura afrocubana. Washington asegura que trabajó durante más de una década para el Icap y que mantuvo vínculos con su red de influencia en Estados Unidos. La detención se suma a otras medidas recientes contra cubanos vinculados con la estructura de poder de la Isla. A finales de mayo, las autoridades estadounidenses detuvieron a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro, antiguo vicepresidente del Consejo de Ministros.
El gobernador republicano Ron DeSantis aseguró que la medida pretende frenar a los gobiernos extranjeros que buscan “infiltrarse” en las instituciones públicas
El caso de Lloga Domínguez coincide con la entrada en vigor, este 1 de julio, de la Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera, conocida por sus siglas en inglés como Fire. La legislación de Florida permite castigar a empresas y funcionarios relacionados con Cuba y otros países que el estado considera hostiles, entre ellos Venezuela, China, Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte.
La norma crea sanciones penales para las empresas radicadas en Florida que hagan negocios con Cuba en violación de las leyes federales y permite a los gobiernos municipales retirarles sus licencias fiscales. También castiga la presentación de declaraciones falsas sobre operaciones comerciales ilegales vinculadas con la Isla.
El gobernador republicano Ron DeSantis aseguró al firmar la legislación, el pasado mayo, que la medida pretende frenar a los gobiernos extranjeros que buscan “infiltrarse” en las instituciones públicas, la infraestructura y la economía de Florida.