Muere “en estado severo de desnutrición” un preso político del 11J

La Habana/El preso político Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, detenido tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021, murió bajo custodia en la madrugada del pasado 13 de mayo en la prisión de alta seguridad del Combinado del Este, en La Habana. La información fue divulgada este lunes por el centro de asesoría legal Cubalex, que denunció que el hombre estaba “en estado severo de desnutrición”, aunque señaló que, hasta el momento, “no ha sido posible verificar la causa oficial de su muerte”.

El hombre, quien, según Prisoners Defenders (PD), tenía diabetes, fue enjuiciado junto a otros 14 manifestantes que salieron a la calle en el municipio habanero de Diez de Octubre en las protestas del 11J y que se enfrentaron a altas penas de cárcel por los delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir.

En el caso del hombre de Brieva Sampé, cumplía una condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento por sedición –dictada en enero de 2023–, aunque originalmente la Fiscalía había pedido 12 años de prisión.

Fuentes cercanas confirmaron a Cubalex que la sanción a Brieva Sempé había sido revocada, pero que cumplía prisión en el Combinado del Este por “continuar expresando públicamente su postura crítica al sistema”. Asimismo, la ONG señaló que recibió información acerca de que el funeral “transcurrió bajo fuerte vigilancia de agentes de la Seguridad del Estado”.

El funeral “transcurrió bajo fuerte vigilancia de agentes de la Seguridad del Estado”

El centro de asesoría exigió una investigación independiente e imparcial sobre su muerte, así como garantías de protección para las personas privadas de libertad y el cese de las represalias contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión.

Desde 2021, seis presos políticos del 11J han muerto bajo la custodia del Estado. El último caso fue el de Luis Miguel Oña Jiménez, de solo 27 años, quien murió en febrero pasado tres días después de ser excarcelado bajo licencia extrapenal, cuando su estado de salud ya era crítico, en la prisión de Panamá para pacientes con VIH, en Güines, provincia Mayabeque.

Aunque no ocurrió dentro de un centro penitenciario, organizaciones como PD y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (Cdpc) responsabilizaron a las autoridades por el deceso.

Oña Jiménez, quien cumplía una condena de 12 años por “sedición”, sufrió una isquemia cerebral (disminución del riego sanguíneo de una parte del cuerpo), lo que provocó que no pudiera mover la boca, las manos ni los pies. Posteriormente fue trasladado al hospital Julio Trigo López, de La Habana. Según reportó Prisoners Defenders, allí fue “desahuciado” y enviado a su casa bajo licencia extrapenal, donde murió poco después. A pesar de su condición, no recibió la atención médica adecuada tras un evento neurológico tan grave, ni el tratamiento correspondiente a sus padecimientos de base.

Allí fue “desahuciado” y enviado a su casa bajo licencia extrapenal, donde murió poco después

Previo a ese caso, otro preso del 11J fallecido bajo custodia fue Manuel de Jesús Guillén Esplugas, muerto por una golpiza en el Combinado del Este, el 2 de diciembre de 2024. Activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Guillén cumplía seis años de prisión por haber filmado y difundido videos de las marchas antigubernamentales.

Antes de él se reportó el fallecimiento de Gerardo Díaz Alonso, de 35 años, en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Matanzas. La causa de la muerte del hombre que cumplía una condena de 14 años fue un infarto.

Meses antes se había registrado el deceso de Yosandri Mulet, condenado a 10 años de prisión por “sedición”, quien murió en el hospital Julio Trigo, donde ingresó el pasado 22 de agosto de 2024 tras lanzarse al vacío en el Puente de Calabazar, en La Habana, durante un pase.

Asimismo, Luis Barrios Díaz, quien murió “tras negligencia de las autoridades” el 20 de noviembre de 2023. En su caso se reportó que fue ingresado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana, y, después fue llevado al hospital La Covadonga, también en la capital, “para recibir atención especializada”. En el centro hospitalario, los médicos advirtieron de que era “indispensable” el ingreso de Barrios Díaz debido a su mal estado de salud, pero las autoridades de la cárcel les desoyeron. Así, devolvieron a su celda al prisionero alegando que “no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente” al reo, una decisión que, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “provocó el empeoramiento de su estado de salud y posterior fallecimiento”.

En lo que va del año, Cubalex ha documentado 20 muertes bajo custodia en las prisiones del país. En tanto, el Cdpc suma 128 decesos desde enero de 2023 a la fecha.