La nueva ley petrolera en Cuba se topa con la escasa capacidad de inversión de los privados

Madrid/La hipercentralización estatal y la incapacidad financiera del sector privado para asumir las elevadas inversiones que exige la industria de los hidrocarburos son las principales amenazas que se ciernen sobre un sector que consuma su apertura este lunes, con la entrada en vigor de la nueva legislación anunciada siete días atrás. 

El paquete normativo publicado el pasado lunes en la Gaceta Oficial número 85, que también favorece la inversión de nacionales y extranjeros en los sectores petrolero y gasístico, permite a vender combustible directamente al público y autoriza a las refinerías a comercializar sus productos al por mayor, entre otras cosas. 

Consultado por la agencia española EFE, el economista cubano Daniel Torralbas advierte de que “la autorización normativa no va a resolver el cuello de botella financiero, porque este es un tipo de actividad que es intensiva en capital”. El experto ha argumentado que “el sector privado cubano por definición es pequeño” y en esta industria es imprescindible “invertir mucho dinero, una cantidad considerable en tecnología, en maquinaria y en formación”.

Donde “sí puede ampliarse la participación del sector privado en la cadena de valor del petróleo es en lo que ya ha empezado a invertir: la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles”

“Esta es una actividad –agregó– para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala y la economía cubana no va a poder cubrir la necesidad de financiamiento que eso necesita. A su juicio, donde “sí puede ampliarse la participación del sector privado en la cadena de valor del petróleo es en lo que ya ha empezado a invertir: la comercialización, importación, almacenamiento y venta de combustibles”.

La agencia ha publicado estas declaraciones coincidiendo con la consolidación de los datos de combustible exportados desde EE UU a la Isla, que pese a la rectificación a la baja sufrida, siguen siendo cada vez mayores en volumen y precio. Hasta agosto, desde la Isla se han importado derivados del petróleo por 231,7 millones de dólares. 

Esas cargas las realizan empresas privadas de la Isla que han recibido autorización del régimen, que las entrega desde febrero, a partir del bloqueo petrolero decretado por Donald Trump. La Administración del republicano dio permiso, a su vez, para que empresas estadounidenses puedan vender combustible a la Isla, siempre que su destino sea el sector privado y no acabe en manos del Estado, algo que no se está cumpliendo en la práctica. 

En julio, el primer ministro Manuel Marrero anunció que más de cien empresas privadas tenían autorización para comercializar carburantes al por mayor. También informó de la aprobación de un primer negocio con inversión extranjera para importar, distribuir y vender combustible. Aunque no identificó la empresa, se supone que hablaba de A granel, una mipyme con capital extranjero cuyas instalaciones 14ymedio fue a visitar en la avenida del Puerto, en La Habana.   

en lo que va de 2026, movido principalmente por empresas privadas de la isla que llevan diésel y gasolina para cubrir sus necesidades relacionadas especialmente con el transporte o los propios negocios.

El economista cubano Omar Everleny Pérez, consultado también por EFE, lamentó que el Estado siga sin liberalizar los hidrocarburos como sería deseable. La ley, dijo “trata de organizar y normalizar todo lo que tiene que ver con petróleo y gas de exploración, pero el régimen se reserva “un control muy rígido y una hipercentralización” sobre estos recursos.

“Todos los permisos de cualquier cosa que se quiera hacer, tienen que ser al más alto nivel de Gobierno (…) que sigue con una retórica de mucho control”

“Todos los permisos de cualquier cosa que se quiera hacer, tienen que ser al más alto nivel de Gobierno (…) que sigue con una retórica de mucho control”, alega el especialista. 

Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, expuso a la hora de presentar la nueva normativa, hace ahora una semana, que la reforma “abarca una cadena de valor que comienza con la exploración y extracción de hidrocarburos”, y busca que “el desarrollo del sector no dependa únicamente de la incorporación de capital para las operaciones extractivas”, además de facilitar la movilización de las “capacidades nacionales en los distintos servicios y actividades que requiere la industria”.

Pérez, sin embargo, argumenta que “aunque cuando se trata de hablar de los concursantes, se dice que puede haber empresas naturales y jurídicas; en la práctica ese es un negocio de grandes empresas”. Ese ecosistema no existe, por ahora, en la Isla, aunque el capital extranjero sí lo permitiría.