Los operarios estatales pueden robar hasta 30.000 litros de combustible al día

Madrid/De la mayor parte del combustible robado en Cuba son responsables los trabajadores de las empresas estatales. Es lo que se desprende del rosario de ejemplos presentados este miércoles en un programa especial de Hacemos Cuba, conducido por el vocero del régimen Humberto López y destinado a frenar una sangría que parece no detenerse.

Una de sus invitadas, Yarianna Guerra González, directora general de la empresa de comercialización de combustible de Unión-Cuba Petróleo (Cupet), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, detalló que en esa entidad, el petróleo se sustrae mayormente de los depósitos de “grandes capacidades de almacenamiento” que luego se transportan en camiones cisternas a todos los rincones del país.

“Hay varios fallos en los procesos”, reconoció la funcionaria, que detalló cómo se realiza la sustracción. Los tanques, explicó, deben mantener una temperatura, y cuando esta es mayor, el combustible se evapora. Guerra González dijo que “las personas conocedoras de esa actividad” manipulan sobre el papel la temperatura, indicando que es mayor y por lo tanto hay combustible evaporado, cuando en realidad se lo apropian.

Con este sistema, “se podrían perder hasta 20.000 o 30.000 litros de combustible” al día, aseveró la funcionaria, que refirió que el procedimiento no es sencillo y que involucra “fundamentalmente” a los operarios, pero también a jefes de brigada y directivos y, de manera necesaria, a los custodios presentes en el lugar.

Hasta 10 años de cárcel recibieron 17 procesados por robar y revender más de 800.000 litros de combustible para aviones

Así sucedió en uno de los juicios ejemplarizantes que mencionaron en Hacemos Cuba, celebrado en La Habana a principios de este año. Hasta 10 años de cárcel recibieron 17 procesados por robar y revender más de 800.000 litros de combustible para aviones que la Empresa de Transporte de Hidrocarburos tenía almacenados en una finca dependiente de la Empresa Agroforestal Habana, en el municipio de Guanabacoa. En los hechos intervinieron directivos de la entidad, además de custodios, residentes en las inmediaciones del lugar y choferes de otras empresas estatales y del sector particular.

Acusados de “robo con fuerza en las cosas de carácter continuado”, “malversación”, “cohecho” y “receptación”, los implicados provocaron un boquete económico de casi 18 millones de pesos, que la sentencia los obligaba a “reparar”.

Sustracciones de combustible del grupo electrógeno de Berroa, también en La Habana, o en una instalación similar en Güines, Mayabeque, también presentadas en el programa, revelan un modus operandi similar: los trabajadores estatales, jefes incluidos, actúan “en contubernio” con los residentes en las inmediaciones para cometer el delito. Por todo ello hay abiertos “cuatro o cinco” procesos que aún no concluyen. 

El delito que enfrentan no es menor, se encargaron de repetir López y sus invitados, sino muy grave, y puede acarrear penas de prisión de hasta 30 años: sabotaje. Al respecto, recordaron que el “enfrentamiento a los delitos contra los combustibles” es una “prioridad” debido a la “situación de crisis energética”. El Tribunal Supremo Popular ya avaló el pasado mayo que los “hechos vandálicos a infraestructuras estratégicas” del país fueran considerados sabotaje “incluso cuando no lo hagan de manera intencional”.

Sin embargo, una vez más, las amenazas no parecen servir de mucho. Las autoridades no proporcionaron cifras globales, pero la cantidad recuperada de combustible robado entre enero y agosto de 2025, 350.000 litros, da la medida de lo que en realidad se perdió. Esa cifra, refirieron, sería suficiente para “dar servicio eléctrico a 5.500 viviendas durante un mes”.

“Hay que establecer el control de los medios técnicos, es una vulnerabilidad que tenemos hoy”

Mucho de lo sustraído no puede recuperarse, señaló el teniente coronel presente en el programa, Asmel Rojas Águila, “porque hay algunos que lo roban y lo gastan rápido, lo venden”.

“¿Qué vamos a hacer para evitar que suceda?”, preguntaba López a los presentes. “Hay que establecer el control de los medios técnicos, es una vulnerabilidad que tenemos hoy”, le respondía Guerra González, refiriéndose al reforzamiento de cámaras y otros equipos de vigilancia. El locutor insistía en que “el problema principal aquí no es el equipamiento, sino la gente”. A ello contestaban: “Las personas también las estamos trabajando profilácticamente, tratamos de hablar con ellas y explicarles a su familiares todo lo que puede caer a partir de todo lo que estén incumpliendo”.

Además, contaba Mario Pedroso Caballero, director general de la Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos de la Unión Eléctrica de Cuba, “se está profundizando en la selección del personal”, pero no solo enfocándose en la selección, “porque en ese momento puede ser muy bueno, pero en el transcurso del tiempo se puede desviar”.

De hecho, explicó el funcionario, ese tipo de organizaciones están regidas por el Decreto 200, que no permite tener empleados con antecedentes penales. “No hemos tenido personas que hayan entrado con antecedentes penales, la clave radica en el después”, dijo, refiriéndose a esas posibles “desviaciones”.

Antes de emplazar a una nueva entrega del programa sobre el mismo tema la próxima semana, sentenciaban: “Lo que sí tiene que quedar claro es que esta guerra sin cuartel no va a quedar impune”.