El régimen admite su derrota en su pulso con la masonería cubana

La Habana/Tras casi dos años de crisis abierta en la Gran Logia de Cuba, el régimen ha decidido intentar apagar el fuego. El Ministerio de Justicia declaró “procedentes” las elecciones generales del 25 de octubre, en las que el masón habanero José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta fue elegido como nuevo Gran Maestro. Con esta decisión, las autoridades del país retiran oficialmente su respaldo a Mayker Filema Duarte, que se aferraba al cargo contra la voluntad de la mayoría.

La decisión llega mediante la Resolución 7, firmada por la directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, Miriam García Mariño, y supone un giro brusco respecto a la línea sostenida por el Gobierno desde mayo, cuando la Alta Cámara masónica destituyó a Filema y, sin embargo, el ministerio se negó a reconocer el cambio. Ahora, sin el paraguas estatal, Filema queda definitivamente fuera del juego, después de meses presentándose como Gran Maestro legítimo gracias, únicamente, al aval de las autoridades gubernamentales.

En julio, el titular de Justicia, Óscar Manuel Silvera, aseguró en la televisión nacional que la crisis masónica era un “tema interno” y calificó de “falsas” y “malintencionadas” las acusaciones de injerencia estatal. Sin embargo, la propia Ley 54 de Asociaciones otorga a ese Ministerio un papel “rector” sobre la vida interna de organizaciones como la Gran Logia de Cuba (GLC) y le concede la potestad de aprobar o no los acuerdos de su Alta Cámara. En la práctica, ninguna elección masónica es válida hasta que Justicia la refrenda. Esa llave de “legalidad” ha sido utilizada por el régimen para sostener a grandes maestros impopulares y, ahora, para intentar apagar el incendio que ella misma ayudó a avivar.

Durante meses, Filema se negó a convocar elecciones, suspendió sesiones decisivas y trató de prolongar su mandato más allá de lo establecido. El 6 de julio, alrededor de 200 masones se plantaron en la sede de la GLC para impedir que siguiera en el cargo, en una de las demostraciones de desafío civil más inusuales que ha visto La Habana en los últimos años.

El Ministerio de Justicia admite que la actitud de Filema “desconocía la voluntad de la mayoría” y buscaba dilatar “de forma irresponsable e indefinida” el funcionamiento institucional de la Gran Logia

El aparato de seguridad respondió con citaciones, amenazas y vigilancia. Varios líderes de la revuelta fueron interrogados y algunos, como el Gran Maestro por sustitución Juan Alberto Kessel Linares y el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso, terminaron bajo cargos penales por presunto “tráfico de divisas”, medidas que la propia membresía interpretó como un castigo por no ser “sumisos”.

En la resolución que ahora reconoce a la nueva dirección, el Ministerio admite que la actitud de Filema “desconocía la voluntad de la mayoría” y buscaba dilatar “de forma irresponsable e indefinida” el funcionamiento institucional de la Gran Logia.

Algunos masones consultados bajo anonimato por el medio independiente Cubanet fueron aún más lejos y describieron el período Filema como una auténtica “dictadura”, solo posible por el respaldo del Estado. “Vivíamos una dictadura, la de Filema”, resumió uno de ellos. Otro de los consultados consideró que la injerencia del régimen “seguirá”, pero “no de manera tan descarada”, y advirtió de que estos casi dos años de pulso con el poder “removieron los cimientos de la Orden” y obligaron al Gobierno a “apagar el fuego” ante la fuerza mostrada por la membresía. 

En ese contexto llega al poder masónico José Manuel Valdés Menéndez-Cuesta, miembro de la logia Federico Valdés, en el municipio habanero del Cotorro. Con más de 25 años de experiencia dentro de la masonería cubana, Valdés fue elegido el 25 de octubre en el Edificio Nacional Masónico, tras unas elecciones en las que la Alta Cámara logró sobreponerse a las maniobras dilatorias de Filema.

Con la Resolución 7, el Gobierno intenta cerrar el capítulo más escandaloso de su pelea con la masonería

La dimensión del desfalco que hereda Valdés va mucho más allá de los 19.000 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó, cuyo robo detonó la crisis actual. Según documentos internos citados por la propia Gran Logia, el entonces Gran Maestro Mario Urquía Carreño y su tesorero Airam Cervera no solo tenían bajo su responsabilidad ese dinero en efectivo, sino que habrían manipulado estados de cuenta y falsificado facturas para apropiarse de otros 2,1 millones de pesos cubanos, además de registrar como “pérdidas” 2.700 dólares. 

La supuesta “restitución” del dinero tampoco ha devuelto la confianza. A finales de agosto, Urquía y Cervera hicieron llegar un millón de pesos como primer pago. Semanas después se anunció un segundo depósito de cuatro millones de pesos, también a nombre de Cervera, hasta completar cinco millones ingresados en la cuenta de la Gran Logia, mientras sigue sin aclararse el paradero de los dólares del Asilo y la propia directiva admite que las devoluciones cubren solo una parte del hueco creado en las finanzas masónicas. 

La candidatura de Valdés se presentó bajo el lema “Unidos somos más fuertes”, una consigna que resume la aspiración de cerrar filas después de la fractura interna. Algunos miembros de la Fraternidad lo describen como un hombre “honesto” y “decente”, capaz –al menos en teoría–  de reconstruir la legalidad interna, recuperar la independencia de la institución y “deshacerse de los traidores e infiltrados” que la crisis dejó al descubierto. 

Con la Resolución 7, el Gobierno intenta cerrar el capítulo más escandaloso de su pelea con la masonería. Pero el gesto no borra ni el intervencionismo previo ni la arquitectura legal que lo hace posible. El ministerio exhorta a Valdés y a su equipo a “lograr unidad, institucionalidad y un correcto desarrollo del proceso de transición” conforme a la legislación masónica, mientras se reserva la última palabra sobre cualquier decisión relevante.