Una treintena de mipymes figuran entre los beneficiarios de 131.000 hectáreas adjudicadas en usufructo
Agricultura
Villa Clara, Santiago de Cuba y Camagüey encabezan las solicitudes de tierras, abiertas al sector privado y a los inversionistas extranjeros desde la reforma de septiembre
Madrid/El Gobierno cubano ha entregado 131.000 hectáreas de tierras agrícolas “mediante resolución de administración provisional” desde la entrada en vigor, el pasado 17 de septiembre, de la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, según informó este viernes el diario oficialista Granma.
El Ministerio de la Agricultura ha recibido 5.333 solicitudes que abarcan 137.500 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 95% ya ha sido adjudicado en usufructo. Raúl Placencia Quintero, director de Tierra del organismo, cifró en unas 4.000 las personas que ya trabajan en esas áreas, cerca del 75% de los solicitantes, y explicó a al periódico que algunas “ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas”.
El Ministerio de la Agricultura ha recibido 5.333 solicitudes que abarcan 137.500 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 95% ya ha sido adjudicado en usufructo
Villa Clara encabeza las solicitudes, seguida de Santiago de Cuba y Camagüey. El directivo informó también de 29 solicitudes de mipymes, mientras que 88 cooperativas de producción agropecuaria han entregado terrenos y otras 59 se encuentran en ese proceso.
Pese al volumen de las adjudicaciones, Placencia Quintero reconoció que todavía falta “que haya más personas que lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio”. El funcionario señaló que los resultados de la legislación deberán medirse por el aumento de la producción y la mejora de los precios, aunque no ofrece datos sobre ninguno de esos indicadores.
Las cifras constituyen los primeros resultados de la reforma anunciada en julio, cuando el Ejecutivo decidió suprimir las restricciones sobre la extensión de las fincas y permitir el acceso a la tierra a nuevos actores económicos, incluidas empresas privadas, mixtas e inversionistas extranjeros. Las autoridades prometieron entonces reducir los trámites de adjudicación a un plazo de entre 15 y 20 días.
La legislación aprobada en septiembre amplió además los derechos de los usufructuarios sobre las viviendas construidas en sus fincas, introdujo nuevas posibilidades de transmisión familiar de las tierras y autorizó a las cooperativas agropecuarias a exportar directamente sus productos.
La legislación amplió los derechos de los usufructuarios sobre las viviendas construidas en sus fincas, introdujo nuevas posibilidades de transmisión familiar de las tierras y autorizó a las cooperativas agropecuarias a exportar directamente sus productos
Sin embargo, la mayor facilidad para acceder a terrenos no resuelve por sí sola las dificultades de quienes ya trabajan en el campo. La falta de combustible, electricidad e insumos ha llevado a numerosos campesinos a intentar vender sus fincas a precios muy inferiores a su valor, ante la imposibilidad de regar los cultivos, utilizar maquinaria o transportar las cosechas.
A esos obstáculos se suman los impagos de las empresas estatales. En Artemisa, las entidades agropecuarias acumulaban en septiembre deudas superiores a 95 millones de pesos con unos 300 productores y 36 cooperativas. Algunos agricultores aseguraban que no podían comprar fertilizantes ni contratar trabajadores porque seguían sin cobrar por sus entregas anteriores.