Las reformas son una oportunidad para los inversores que ya están en Cuba, pero no para los nuevos

Madrid/La urgencia financiera de Cuba es tal que las condiciones de las negociaciones pueden ser más favorables para un inversor extranjero de lo que lo serían en un contexto de menor presión. Es una de las conclusiones principales del más reciente informe de la consultora Auge sobre las 176 reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano, sobre las que ya tiene algunas observaciones basadas en la práctica. 

La principal es que los cambios suponen una oportunidad real para quienes ya estaban en la Isla, dándoles “un marco más claro para ampliar su participación, acceder a nuevos activos y negociar condiciones que antes no estaban disponibles”, aunque no tanto para los que no tienen presencia en la Isla. 

En lo que a los primeros respecta, según la consultora, es tan relevante –o más– el cambio de actitud de las autoridades como las propias medidas. “El Gobierno está hoy más abierto a discutir, escuchar y valorar propuestas que hace apenas diez años eran impensables y que, en su momento, ni siquiera habrían generado conversación”, considera. 

A su juicio, no es tanto porque el régimen vire ideológicamente, sino por la “constatación práctica de que el modelo anterior no podía sostener las necesidades financieras del país”. Aunque Auge advierte de que eso no significa que una negociación sea ágil o sencilla, sí señala que hay una disposición –forzosa– “a dialogar sobre esquemas antes inadmisibles”, lo que representa una oportunidad para los empresarios que están ya en la Isla y, más aún para quienes no. 

Aunque Auge advierte de que eso no significa que una negociación sea ágil o sencilla, sí señala que hay una disposición –forzosa– “a dialogar sobre esquemas antes inadmisibles”

La cosa cambia, sin embargo, con los nuevos inversores, para los que no está tan claro que haya un panorama positivo. “El contexto de sanciones reforzadas y crisis energética hace que la ecuación riesgo-retorno siga siendo desfavorable. Esperar a que el entorno mejore no es una mala estrategia; es una estrategia prudente”, avisa Auge.

Auge destaca seis puntos positivos que conllevan los cambios. El primero, el fin del monopolio estatal como socio único. En parte, sostiene el informe, esto ya se producía con las mipymes, “un socio silencioso”, hasta la fecha, de los inversores extranjeros ante la incapacidad de encontrar suministros y divisas en el sector estatal. Ahora, esto se oficializa, subraya el documento, dando cobertura legal a lo que de facto se estaba haciendo. “La flexibilidad es real, pero con ella aparece un desafío: la calidad de los socios privados cubanos es heterogénea. El inversor que elija la vía privada deberá hacer un due diligence bien riguroso”, alertan.

La posibilidad de contratar directamente a los trabajadores sin pasar por el Estado, algo demandado desde hace muchos años, también es una señal positiva. El único problema está, avisan, en encontrar “personal cualificado”, especialmente debido al éxodo masivo de profesionales en la última década. Los inversores foráneos podrán tener acciones en las empresas estatales, comprar propiedades, y se amplían a 99 y 50 años los derechos de superficie y el usufructo, respectivamente. Esto, junto a la simplificación administrativa, son mejoras para el empresario extranjero, muy especialmente una: el silencio administrativo positivo. En una Isla donde todo va lento, que la falta de respuesta sea un sí, juega a favor del interesado.

Por último, Auge valora las principales cuestiones financieras: ve positivo que se pueda importar y exportar directamente, que la dolarización se amplíe y que se autorice la banca privada. No obstante, hay un ángulo negativo. El sistema financiero cubano está muy deteriorado, empezando por la confianza, y su tecnología es muy pobre. Además, “el acceso a divisas para la repatriación de beneficios sigue dependiendo de la evolución del mercado cambiario digital, cuya liquidez es incierta”.

La consultora también cree que el hecho de que las autoridades hablaran con naturalidad del debt-for-asset swap –canje de deuda por participación o usufructo de bienes del Estado– es una muy buena señal para los acreedores. En el lado opuesto, de nuevo, la orden ejecutiva de Donald Trump de mayo de 2026, con la que “cada vez es más difícil operar sin exponerse a riesgo de sanciones secundarias, y la cautela sigue siendo la norma”.

La publicación del informe coincidió con la comparecencia de varios directivos del Ministerio de Economía y Planificación en la Mesa Redonda de Televisión Cubana para abundar en las 176 medidas. Las novedades brillaron por su ausencia en la intervención, puesto que prácticamente todo lo comentado ya se había dicho anteriormente, incluidos los nuevos tipos de asociación empresarial, la libertad para contratos y salarios o tener varias empresas a nombre de una persona.

Las autoridades situaron el número de entidades en 23.172, de las que 2.803 son estatales, 15.200 privadas, 4.966 cooperativas, 131 empresas mixtas y 72 de capital extranjero. Además, se esforzaron en defender que el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (Inaee) –creado para "proyectar, promover y guiar la reestructuración, modernización y desarrollo del sistema empresarial"– será una estructura pequeña, frente a las denominaciones que algunos economistas independientes le dieron de “superministerio”. 

Se esperaba el anuncio de las actividades que dejarán de estar prohibidas para los privados, pero hubo que conformarse con saber que se reducirán en un 62%

“El objetivo no es ahogar a las empresas, sino obligarlas a cambiar de mentalidad para que funcionen de forma autónoma y actúen como verdaderos emprendedores", dijo el primer ministro, Manuel Marrero, quien añadió que el instituto no va a interferir en la autonomía de las empresas, ni a dirigirlas ni a administrarlas, al igual que a sus socios. 

Uno de los cambios más celebrados por los asistentes fue la creación de la empresa agropecuaria privada como figura, en un sector que funciona ya mayoritariamente a través de guajiros al margen del Estado. Salió a la palestra el ejemplo de un productor tabacalero con más de 500 trabajadores, y Lázara Mercedes López, directora del Inaee fue clara: “Eso es una empresa. No es ni una mipyme; es una empresa”. A partir de ahora, sostuvo, para casos como este habrá “mayores posibilidades para gestionar directamente operaciones necesarias para su actividad, incluyendo procesos de importación. Le facilita todo, transparenta todo, le da facultades que hoy no tiene y que las va a tener”, 

Se esperaba el anuncio de las actividades que dejarán de estar prohibidas para los privados, pero hubo que conformarse con saber que se reducirán en un 62%, según López Acea. “Ha habido una seriedad por parte de los organismos en la evaluación y en la concepción de qué yo puedo liberar y qué debo flexibilizar y qué necesariamente tengo que mantener”, dijo. En los próximos días, la lista se dará a conocer.