Cristina Fernández de Kirchner ve caer su imperio tras el decomiso de 20 propiedades

La Habana/La Justicia argentina ordenó el decomiso casi total del patrimonio emblemático de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, para cubrir cerca de 685.000 millones de pesos argentinos derivados de la condena firme por administración fraudulenta y direccionamiento de obra pública la provincia de Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar sobre unas 20 propiedades, ubicadas principalmente en Río Gallegos y El Calafate (Patagonia, sur de Argentina), que pasan a la órbita de la Corte Suprema para su administración y posterior subasta pública. La ex presidenta, condenada en 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, enfrenta ahora el desguace económico de la herencia familiar.

El golpe más fuerte recae sobre Máximo y Florencia, sus hijos. Muchas de las propiedades que ahora quedan bajo decomiso ya estaban a nombre de ellos, gracias a un prolijo calendario de donaciones y cesiones realizado entre 2006 y 2016. En ese último año, Cristina les transfirió el 50% de 26 bienes, además de depósitos y acciones. Aquella jugada, presentada en su momento como un reordenamiento patrimonial “familiar”, es leída hoy por la Justicia como parte del mismo circuito delictivo.

Todos los condenados deben responder con sus bienes por el monto total del perjuicio, incluso si esos activos están en manos de familiares o terceros, según un mecanismo conocido como “decomiso solidario”. Esa figura jurídica es la que permite avanzar sobre las 19 propiedades registradas a nombre de Máximo y Florencia, además de un inmueble a nombre de la propia Cristina, lotes en El Calafate y activos vinculados al negocio hotelero.

Restringen las visitas a la dirigente peronista a solo dos veces por semana, un máximo de dos horas y no más de tres personas por turno

Mientras la Corte Suprema se prepara para actuar como gestora y subastadora de los bienes que durante años representaron el poder económico del kirchnerismo, la vida cotidiana de Cristina Fernández transcurre bajo prisión domiciliaria desde junio de este año. El mismo Tribunal Oral Federal 2 que firmó el decomiso acaba de restringir las visitas a la dirigente peronista a solo dos veces por semana, un máximo de dos horas y no más de tres personas por turno. La decisión llega tras una reunión con nueve economistas que desbordó los límites de su situación procesal.

Las nuevas reglas no afectan a sus familiares directos, asistentes, abogados ni personal de salud, pero sí acotan la capacidad de Cristina para seguir operando políticamente desde su domicilio, rebautizado por ella misma como San José 1111 en las redes sociales. En X, la ex mandataria atribuyó la decisión al “bestiario mediático” y defendió el encuentro con economistas como parte de un proyecto de “crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”.

Detrás de la caída del imperio económico de los Kirchner hay una geografía que va más allá de Argentina, ya que una parte importante de la historia reciente de la familia se escribió en La Habana. Florencia Kirchner viajó a Cuba en febrero de 2019 para participar en un curso de guion de cine, siendo ya una figura clave en las causas de corrupción que involucraban a su familia. Justo cuando debía regresar a Buenos Aires, los médicos cubanos le prohibieron viajar en avión, diagnosticándole un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero en las piernas, además de otros problemas de salud. La propia Cristina responsabilizó entonces a la “persecución feroz” de la Justicia por el “deterioro físico” de su hija. 

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 Fernández viajó al menos diez veces a la Isla para visitar a su hija

A partir del 14 de marzo de 2019, La Habana se convirtió en la segunda residencia política y emocional de la ex presidenta. Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 viajó al menos diez veces a la Isla para visitar a Florencia. Hubo viajes para pasar las fiestas de fin de año, otros para recibir el 2020 junto a su hija, y hasta visitas que combinaban agenda familiar y política, como la presentación de su libro Sinceramente en la Feria del Libro de La Habana, en febrero de 2020. 

En paralelo, la Justicia argentina imponía condiciones: Florencia debía presentarse cada 15 días en la Embajada argentina en Cuba para informar sobre su estado de salud y eventuales cambios de domicilio, una forma de control mínimo sobre una figura clave en las causas de corrupción que involucran a la familia. 

Desde Cuba, Cristina alimentó un relato en el que la Isla se presentaba como refugio médico y político frente a una Justicia argentina supuestamente alineada con “los medios hegemónicos”.

El hilo que une a Río Gallegos, El Calafate y La Habana es el de un poder que creyó blindarse con propiedades, fueros y amistades internacionales, y que ahora descubre que los tribunales también pueden avanzar sobre las escrituras, las cuentas y los hoteles. El kirchnerismo insiste en hablar de “persecución”. La realidad judicial, en cambio, muestra el final de una impunidad que, durante años, viajó en primera clase entre Buenos Aires y La Habana. Hasta el momento, los medios oficialistas cubanos han evitado hablar de los decomisos.