Un cubano y otros deportados por EE UU a Esuatini tendrán derecho a un abogado

Nairobi/ Madrid/El Tribunal Supremo de Esuatini, la antigua Suazilandia, falló a favor de cuatro de los migrantes deportados por Estados Unidos a ese pequeño reino africano y reconoció su derecho a reunirse con un abogado, después de pasar nueve meses sin acceso presencial a asistencia legal. Entre ellos está el cubano Roberto Mosquera del Peral, enviado al país el pasado verano como parte de la nueva política de expulsiones a terceros Estados impulsada por la Administración de Donald Trump.

La decisión de la corte confirma una sentencia anterior de un tribunal inferior, que había sido impugnada por el Gobierno suazi. El caso se refiere al primer grupo de deportados que Washington mandó a Esuatini en julio de 2025: inicialmente eran cinco hombres, aunque uno de ellos fue repatriado más tarde.

La resolución judicial no pone fin al caso ni mejora de inmediato la situación de fondo de los deportados, pero sí representa una derrota para el Ejecutivo de Esuatini, que había defendido que esos hombres no tenían derecho a defensa porque, formalmente, no estaban detenidos ni habían sido acusados de delito alguno en el país. También alegó que no deseaban reunirse con el abogado local Sibusiso Nhlabatsi, que actúa en nombre de los letrados que los representan desde Estados Unidos y que hasta ahora solo habían podido hablar con ellos por teléfono.

Amnistía Internacional celebró el fallo, aunque advirtió de que el problema principal sigue intacto. “La sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante para defender el derecho a acceder a un abogado de las personas que han sido trasladadas ilegalmente por EE UU a Esuatini”, señaló este viernes Vongai Chikwanda, subdirectora regional de la organización para África oriental y meridional.

“Nadie debería ser trasladado a un país en violación de las garantías del derecho internacional, para luego ser detenido en secreto sin un proceso legal claro"

La ONG, sin embargo, subrayó que el acceso a un abogado no corrige las violaciones más graves denunciadas desde hace meses. Según Amnistía, esos traslados forman parte de una práctica abusiva que deja a los deportados atrapados en países con los que no tienen ningún vínculo, sin un proceso judicial claro y sin garantías frente a una nueva expulsión.

“Nadie debería ser trasladado a un país en violación de las garantías del derecho internacional, para luego ser detenido en secreto sin un proceso legal claro, sin acceso a abogados y sin protección contra una expulsión ilegal posterior”, insistió la organización.

El caso del cubano Mosquera del Peral ilustra esa política. El hombre había cumplido una condena por homicidio en Miami y fue uno de los ciudadanos enviados por Washington a Esuatini después de que su país de origen, al igual que otros, no aceptara recibirlo. Junto a él viajaron nacionales de Vietnam, Jamaica, Laos y Yemen. Con el paso de los meses, la cifra de deportados trasladados a ese reino africano creció hasta al menos quince personas, aunque dos de ellas ya fueron devueltas a sus países, Jamaica y Camboya.

En octubre pasado, la abogada de Mosquera, Alma David, denunció que el cubano llevaba más de tres meses encerrado sin cargos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, en Esuatini. La letrada aseguró entonces que su cliente había iniciado una huelga de hambre para protestar por su detención y alertó de que su vida corría peligro, mientras reclamaba que se le permitiera acceder a un abogado en ese país africano.

Washington aceptó pagar 5,1 millones de dólares al Gobierno suazi, según reconocieron las autoridades del reino

Según las denuncias presentadas ante los tribunales y las organizaciones de derechos humanos, los deportados han permanecido arrestados sin cargos y en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital de Esuatini. El Gobierno local niega que se trate de detenciones ilegales, pero esa ha sido precisamente una de las líneas centrales del litigio.

Ya en febrero pasado, la Justicia de Esuatini rechazó un recurso que intentaba frenar la deportación de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos. Aquella demanda había sido presentada en agosto, poco después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmara el envío de los primeros cinco extranjeros al país africano.

El acuerdo no fue gratuito. Washington aceptó pagar 5,1 millones de dólares al Gobierno suazi, según reconocieron las autoridades del reino. Esa cifra alimentó todavía más las críticas de activistas y juristas, que ven en estos pactos una externalización del sistema migratorio estadounidense: los expulsados salen de territorio norteamericano, pero no regresan necesariamente a sus países de origen, sino que son enviados a terceros Estados dispuestos a recibirlos a cambio de compensaciones económicas.

Nueve meses después de su llegada a una cárcel de máxima seguridad en un país ajeno, siguen en una situación de limbo legal

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha endurecido su política migratoria y ha promovido expulsiones rápidas con apoyo de varios países. Además de Esuatini, Washington ha cerrado acuerdos similares con El Salvador, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo.

Las organizaciones humanitarias consideran que esos convenios exponen a centenares de personas a una cadena de abusos: detención arbitraria, malos tratos, aislamiento y el riesgo de ser reenviadas a lugares donde pueden sufrir persecución, tortura o tratos degradantes. Por eso han pedido a varios Gobiernos africanos que rechacen convertirse en destino de migrantes expulsados desde EE UU.

En el caso de Esuatini, la sentencia del Supremo abre una rendija legal para los deportados, pero no aclara cuánto tiempo seguirán retenidos ni cuál será su destino final. Tampoco resuelve la cuestión de fondo: si un país puede aceptar a personas expulsadas desde otro Estado y mantenerlas encerradas durante meses, sin cargos, sin transparencia y sin explicar qué ocurrirá con ellas.

Para Mosquera del Peral y los otros hombres, el fallo significa al menos una posibilidad de defensa que hasta ahora les había sido negada. Pero nueve meses después de su llegada a una cárcel de máxima seguridad en un país ajeno, siguen en una situación de limbo legal, convertidos en piezas de una política migratoria que ha trasladado el problema lejos de la frontera estadounidense.