La ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte, "el país más restrictivo"

Ginebra/Los ciudadanos de Corea del Norte sufren un control estatal sin parangón en el planeta, y el régimen de Kim Jong-un, en el poder desde finales de 2011, perpetra violaciones que constituyen crímenes contra la humanidad, concluye un informe de la ONU que estudia la evolución del aislado país en la última década. "Ninguna otra población en el mundo actual está sometida a tales restricciones", concluye el estudio que subraya cómo los ciudadanos siguen expuestos a una "propaganda incesante" por parte del Estado, mientras la libertad religiosa está reprimida y el sistema de "songbun" (castas sociales) genera una grave discriminación.

"Al final de la pasada década, el control del Gobierno sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos era el más absoluto en décadas, y esto se incrementó cuando la vigilancia se reforzó durante los confinamientos por la pandemia de covid-19", analiza el estudio. Paralelamente, Corea del Norte profundizó su tradicional aislamiento debido a las sanciones internacionales, el fracaso de las negociaciones con el primer Gobierno de Donald Trump en 2019, la ruptura de lazos con Corea del Sur y el endurecimiento de los controles fronterizos con China, acentuados durante la pandemia.

"El número de personas que cruzaban la frontera sin autorización disminuyó de forma significativa durante la década pasada, al mismo tiempo que el flujo de información al país se restringía dramáticamente, y el Estado no ha reanudado los niveles de interacción con el mundo exterior que tenía antes de la pandemia", señala el informe.

El documento, elaborado con entrevistas a más de 300 víctimas y testigos que lograron huir del país, denuncia un aumento del uso de la pena de muerte

El documento, elaborado con entrevistas a más de 300 víctimas y testigos que lograron huir del país, denuncia un aumento del uso de la pena de muerte a lo largo de la década estudiada, incluyendo en delitos como compartir noticias de medios extranjeros, narcotráfico, prostitución o pornografía, y organizando en ocasiones ejecuciones públicas.

Los trabajos forzados a los que se somete a buena parte de la población también han aumentado en los últimos 10 años, especialmente bajo la forma de las llamadas "brigadas de choque", reclutamientos de urgencia de población para labores peligrosas como minería o construcción. "Las muertes son frecuentes en estas movilizaciones, pero en lugar de brindar medidas sanitarias o de seguridad, el Gobierno glorifica estos fallecimientos como sacrificios por el líder", indica el documento, que denuncia también el uso de niños en trabajos forzados.

El estudio, a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos del alto comisionado Volker Türk, estudia la evolución de Corea del Norte desde que Naciones Unidas formara una comisión de investigación sobre los derechos humanos en el aislado país y ésta lograra elaborar un reporte en 2014. El estudio actual subraya que la mayoría de las recomendaciones que la comisión hizo entonces a Pyongyang no han sido implementadas. "Hemos sido testigos de una década perdida", resumió el alto comisionado Türk, quien declaró que "si Corea del Norte continúa este camino, la población sólo sufrirá más represión brutal y miedo".

También se denuncia que muchas de las condenas judiciales se basan en confesiones forzadas, y que la tortura en los centros de detención continúa: algunos de los fugitivos norcoreanos entrevistados dijeron haber visto morir a compañeros de celda debido a maltrato, exceso de trabajo, malnutrición o suicidios.

Aunque la información sobre los campos de prisioneros políticos es limitada, la oficina de la ONU indica tras examinar imágenes de satélite que al menos operan cuatro de ellos, en los que se practican desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y hay hambrunas.

En el apartado de recomendaciones, Naciones Unidas reclama al régimen norcoreano que ponga fin a esos campos de prisioneros políticos

En el apartado de recomendaciones, Naciones Unidas reclama al régimen norcoreano que ponga fin a esos campos de prisioneros políticos y a la extendida práctica de detener en ellos también a familiares de los condenados. Pide asimismo abolir la pena de muerte, abandonar prácticas como la tortura y el maltrato de detenidos, y reanudar los encuentros entre familiares divididos por el conflicto entre las dos Coreas, tras siete años sin celebrarse.

Reclama a Corea del Norte que invite al alto comisionado de derechos humanos y otros representantes de instituciones de Naciones Unidas a visitar el país, algo que logró por última vez en 2017 la entonces relatora especial para los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar. Por último, el documento resalta el aumento en el gasto militar que ha vivido el país en los años estudiados, marcados por al menos tres pruebas de armamento nuclear y de misiles balísticos y de crucero, "lo que ha contribuido a un deterioro de la seguridad regional".