La CIDH otorga medidas cautelares a favor del preso político cubano Jorge Bello y su familia
Cuba
Prisoners Defenders eleva a 26 los presos excarcelados tras el acuerdo con el Vaticano
La Habana/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político Jorge Bello Domínguez, su madre Marta Domínguez Galero, su esposa Yuleydi López González y su hija Yésica Bello, al considerar que los cuatro se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de sufrir un “daño irreparable” en Cuba.
La decisión quedó recogida en la Resolución 21/2026, adoptada el 30 de marzo, después de una solicitud presentada por la organización Prisoners Defenders. El fallo supone un nuevo revés para el régimen cubano, que vuelve a quedar bajo escrutinio internacional por el trato a los presos políticos y a sus familiares.
La CIDH subrayó, además, que el Estado cubano no respondió al requerimiento de información formulado por la Comisión, pese a que el plazo ya había vencido. En su decisión, el organismo pidió a La Habana proteger de inmediato a los cuatro beneficiarios, garantizar una valoración médica integral para Bello, asegurarle tratamiento especializado, alimentos adecuados, condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales y medidas para evitar nuevas amenazas, agresiones o actos de hostigamiento dentro de la prisión.
Su situación médica es especialmente delicada
Jorge Bello Domínguez, periodista y manifestante del 11 de julio de 2021, permanece encarcelado desde esa fecha. Fue condenado a 15 años de privación de libertad tras un proceso en el que la parte solicitante denunció que no contó con defensa independiente y en el que se le imputaron cargos desproporcionados. La Comisión recogió también que Bello estuvo desaparecido durante 12 días tras su arresto, fue sometido a aislamiento, interrogatorios sin abogado y torturas para forzarlo a declararse culpable.
Su situación médica es especialmente delicada, ya que padece diabetes mellitus tipo 1, hipertensión, asma persistente, gastritis crónica, deterioro visual progresivo, dolor dental agudo, antecedentes de infarto, desnutrición, debilidad generalizada y una inflamación testicular con sangrado y dolor intenso que, según el expediente, no ha sido atendida por un especialista desde febrero de 2024.
La CIDH también tuvo en cuenta las denuncias de golpizas, desnudez forzada, humillaciones para acceder a la insulina, uso de gas pimienta, falta de medicamentos, alimentación deficiente y restricciones arbitrarias a las visitas y llamadas telefónicas. A eso se suma el hostigamiento contra su entorno familiar, quienes han sido objeto de amenazas, vigilancia, citaciones policiales, interrogatorios, detenciones arbitrarias y traslados forzosos, en represalia por su activismo en defensa del preso.
La lista de 26 excarcelados incluye a presos condenados a penas de entre seis y 18 años
Aunque las medidas cautelares no equivalen a una sentencia sobre el fondo del caso, sí implican que el organismo considera acreditado, de forma preliminar, un riesgo real e inminente que exige protección urgente.
La decisión llega, además, en medio del opaco proceso de excarcelaciones que el oficialismo intenta presentar como gesto de flexibilidad, pero que organizaciones independientes describen como una maniobra de control.
Este miércoles, Prisoners Defenders informó de la excarcelación de Renán Julio Vilches Wong, de 37 años, condenado a seis años de prisión por “hablar mal” de dirigentes del Partido Comunista. Según la organización, Vilches sería el preso político número 26 liberado “bajo amenazas”, con la condena intacta y sometido a un “régimen carcelario-domiciliar de facto”. El preso abandona la celda, pero el aparato represivo conserva la capacidad de devolverlo a prisión y la amenaza continúa operando como mecanismo disciplinario.
Prisoners Defenders sostiene que de las 51 excarcelaciones anunciadas por el régimen el pasado 12 de marzo, solo se han materializado 26. “Aún quedan 25”, advirtió la organización, que asegura estar auditando el proceso “para que todos los prometidos a la Iglesia Católica sean excarcelados”.
La lista de 26 excarcelados incluye a presos condenados a penas de entre seis y 18 años, muchos de ellos recluidos en cárceles de trabajos forzosos o en penales de máxima severidad.