Cuatro años después del mayor estallido social desde 1959, Justicia 11J presenta un balance
11J
Human Rights Watch documenta “represión” y “vigilancia” contra excarcelados en Cuba
Madrid/El informe anual de Justicia 11J, titulado Otro año sin justicia, desmiente la narrativa oficial sobre una supuesta “normalización” del país. Entre julio de 2024 y junio de 2025, la organización documentó 290 protestas en 80 municipios cubanos, incluidas 26 localidades donde nunca antes se había registrado disidencia pública desde el estallido social del 11 de julio de 2021.
Según el informe, al menos el 24% de las manifestaciones pacíficas sufrieron represión directa, y 543 personas permanecen en prisión por motivos políticos. De ellas, 30 son mujeres (14 madres), 14 adultos mayores, 70 activistas y periodistas independientes, y 72 presentan condiciones de salud críticas. “En Cuba, protestar pacíficamente te puede costar más de 20 años de tu vida”, sentenció Camila Rodríguez, directora ejecutiva de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, que gestiona el programa Justicia 11J.
El documento señala que los picos más altos de movilización ocurrieron en octubre y noviembre de 2024, tras el colapso total del sistema eléctrico nacional, y en junio de 2025, cuando aumentaron abruptamente las tarifas de internet impuestas por Etecsa. Este último evento provocó algo inédito desde 1959: declaraciones públicas de paro por parte de colectivos universitarios.
El documento señala que los picos más altos de movilización ocurrieron en octubre y noviembre de 2024, tras el colapso total del sistema eléctrico nacional, y en junio de 2025
Una de las novedades más destacadas del periodo fue la aparición de grupos como Los Excluibles y Autodefensas del Pueblo (ADP), que ejecutaron acciones simbólicas contra íconos del régimen. Además, las protestas con daño a la propiedad estatal se duplicaron con respecto al año anterior (31 eventos), reflejando un rechazo creciente a las estructuras materiales del poder. También se documentaron 86 cacerolazos y 88 acciones individuales como grafitis o carteles, lo que demuestra la persistencia ciudadana pese a la represión.
En cuanto al perfil racial, el informe alerta que el 33% de los detenidos afrodescendientes permanecen en prisión, frente al 22% de personas blancas. “Este sesgo refleja patrones estructurales de discriminación en el sistema penal cubano”, señala Justicia 11J.
El informe también denuncia que las excarcelaciones anunciadas a inicios de 2025 –como resultado de un proceso opaco mediado por el Vaticano– carecieron de garantías legales y reconocimiento explícito del carácter político de las detenciones. De las 202 personas liberadas, al menos cuatro fueron reencarceladas semanas después, incluidos tres presos de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional. “Nadie quedó realmente libre si el régimen conserva la llave de la celda”, advirtió Rodríguez.
El informe dedica también un apartado a las condiciones penitenciarias, calificadas como “inhumanas y negligentes”, y documenta cuatro muertes bajo custodia del Estado en el periodo. A pesar de este panorama, el texto resalta el creciente reconocimiento internacional al trabajo de defensores de derechos humanos en la Isla, con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y pronunciamientos del Parlamento Europeo.
La organización concluye que, aunque el régimen ha recurrido al castigo ejemplarizante, la violencia vicaria y la negación de beneficios penitenciarios como herramientas de disuasión, “la ciudadanía resiste, persiste y se adapta”.
La organización concluye que, aunque el régimen ha recurrido al castigo ejemplarizante, la violencia vicaria y la negación de beneficios penitenciarios como herramientas de disuasión, “la ciudadanía resiste, persiste y se adapta”
En el cuarto aniversario del 11 de Julio, Justicia 11J reclama a la comunidad internacional “redoblar su presión diplomática” y exige al Estado cubano la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos, así como el respeto irrestricto al derecho a la protesta pacífica. Mientras tanto, el número de municipios que se suman a la disidencia sigue creciendo. Y con ellos, la convicción de que callar no es una opción.
También la ONG Human Rights Watch hizo público este viernes el documento Cuba: manifestantes relatan abusos en prisión, para denunciar que al menos 17 manifestantes recientemente excarcelados sufrieron “abusos”, “torturas” y “vigilancia”.
La organización, con sede en Nueva York, recopiló los testimonios a través de entrevistas telefónicas entre marzo y mayo de este año en las que los involucrados –quienes hablaron bajo la condición de anonimato– denunciaron “haber sido golpeados y confinados en régimen de aislamiento” en su tiempo en la cárcel.
También detallaron las condiciones “insalubres” de las cárceles: con comida y agua insuficientes o en mal estado, infecciones que no fueron tratadas como sarna, tuberculosis y dengue o el rechazo a tener llamadas o visitas. Del mismo modo, describieron haber sido torturados por métodos como “la bicicleta”, que consiste en tirar desde un punto elevado a un convicto esposado.
Los ex presos –que estuvieron recluidos en seis prisiones masculinas y dos femeninas– formaron parte del proceso de excarcelación echado a andar por el Gobierno cubano desde enero tras el acuerdo con Estados Unidos mediado por el Vaticano.
“El hecho de que algunos hayan sido liberados tras un ‘acuerdo’, y no por una revisión de sus casos o por el cumplimiento de una sentencia justa, refuerza la idea de detenciones arbitrarias y con fines políticos”
“El hecho de que algunos hayan sido liberados tras un ‘acuerdo’, y no por una revisión de sus casos o por el cumplimiento de una sentencia justa, refuerza la idea de detenciones arbitrarias y con fines políticos”, criticó HRW en el documento.
La organización destacó que los entrevistados aseguraron que, una vez fuera de la cárcel, han estado “bajo vigilancia constante” de la Seguridad del Estado y solo pueden acceder a empleos que determina el propio Gobierno. “Aunque fui liberado de prisión, sigo siendo un prisionero", lamentó un entrevistado.
HRW recordó, asimismo, los casos de los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, quienes fueron devueltos a prisión tras haber sido excarcelados, e instó a los Gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea a condenar la detención arbitraria y el acoso de manifestantes, periodistas y activistas en Cuba.