Cuatro detenidos por un "sabotaje" en la termoeléctrica de Mariel

Madrid/La Fiscalía de Artemisa informó este miércoles de la detención de cuatro personas vinculadas a un delito de sabotaje en la central termoeléctrica Máximo Gómez Báez, ubicada en Mariel, que se produjo el pasado 2 de septiembre. Dos de los imputados son responsables directos, que cortaron los cables que conectaban la unidad 8 con la casa de suministro de combustible, según la información oficial. 

Ninguno de ellos era trabajador de la planta, pero los otros dos arrestados son custodios de la termoeléctrica a los que se acusa de no haber cumplido adecuadamente con su deber. Ambos están bajo fianza. 

Los principales acusados se apropiaron de 135 metros de cable de 19 vías, dejando sin generación la unidad en torno a la una de la madrugada del 2 de septiembre. Según la Fiscalía, los trabajadores y directivos de la central fueron quienes se dieron cuenta de inmediato, evitando “consecuencias lamentables para el sistema eléctrico nacional, al dejar de generar de manera no planificada y abrupta, lo que ha sucedido en otras ocasiones, pero por roturas de las fuentes de generación y el limitado acceso a recursos para repararlas”.

La prensa se ha hecho eco de la información, en la que se especifica el número de expediente del caso, asumido por la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, que investiga la causa como sabotaje e incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas.

El comunicado afirma que los imputados tenían 67 metros de cable eléctrico cuya pertenencia a la zona afectada pudieron determinar los especialistas. 

El pasado 2 de septiembre, día en que ocurrieron los hechos, la Unión Eléctrica (UNE) informó a través de sus redes sociales –como cada día– del déficit previsto para la jornada. Con una demanda de 3.250 megavatios para el horario pico de la noche, la empresa solo podía generar 990 MW, lo que suponía la falta de 2.290 MW. Pero durante el día la situación no fue mucho mejor. “1.950 MW de déficit en el horario del día. ¡RÉCORD PARA HORARIO DIURNO!”, comentó un cliente indignado. 

En los muchos comentarios que ha generado ahora la detención de los presuntos saboteadores, algunos clientes piden severidad para delitos de este tipo. “Cien años”, “Cadena perpetua” o “Pena capital”, son algunas de las demandas. Más que exageraciones, son penas previstas en el código penal para este tipo de delito, que tiene asociadas condenas de entre 7 y 15 años, pero que pueden elevarse a perpetuidad si se causan graves daños o la muerte de alguien. 

El primer ministro, Manuel Marrero, advirtió a mediados del pasado año que el Estado sería implacable con este tipo de delitos y que la destrucción, alteración, daño o perjuicio a una larga lista de “medios, recursos, edificaciones, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares”, entre las que se encuentran –encabezando la lista– las fuentes energéticas, sería considerado sabotaje. 

A finales de agosto, la Fiscalía subrayó que esta advertencia se cumple con rigor y que todas las personas juzgadas en 2026 por hechos de este tipo han sido condenadas por sabotaje, la mayoría a penas de entre nueve y 20 años de prisión. El Ministerio Público cifró en 460 las investigaciones penales iniciadas en el país entre 2025 y el primer semestre de 2026, principalmente por sabotaje, pero también por daños, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación. Lo más habitual es el robo de aceite dieléctrico en los transformadores, con más de 300 denuncias.