Cuba registra récord de presos políticos y menores en las cárceles a las puertas del aniversario del 11J
Cuba
Opositores dentro de la Isla ven las condiciones para un nuevo estallido
Madrid/Dos “siniestros récords” cumple el régimen cubano, a decir de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), en vísperas del quinto aniversario de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021: tiene en sus cárceles a 1.306 presos políticos y, entre ellos, a 40 que fueron detenidos siendo menores de edad.
De estos, denuncia Larrondo, 16 –condenados por sedición por su participación precisamente en el 11J– están en centros penitenciarios para adultos, lo que considera una “situación alarmante”. El más reciente informe de PD, publicado este jueves, recoge 32 nuevos presos políticos solamente en junio, además de otros 21 posibles casos, aún en proceso de verificación. Solo siete salieron de la lista respecto al mes anterior.
“El informe evidencia la consolidación del patrón represivo del régimen, que no se limita a quienes participan en manifestaciones, sino que se dirige igualmente contra todo tipo de perfiles con capacidad para informar, influir o movilizar a la sociedad”, dice el presidente de PD, abundando en el informe. Se ha puesto en evidencia en las últimas semanas, prosigue Larrondo, al encarcelar “de forma selectiva” a “personas con capacidad de influencia social”, como periodistas, un rapero, un pastor evangélico, médicos o ex presos del 11J. Todo ello, afirma, “con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J”.
Entre los que considera los casos más graves menciona a Eduardo Ceballos Pérez, artífice del programa satírico 'Despingovery Channel', y su camarógrafo, Christian Rodríguez
Entre los que considera los casos más graves menciona a Eduardo Ceballos Pérez, artífice del programa satírico Despingovery Channel, y su camarógrafo, Christian Rodríguez. Ambos han sido acusados de espionaje “simplemente por publicar videos en YouTube sobre unas instalaciones completamente abandonadas y obsoletas”, dice Larrondo, aludiendo al video publicado en el canal de humor donde se mostraba chatarra bélica.
Además, denuncia la detención del rapero Andrés Matos Alcántara, alias MC K-libre, tras protestas en el reparto Barbosa (La Habana) y una redada en Santiago de Cuba “que dejó 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, seis de ellos menores de edad”.
El informe también documenta que ya son 458 los presos políticos que padecen enfermedades graves dentro de prisión y otros 53 sufren trastornos mentales severos. Todos ellos, lamenta Larrondo, “bajo la negación de atención médica adecuada, confirmando una vez más que la privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”.
A estos casos, suma PD las amenazas y operativos sufridos por periodistas independientes y activistas para impedirles acudir al evento organizado en la residencia del jefe de negocios de EE UU, Mike Hammer, en La Habana con motivo de la independencia de su país, una democracia que cumple 250 años.
Varios opositores dentro de la Isla, por lo demás, opinan que están puestos los ingredientes para un estallido similar al 11J. Así lo asegura la activista Marthadela Tamayo a la agencia EFE este jueves. “Las protestas, los toques de cazuelas son tanto en horarios de día y de noche. El aire que se respira es de protesta”, dice. “Es como si de manera diaria vivieras en un 11J, claro que con esa diferencia que todos sabemos de la masividad. Pero sí lo creo, porque las condiciones actuales llevan a ello”.
Si bien se reportan más protestas, estas se disuelven más rápido y no alcanzan mayor trascendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía”
Con ella coincide Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien insiste en que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades pueden producir un evento parecido al del 11J”, que se saldó con más de 1.400 detenidos. Para el opositor, las protestas que se viven en la Isla consolidan una “reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios, divorcio de los ciudadanos con las instituciones del Estado, explosión de las demandas frente a éste y normalización de la protesta”.
No obstante, concuerdan ambos activistas, si bien se reportan más protestas, estas se disuelven más rápido y no alcanzan mayor trascendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía”, en palabras de Tamayo. Actualmente se está registrando una “durísima represión ejemplarizante del Gobierno frente a la protesta ciudadana”, agrega Cuesta Morúa.
En este sentido, Tamayo habla de “regulaciones y restricciones de movimiento a los activistas de derechos humanos” en la Isla, así como “restricción de movimiento o regulación migratoria”, para “realizar actividad de articulación ciudadana”.
Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por “el régimen de Cuba” durante el primer semestre de 2026.
“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH.
La misma postura sostiene Cuesta Morúa, quien fue recientemente detenido y, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió "maltrato físico y amenazas". A su juicio, el Gobierno cubano “endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos”.
“Esto tiene un efecto disuasorio”, señala y añade otros dos factores que dificultan una mayor articulación de la protesta en la Isla: “la ausencia clara de espacio público” y “el diseño preciso para cortar (por parte del Gobierno) cualquier vínculo entre el liderazgo cívico y la ciudadanía”.
Cuesta Morúa señala que el 11J ha provocado “de algún modo”, aunque “sin lograr la satisfacción” de las necesidades ciudadanas, que los cubanos se hayan “empoderado” y se haya “destruido la narrativa del Gobierno". Y afirma: “Este manda, no gobierna, con escasa legitimidad”.