Cuba Study Group pide a EE UU exenciones humanitarias y al régimen, menos restricciones

Madrid/“La crisis humanitaria en Cuba ha alcanzado una etapa alarmante”, alerta Cuba Study Group en una declaración política realizada este lunes y que va acompañada de un informe con recomendaciones para los Gobiernos de EE UU y Cuba, a los que insta a atajarla de inmediato antes de abordar cualquier otra cuestión. “La ayuda humanitaria nunca debe utilizarse como moneda de cambio”, sostienen.

El colectivo, conocido por sus posturas favorables al diálogo entre Cuba y EE UU, avisa de que los apagones y la escasez de combustible han limitado “gravemente la capacidad de respuesta” de todo tipo de organizaciones, tanto religiosas como humanitarias, así como empresas privadas y personas individuales. A su juicio, la responsabilidad del régimen cubano es evidente por haber dejado el país al límite, sin recursos de ningún tipo y expuesto a cualquier presión exterior. Pero también acusa a la Casa Blanca por haber impuesto nuevas sanciones y un bloqueo petrolero que, con el objetivo de forzar un cambio político, dejan a la población a la intemperie.

El grupo remarca que las ideas que aporta en el documento adjunto no sustituyen a sus posturas previas favorables a un proceso de diálogo para el entendimiento entre ambos países, pero cree que es preciso “actuar de inmediato para que las sanciones y los obstáculos burocráticos ya no impidan la ayuda urgentemente necesaria para el pueblo cubano”.

El grupo cree que es preciso “actuar de inmediato para que las sanciones y los obstáculos burocráticos ya no impidan la ayuda urgentemente necesaria para el pueblo cubano”

Para ello, el colectivo ha elaborado un informe con varias medidas que ambas partes podrían activar sin demora. Una de ellas es recurrir a las herramientas de que disponen los departamentos del Tesoro y de Comercio para ampliar las licencias y exenciones, de manera que se sustituyan los actuales métodos de aprobación caso por caso por otras generales, con prioridad absoluta para el suministro energético. 

Cuba Study Group sugiere la emisión de una exención humanitaria explícita que blinde de sanciones secundarias a los terceros países y entidades privadas que donen o financien petróleo, diésel y gas licuado destinados a mantener operativos los hospitales, la refrigeración de alimentos, el bombeo de agua potable y la logística de la ayuda en la Isla. Además, proponen que haya “salvaguardas firmes contra el desvío”.

Asimismo, el grupo plantea sustituir el complejo sistema de licencias del Departamento de Comercio por una autorización general e incondicional para donaciones de insumos médicos, fármacos, equipos de diagnóstico y repuestos. Según el documento, es incomprensible que, habiendo una exención general para estos productos, los donantes estén obligados a solicitar una autorización individual, lo que supone una traba para que la asistencia llegue a tiempo 

El informe advierte también de que la ayuda humanitaria no debería excluir a las instituciones públicas de salud, ya que el sistema sanitario es estatal y se termina castigando a los pacientes cubanos. Aunque considera que es importante que se verifique el destino final de los productos e insumos, cree que no se puede usar ese escrutinio para hacer “prohibitivamente difícil” la asistencia humanitaria. “La pregunta fundamental debería ser si los bienes donados se utilizan para fines médicos civiles legítimos, no simplemente si la institución receptora es de propiedad estatal”, asevera.

Otro punto importante es el financiero. La organización advierte de que el sector bancario está sobrecumpliendo las sanciones por miedo a represalias, lo que impide que se procesen pagos y transferencias dirigidas tanto al sector privado independiente como a las iglesias y ONG. Para paliarlo, se propone a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) que publique directrices de "puerto seguro" (safe harbors) que garanticen un corredor financiero real para estas operaciones. Además, sugiere a EE UU que nombre a un funcionario de alto nivel que coordine la política humanitaria hacia la Isla y resuelva los cuellos de botella burocráticos en tiempo récord.

Estados Unidos debería reconocer públicamente el papel del sector privado como proveedor de alimentos, transporte y logística en Cuba, cree el grupo, por lo que recomienda “una mayor flexibilidad en materia de visados” que refuerce no solo el plano humanitario que se necesita con urgencia, sino que siente las bases del desarrollo de la libre economía cubana.

En paralelo, el Cuba Study Group deja claro que la respuesta no puede depender únicamente de los incentivos estadounidenses, y exige al Gobierno cubano que elimine sus propios frenos ideológicos y administrativos. 

“Cuba debería permitir que las iglesias, ONG independientes, distribuidores privados y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria en Cuba reciban, mantengan, transfieran y utilicen fondos humanitarios en dólares"

“Cuba debería permitir que las iglesias, ONG independientes, distribuidores privados y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria en Cuba reciban, mantengan, transfieran y utilicen fondos humanitarios en dólares estadounidenses u otras monedas de libre convertibilidad, sin exigir su conversión a pesos cubanos a un tipo de cambio desfavorable”, indica el documento. 

Además, reclama el fin de la intermediación obligatoria de las empresas importadoras estatales –ya anunciado por el régimen como parte de sus reformas– y reivindica que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado puedan importar, almacenar y distribuir directamente alimentos, medicinas y combustible para sus operaciones, agilizando los trámites aduaneros para productos de urgencia.

Por último, el grupo insta al régimen cubano a incentivar la responsabilidad social corporativa, permitiendo que las mipymes deduzcan de sus impuestos los gastos aplicados a actividades benéficas. Asimismo, considera que se debe crear un marco legal a largo plazo para empresas privadas sin ánimo de lucro centradas en el desarrollo comunitario.

El Cuba Study Group señala que, a diferencia de la modificación de las leyes del embargo, que suponen reformas legislativas complejas, todas las medidas pueden implementarse de inmediato mediante orden ejecutiva. Sin embargo, la mayoría supondría dar marcha atrás a decisiones tomadas por el propio Gobierno estadounidense en los últimos meses, por lo que no cabe esperar que encuentren mucho eco en Washington.