El Decreto 167 autoriza las redes de "gastronomía ligera de marcas reconocidas", como McDonald's

La Habana/La Gaceta Oficial ha cumplido este viernes la promesa que hizo a mediados de junio el primer ministro, Manuel Marrero, de permitir la creación de una "red de gastronomía ligera de marcas reconocidas, restaurantes, cafetería, hamburguesería". Con el Decreto 167, se abre el camino para McDonald 's, KFC o Starbucks. Teóricamente. 

Hace apenas cuatro días, Miguel Díaz-Canel negaba ante una periodista brasileña que Cuba esté aplicando “reformas capitalistas”. El mandatario se ve ahora desmentido por nada menos que por la Gaceta Oficial, que publica ahora normas vigentes en la economía de mercado sobre competencia, lucro, inversión extranjera, alianzas público-privadas, dolarización, mercado cambiario y cadenas de tiendas y restaurantes extendidas por toda la Isla.

El Decreto 167, “Del Comercio Interior”, forma parte de las 176 transformaciones con las que el Gobierno intenta sacar a flote una economía en caída libre y, al mismo tiempo, mantener intacta la definición socialista del modelo. La pirueta no es nueva. Durante décadas, las autoridades cubanas han alternado aperturas en momentos de crisis con rectificaciones cuando consideran que el mercado ha llegado demasiado lejos.

El lenguaje parece extraído de un manual capitalista: “señales del mercado”, “gustos y preferencias” y ser competitivos “en calidad, precio y oportunidad”

La nueva legislación define como actividad comercial aquella que se ejerce habitualmente “con ánimo de lucro” y establece entre sus objetivos fomentar la “competencia leal” y consolidar la participación de las formas de gestión estatal y privada, además de la inversión extranjera. Incluso promete a las diferentes formas de propiedad “condiciones similares de acceso a los mercados” para sus producciones e insumos.

El salto es especialmente visible en el artículo 15, que concede a los comercializadores el derecho a establecer surtidos, métodos de venta y precios, participar en compras públicas y “crear cadenas de tiendas, restaurantes, red de gastronomía ligera de marcas reconocidas u otras, que se extiendan por todo el país”.

El Decreto ordena además “promover las relaciones público-privadas” y facilitar el desarrollo de actores nacionales y extranjeros. Para los mayoristas, el lenguaje parece directamente extraído de un manual de economía de mercado: deben considerar las “señales del mercado”, estudiar “gustos y preferencias” de los clientes y favorecer las producciones nacionales siempre que sean competitivas “en calidad, precio y oportunidad”.

Mientras, las autoridades provinciales y municipales despliegan una nueva ofensiva de topes de precios, inspecciones, multas, decomisos, ventas forzosas y cierres

Todo ello llega después de que Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, preguntara directamente a Díaz-Canel si era necesario “promover el capitalismo para salvar el socialismo”. “No hay reformas capitalistas”, contestó el gobernante, que recurrió al precedente del Período Especial y recordó que Fidel Castro había aceptado entonces “concesiones” para mantener la Revolución y el socialismo.

La contradicción no se queda en el terreno de las palabras. Mientras el Gobierno central amplía por decreto el espacio de los negocios privados, las autoridades provinciales y municipales despliegan una nueva ofensiva de topes de precios, límites a los márgenes comerciales, inspecciones, multas, decomisos, ventas forzosas y cierres.

En junio, como parte de las 176 medidas, el Gobierno había anunciado la eliminación general de los topes de precios. Ni siquiera habían transcurrido dos meses cuando Artemisa, Matanzas, Holguín y otros territorios comenzaron a fijar márgenes comerciales máximos del 30%, mientras municipios de Guantánamo, Santiago de Cuba y otras provincias imponían precios máximos o, con otra denominación, “de referencia”.

La Resolución 15 deroga las normas con las que el propio Ministerio del Comercio Interior endureció en 2024 el comercio mayorista de mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia

El resultado tampoco ha sido inesperado. En algunos lugares los productos sometidos a mayor presión administrativa, como el aceite, han desaparecido de los establecimientos o regresado al mercado informal a precios superiores.

La propia Gaceta resume involuntariamente esa ambivalencia. Junto a la competencia y las señales del mercado, el Decreto 167 consagra las “medidas administrativas centralizadas” destinadas a inducir a los actores económicos a tomar decisiones “acordes con los intereses de la sociedad”. Además, reserva al Estado la posibilidad de introducir restricciones o prohibiciones y de intervenir en la formación de precios en nombre del “interés social”.

Incluso una de las resoluciones publicadas este viernes reconoce otra marcha atrás. La Resolución 15 deroga las normas con las que el propio Ministerio del Comercio Interior endureció en 2024 el comercio mayorista de mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Ahora considera necesario “flexibilizar” aquellas regulaciones.

El movimiento en bucle también tiene precedentes. En 1986, Fidel Castro lanzó la “Rectificación de errores y tendencias negativas”, dirigida inicialmente contra mecanismos económicos que el poder consideraba desviaciones del socialismo. Décadas más tarde, la Tarea Ordenamiento volvió a presentarse como la solución a distorsiones acumuladas durante años. Desde enero de 2021 debía, entre otras cosas, acabar con la dualidad monetaria y devolver al peso cubano su papel central en la economía. Apenas un mes después de su entrada en vigor, Granma ya publicaba un artículo titulado Precios y fichas de costo: ‘ordenar’ el ordenamiento, mientras el Gobierno introducía nuevos mecanismos para contener unos precios que habían escapado de sus previsiones.

La economía cubana continúa atrapada en el mismo movimiento pendular: abrir cuando la crisis no deja alternativa, rectificar cuando la apertura amenaza con escapar al control y volver a abrir cuando las restricciones producen una nueva asfixia

Cinco años después, la nueva legislación comercial consagra de hecho otro sistema dual. El Decreto 168, dentro de la misma Gaceta, divide el Registro Central Comercial en dos secciones, una de “Peso Cubano” y otra de “Divisas”, y obliga a los establecimientos que vendan en ambas monedas a disponer de una licencia para cada una. Inscribir o reinscribir un negocio que opere en divisas puede costar 500 dólares, actualizar sus datos 370 y obtener un duplicado de la licencia 450, mientras que los mismos trámites cuestan 1.300, 600 y 1.000 pesos cubanos, respectivamente, para quienes operan en moneda nacional. La propia Resolución 195 justifica estas tarifas por la “dolarización parcial en las operaciones interempresariales y comerciales”.

Después de seis décadas, la economía cubana continúa atrapada en el mismo movimiento pendular: abrir cuando la crisis no deja alternativa, rectificar cuando la apertura amenaza con escapar al control y volver a abrir cuando las restricciones producen una nueva asfixia.