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Doce años de cárcel por sustraer 70 litros de aceite dieléctrico en Artemisa

Delitos

Los tribunales multiplican altas condenas ejemplarizantes por los robos que afecten al sistema eléctrico nacional

Juicio ejemplarizante por robo de aceite dieléctrico en Cayajabos, Artemisa, / El Artemiseño/Yudaisis Moreno Benítez
14ymedio

23 de mayo 2026 - 11:59

La Habana/Nuevos juicios ejemplarizantes contra el robo de aceite dieléctrico en Artemisa y la Isla de la Juventud reafirman el endurecimiento penal del régimen cubano frente a los delitos vinculados al sistema eléctrico nacional, en medio de la crisis energética que se agrava cada día más en la Isla.

Ayer viernes medios oficiales reportaron desde la Isla de la Juventud otro juicio con “carácter ejemplarizante” contra un trabajador de la Empresa Eléctrica local. El acusado fue condenado a ocho años de prisión por sabotaje tras haber sustraído, en octubre de 2024, 60 litros de aceite MARTRON TI 4040 –lubricante industrial utilizado en una de las máquinas de generación de la planta donde trabajaba–.

En el comunicado oficial se señala que el perjuicio económico fue valorado en 4.477,70 pesos cubanos. Aunque no especifican qué referencias usaron para calcular esta cifra, el monto equivale actualmente a menos de nueve dólares, atendiendo al cambio oficial.

Según las autoridades, el trabajador cometió el delito en un momento en que el territorio ya atravesaba una situación crítica por la salida de servicio de la unidad eléctrica y alegaron que la sustracción habría provocado una caída de la generación eléctrica suficiente para dejar sin servicio hasta al 50% de los clientes beneficiados por esta unidad. 

El perjuicio económico fue valorado en 4.477,70 pesos cubanos. El monto equivale actualmente a menos de nueve dólares, atendiendo al cambio oficial

Este sábado, medios oficiales informaron también desde Artemisa sobre la celebración de otro juicio ejemplarizante del Tribunal Popular Provincial, “con vecinos invitados, ciudadanos con interés policial por sus conductas, obreros de la empresa eléctrica y de centros laborales aledaños”.

“Esta práctica contribuye a elevar la conciencia popular para proteger estos emplazamientos”, explicó Ismaray Hinojosa Pérez, presidenta del Tribunal. 

Según el artículo, un hombre de 36 años, residente en La Habana y natural de Isla de la Juventud, sustrajo en febrero pasado 70 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica en Cayajabos, Artemisa. La acusación fue calificada como “sabotaje” y la Fiscalía pidió 12 años de prisión.

El fiscal provincial Rafael Ángel Soler López argumentó que “pudo con su accionar impedir u obstaculizar el normal uso o funcionamiento, y a sabiendas de que se produjera ese resultado, destruir, alterar, dañar o perjudicar el sistema”. Según la nota, el transformador afectado abastecía a escuelas, panaderías, fuentes de agua potable y más de 20 centros laborales, además de unos 4.000 habitantes. 

La nota del artículo artemiseño, de carácter notablemente didáctico, concluye con un llamado de la autora “¡Juntémonos todos, habrá más luces y menos vandalismo a juzgar!"

La acusación fue calificada como “sabotaje” y la Fiscalía pidió 12 años de prisión

El tono de advertencia moralista se repite en una nota publicada el mismo viernes por el periódico matancero Girón, donde se insiste también en el problema de los delitos contra el sistema eléctrico nacional.

En Matanzas, durante el primer trimestre del año se multiplicaron estos robos en municipios como Jovellanos, Los Arabos, Calimete, Martí y Colón, según admitió en conferencia de prensa el teniente coronel Roberto Domínguez Rodríguez, jefe del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Domínguez Rodríguez afirmó que existen ya unas 40 personas procesadas y más de diez cadenas delictivas investigadas por unas 33 denuncias relacionadas con el robo de aceite dieléctrico.

El teniente coronel describió el modus operandi de los ladrones, quienes aprovechan los apagones para perforar los transformadores y drenar el aceite que luego venden en el mercado informal como combustible. Son robados los transformadores de los postes, pero también los de las subestaciones cuya afectación suele dejar sin servicio eléctrico a miles de personas.

En la misma provincia, la Empresa Eléctrica publicó el 20 de mayo que un “Team de delincuentes” fue atrapado, celebrando la captura de varios sospechosos en Calimete por el robo de 132 litros de aceite dieléctrico y 480 metros de cable. “Todos los implicados están directos al proceso legal que se trabaja para que la Justicia les imponga la sanción merecida, SABOTAJE, no hay de otra”, señala la publicación. 

"Todos los implicados están directos al proceso legal que se trabaja para que la Justicia les imponga la sanción merecida, SABOTAJE, no hay de otra"

Un día después, la misma empresa anunció que había “caído otro de los responsables” de un robo de 250 litros de aceite dieléctrico en Colón, que dejó sin electricidad a unas 4.000 viviendas. Según el comunicado, “el sujeto fue llevado ante la Justicia, el apagón provocado bajo su firma tuvo malas consecuencias”.  

La Fiscalía insiste en que estos hechos deben tratarse como sabotaje, amparándose en el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, que amplió la aplicación de esa figura penal a daños y robos vinculados con sectores estratégicos como el electroenergético. 

Desde abril, el Gobierno cubano ha endurecido públicamente el discurso contra cualquier delito relacionado con el sistema energético. El primer ministro Manuel Marrero Cruz pidió entonces “mano dura” contra los robos de combustible y aceite dieléctrico. 

A pesar de los juicios ejemplarizantes y el endurecimiento penal, el robo de aceite dieléctrico sigue incrementándose y extendiéndose por todo el país, junto con la escasez y las necesidades de la población durante la presente crisis energética. El pasado 12 de mayo, un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora en Santiago de Cuba fue condenado a 12 años de prisión por robar más de 5.700 litros de diésel destinados a los grupos electrógenos.

Es cierto que los delitos que dañan al sistema eléctrico nacional afectan directamente a la población y perjudican al sistema eléctrico, pero también funcionan como una explicación políticamente útil para un sistema que lleva años colapsando por falta de inversión, combustible y mantenimiento. Con estos juicios ejemplarizantes, la propaganda oficial ha encontrado en el “saboteador” una figura narrativa cómoda para hacer sentir culpable a la propia población y desplazar la responsabilidad por la ineficiencia del sistema hacia individuos y casos puntuales.

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