Los economistas calculan que Cuba tardará tres años en completar una "estabilización de emergencia"

Madrid/Cuba Transformación cree que llevará aproximadamente tres años la duración de una primera fase de “estabilización y emergencia” para “detener el deterioro macroeconómico”, atender la crisis energética y reactivar la agricultura y el turismo. El grupo de trabajo, anunciado el pasado junio y formado por cinco expertos cubanos independientes para realizar una propuesta de transformación económica, considera “indispensable” antes de empezar cualquier plan que pretenda ser viable que haya una negociación mediante la que EE UU flexibilice las sanciones, pues su permanencia, exponen, “constituye uno de los principales obstáculos para la recuperación”.

El documento tiene 120 páginas, aunque los especialistas –Mauricio De Miranda, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal, todos ellos críticos con el régimen actual, aunque este último está también entre los expertos llamados por Díaz-Canel– han elaborado un resumen ejecutivo de 19, para presentar los ejes básicos. En la introducción, el texto deja claro que no se trata de una respuesta ni un complemento a las 176 medidas que presentó el Gobierno cubano, sino una metodología y secuenciación propias. La premisa es claras: Cuba debe ser una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho, y eso incluye elecciones pluripartidistas, libertad de asociación, prensa y expresión, transparencia y un sometimiento de los poderes del Estado a la ley. 

Además, la transformación tiene que ser “concebida, conducida y ejecutada por los propios cubanos, en función del interés nacional” y para evitar la pérdida de soberanía, aunque el exilio será fundamental, sostienen, no solo por su nacionalidad, sino por su experiencia, redes y capitales. Otra pieza esencial será la comunidad internacional, a la que se pide la creación de un fondo de ayuda que sería clave para que los enormes costos iniciales de levantar un sistema hoy descapitalizado no acaben repercutiendo en la población, especialmente la más vulnerable. 

Otra pieza esencial será la comunidad internacional, a la que se pide la creación de un fondo de ayuda que sería clave para que los enormes costos iniciales de levantar un sistema hoy descapitalizado no acaben repercutiendo en la población

El documento insiste en que, hoy por hoy, la suspensión de envíos de combustible desde Venezuela y la amenaza de sanciones tanto a países que puedan vender hidrocarburos a Cuba como a empresas que trabajen con el régimen, impiden la recuperación. Eso no significa que la responsabilidad sea atribuida en exclusiva a EE UU. Los economistas señalan que la crisis actual “no constituye un fenómeno coyuntural ni puede explicarse exclusivamente por choques externos recientes”, sino que estos han impactado con profundidad al encontrarse con “una economía que ya acumulaba debilidades estructurales, una limitada capacidad de ajuste y reformas largamente postergadas”.

Además, los expertos advierten de que la situación se está complicando en todos los sentidos, incluyendo la dependencia de facto de EE UU, no a nivel país, sino porque de allí proceden mayoritariamente las remesas. El dinero y los envíos de los familiares son, a ojos de los expertos, el equivalente actual del sostén soviético primero y venezolano después. 

El documento dice, también, que la realidad se ha impuesto en parte y ya se ha realizado un importante ajuste económico. “El Estado ha reducido, en términos reales, su capacidad para financiar bienes públicos, inversión, servicios sociales y subsidios, mientras que la inflación y la depreciación cambiaria han erosionado severamente el poder adquisitivo”, destacan. Además, se ha producido “una creciente mercantilización de facto de los servicios esenciales. En este contexto, la pobreza deja de ser un fenómeno residual para convertirse en un rasgo estructural de la realidad social cubana”, agrega.

Ante esto, la propuesta debe separarse en tres fases, aunque el documento actual solo se ocupa de la primera, la de estabilización y emergencia. Las otras dos, que llegarían pasados los tres años que calculan para la inicial, son “reactivación e institucionalidad” –centrada en reformas estructurales para elevar la competitividad, mejorar la asignación de recursos y recuperar la credibilidad financiera– y “consolidación del modelo –para definir el contrato social y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo–.

Por el momento, lo relevante es arrancar con la primera, que exige al menos seis áreas de prioridad que el documento detalla. La primera es macroeconomía y precios, y sus puntos centrales son integrar todas las entidades estatales (incluida Gaesa) en la arquitectura fiscal civil. Unificar el mercado cambiario –donde ahora conviven tres tasas muy dispares y solo una se acerca remotamente a la realidad– en un esquema de flotación administrada por un Banco Central de Cuba que realice las funciones que son propias de una institución de su tipo, sin limitarse a trasladar lo que le ordena el régimen. También pide liberalizar los precios, eliminar los topes y actualizar salarios y pensiones. Además, implicaría suprimir los subsidios automáticos y centrarse en los vulnerables; y se habla también de la creación de un fondo de estabilización para canalizar recursos externos e ingresos por venta de activos. Indispensable en este ámbito es también la transparencia, sobre todo en el presupuesto nacional. 

En cuanto a la energía, segunda área en la lista, aunque destacada prioridad, los expertos piden con urgencia contratar plantas flotantes y recuperar las termoeléctricas; también acelerar los proyectos solares con almacenamiento y aprobar nuevas tarifas eléctricas, así como mejorar la calidad del crudo nacional que se emplea en la térmica y abrir de forma regulada el mercado de importación, distribución y comercialización de combustibles.

En cuanto a la energía, segunda área en la lista, aunque destacada prioridad, los expertos piden con urgencia contratar plantas flotantes y recuperar las termoeléctricas; también acelerar los proyectos solares con almacenamiento y aprobar nuevas tarifas eléctricas

La agricultura y el turismo también están en esta fase. Entre los objetivos prioritarios se propone eliminar el “encargo estatal” y sustituirlo por contratos voluntarios a precios de mercado, permitir la entrada de los privados en el sector agropecuario –una medida que, aparentemente ya está tomada– y crear un mercado de compraventa y usufructo de tierras. El documento pide incentivos fiscales y arancelarios para invertir en la infraestructura

agropecuaria y una mayor digitalización de la comercialización. También se considera necesario poder garantizar el suministro energético estable a los polos turísticos, fortalecer sus encadenamientos con productores locales y reposicionar la marca Cuba. 

En cuanto a la propiedad y la transformación empresarial, se pide la eliminación de las trabas al crecimiento de las mipymes, con incentivos fiscales que constituyan un estímulo. En paralelo, se debe fragmentar el conglomerado militar Gaesa, transfiriendo sus empresas, activos y divisas a instituciones civiles y al Banco Central, además de cerrar o reestructurar empresas estatales inviables y crear rutas “transparentes” de privatización.


El quinto apartado es el de la “inserción externa”, para lo que piden –y esto sí está también contemplado ya por el régimen– eliminar el monopolio estatal sobre el comercio exterior, pedir formalmente el ingreso de Cuba en los principales organismos financieros internacionales y reestructurar la deuda externa. e iniciar negociaciones bilaterales para resolver las reclamaciones por las confiscaciones de los años 60.

Por último, el documento se centra también en la “protección social y administración”. En este apartado se considera esencial crear un paquete de protección frente al “ajuste” laboral y auditar el programa con indicadores sociales obligatorios, así como reformar el Código de Trabajo reconociendo la diversidad de propiedad, la libertad sindical y el derecho a la huelga. Además, reclama la descentralización de las competencias fiscales y que se apliquen “marcos estrictos contra la corrupción”.

Todas estas medidas y muchas otras deben ir aplicándose de manera secuencial, y aunque algunas pueden ser, señalan, simultáneas, en otros casos se requiere que unas antecedan a las demás. 

El documento finaliza pidiendo a la comunidad internacional ayuda y apoyo, así como a cualquier otro experto su aportación a unas propuestas que no consideran cerradas. “El horizonte estratégico de este proceso es la construcción de una economía social de mercado en el contexto de un estado democrático de Derecho. La ampliación del papel del mercado y de la iniciativa privada no debilita al Estado, sino que redefine y fortalece sus capacidades”, concluyen.