EE UU se jacta de haber reducido la trata de personas del régimen cubano con las misiones

Madrid/La “denuncia de prácticas de trabajo forzoso” y la “aplicación de restricciones de visado” son algunas de las medidas que, presume Estados Unidos, han logrado combatir con éxito la “trama de trata de personas del régimen cubano”. Así se expone en el capítulo dedicado a la Isla del informe sobre la trata de personas 2026, publicado este jueves por el Departamento de Estado. 

Según se establece en el reporte, Cuba mantiene una “política o patrón gubernamental” de trabajo forzoso “en el programa de exportación de mano de obra del régimen, incluidas sus misiones médicas”. Sin embargo, prosigue, “una mayor actividad diplomática” de la Administración estadounidense ha reducido “drásticamente” el número de trabajadores vinculados al régimen, de los 24.000 que se contaban a principios de 2025 –cuando tomó posesión Donald Trump– a entre 15.000 y 18.000 en 2026.

Asimismo, el Departamento de Estado indica que aunque en este año todavía hay trabajadores en 53 países, se han reducido las naciones que reciben misiones internacionales. La dependencia señala, sin nombrarlos, a “cuatro países” que en 2025 “pusieron fin a sus acuerdos bilaterales con el régimen”. 

Hasta la fecha, Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas han roto sus convenios con La Habana, mientras que otros han preferido reformarlos para contratar directamente a los especialistas, como es el caso de la región italiana de Calabria, Uruguay y, como se supo este mismo miércoles, Jamaica.

Algunos Gobiernos pagan a los trabajadores “un estipendio o salario directamente por sus servicios”, pero no llevan a cabo “la supervisión necesaria

A este tipo de acuerdos se refiere el informe diciendo que, aunque “algunos Gobiernos” pagan a los trabajadores “un estipendio o salario directamente por sus servicios –manteniendo cierto control inicial sobre lo que estos perciben–”, no llevan a cabo sin embargo “la supervisión necesaria para evitar que el régimen cubano coaccione a dichos trabajadores para que remitan un porcentaje considerable de sus ingresos”.

El documento es tajante: “La confiscación de salarios, una práctica que parece ser casi universal, deja a los trabajadores con una remuneración sumamente baja y dependientes del programa, ya que carecen de recursos para modificar su situación. Lo más grave es que dicha confiscación otorga al régimen un control coercitivo continuo sobre estos trabajadores”. 

Los profesionales de la salud, indica el informe, “representan el 75% de la fuerza laboral civil exportada por Cuba”, que también vende los servicios de profesores, entrenadores y deportistas, artistas, ingenieros, técnicos forestales, trabajadores de la construcción o marinos. Los médicos son, recuerda el texto, “una fuente vital de ingresos para el régimen, generando miles de millones de dólares en divisas fuertes”, al apropiarse el Gobierno de “entre el 50% y el 95% de los salarios” a cambio de una “remuneración exigua, inferior a la que perciben otros profesionales que realizan labores similares”.

Asimismo, el texto denuncia el rosario de vicisitudes a las que son sometidos los especialistas: control de los pasaportes, toques de queda y vigilancia, en menoscabo del derecho a la libertad de circulación, y “leyes y normativas que, de ser cuestionadas o incumplidas, conllevan castigos arbitrarios, como el exilio”. El informe recoge que algunos “supervivientes” denunciaron incluso que el régimen los obligaba a incurrir en actividades delictivas, “forzándolos a falsificar historiales médicos e inventar procedimientos para justificar los registros que generaban”.

Los testimonios también hablaron de “prácticas de reclutamiento coercitivas y engañosas”, “intimidación”, “amenazas” y “condiciones de vida y de trabajo inseguras y precarias”

Los testimonios también hablaron de “prácticas de reclutamiento coercitivas y engañosas”, “intimidación”, “amenazas” y “condiciones de vida y de trabajo inseguras y precarias”. 

De igual manera, el reporte señala que los métodos mediante los que los Gobiernos pagan al régimen “varían y resultan difíciles de corroborar de forma independiente”, debido a los “esfuerzos deliberados del régimen por ocultar información”. Los países que pagan directamente al Estado cubano, cuestionan, “suelen ejercer una supervisión mínima sobre las condiciones que afrontan los trabajadores, delegando dichas responsabilidades en el propio régimen”. 

Las instancias utilizadas por el Gobierno de la Isla para gestionar los contratos a los médicos –la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) o el propio Ministerio de Salud Pública– han sido precisamente incluidas en las sanciones emitidas en los últimos meses al calor de la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo.

Pero aunque reconoce algunos avances en la persecución de delitos de trata que afectan principalmente a menores, el Departamento de Estado concluye que las autoridades cubanas no han adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso. En particular, señala que no han investigado, procesado ni condenado casos de trabajo forzoso o explotación sexual de adultos y que funcionarios del régimen continúan participando en la gestión de los programas de exportación laboral.

Entre sus principales recomendaciones, Washington reclama a La Habana que ponga fin a las amenazas y prácticas engañosas utilizadas para reclutar trabajadores destinados al extranjero y que modifique los contratos suscritos con gobiernos extranjeros para garantizar que los cubanos reciban un trato acorde con las normas laborales internacionales.

EE UU mantiene, en fin, a Cuba en el “nivel 3” de su clasificación sobre trata de personas, el peor grupo, al considerar que el Gobierno cubano no cumple los estándares mínimos para la eliminación de este delito y tampoco está realizando esfuerzos significativos para alcanzarlos.