El rapero Matos Mc K-Libre cumple 80 días preso, sin una condena y con problemas de salud

La Habana/El rapero independiente Andrés Matos Alcántara, Matos Mc K-Libre de nombre artístico, lleva casi tres meses privado de libertad en Cuba sin un juicio ni una condena. En un video publicado este lunes por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), el activista Raudel Collazo, amigo de Matos, dijo que el músico atraviesa una “situación preocupante de salud”.

“Matos Mc K-Libre tiene la enfermedad de Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), pero además tiene diabetes, hipertensión y lleva dos días con la presión altísima. Si en los hospitales no hay nada para tratar a los cubanos, imagínense ustedes ahora en una prisión de la dictadura”, señaló Collazo en su denuncia.

“En estas condiciones, fue trasladado del penal de Valle Grande (en La Habana) a otra prisión cuyo destino, hasta el momento, no ha sido informado públicamente”, agregó.

En el video, el también músico recordó que Matos Mc K-Libre lleva 79 días preso “en una mazmorra de la dictadura, sin delito”.

Lleva 79 días preso “en una mazmorra de la dictadura, sin delito”

Para el CDPC, la detención y el trato al artista “plantean serias preocupaciones sobre las condiciones de reclusión, el acceso a atención médica adecuada y la protección de la integridad física de las personas privadas de libertad”.

En su posicionamiento sobre el caso, señaló que “las autoridades penitenciarias tienen la obligación de garantizar atención sanitaria equivalente a la disponible fuera de prisión y de proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia”.

Matos Alcántara fue detenido el pasado 24 de junio, cuando acudió a una citación policial en Siboney, en el municipio habanero de Playa, para una “entrevista”. Sin embargo, una vez que compareció ante las autoridades, fue privado de libertad y trasladado en una patrulla.

Ya detenido, fue acusado de “desorden público” por su presunta participación en una de las protestas que se registraron en Playa debido a los prolongados apagones, que llegaron a alcanzar hasta 50 horas consecutivas. Ariacna Garcés Gómez, esposa del músico, dijo a Martí Noticias tras la detención que las autoridades no habían presentado “ninguna orden de arresto ni de registro. Lo que hicieron fue esposarlo y montarlo en una patrulla”.

Las autoridades no habían presentado “ninguna orden de arresto ni de registro. Lo que hicieron fue esposarlo y montarlo en una patrulla”

“Ellos dicen que Matos es el líder de todas las protestas y cacerolazos que hay aquí en Barbosa”, agregó.

Ya en prisión, y ante sus padecimientos, Garcés señaló que, al inicio, las autoridades se negaron a recibir sus medicamentos por no tener el tarjetón médico correspondiente. Solo después de presentar la documentación lograron hacerle llegar la metformina y el inhalador de salbutamol.

Días después de la detención, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) hizo una llamado urgente para que las autoridades dieran información sobre el músico. Tras una solicitud presentada por Cubalex, el organismo de la ONU ordenó al Estado cubano que buscara, localizara y protegiera al artista, y le dio un plazo improrrogable hasta el 14 de julio de 2026 para rendir un informe oficial sobre el caso.

De acuerdo con el centro de asesoría legal, el Comité de las Naciones Unidas expresó “profunda preocupación ante la falta de transparencia del Estado”, el cual no había emitido “un solo documento oficial que valide la privación de libertad, los motivos legales de la detención, el número de expediente asignado o la autoridad bajo cuya custodia se encuentra”. Pese al llamado, el Estado no presentó un reporte sobre el músico.

El Comité de las Naciones Unidas expresó “profunda preocupación ante la falta de transparencia del Estado”

El incremento de actos de represión y detenciones arbitrarias en Cuba se han reflejado en el número de presos políticos en la Isla. De acuerdo con el más reciente informe de Prisoners Defenders, en agosto se registró un récord, con 1.339 personas en las cárceles, tras 19 incorporaciones y siete bajas. Entre ellos hay 155 mujeres (otro récord) y 38 personas detenidas siendo eran menores de edad.

“Los casos documentados muestran cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras”, señala el informe.

Además, alerta que entre quienes permanecen encarcelados, 463 padecen patologías médicas graves y 54 presentan trastornos graves de salud mental. Asimismo, el informe denuncia golpizas, trabajo forzoso, internamientos psiquiátricos forzosos y falta de atención médica”.