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Bancos extranjeros ayudaron a los 'boligarcas' venezolanos a robar cientos de millones del Estado

Más de 2.100 documentos recogen actividad sospechosa entregada por las entidades a la Red Contra los Delitos Financieros

Algunos, como el suizo CBH, ayudaron a millonarios venezolanos a sacar dinero en efectivo fuera del país a través de cuentas 'offshore'. (CBH)
14ymedio

23 de septiembre 2020 - 13:21

La Habana/Varios magnates venezolanos vinculados al chavismo, conocidos como boligarcas, sacaron miles de millones de dólares destinados a la vivienda, entre otras cosas, según se desprende de los informes bancarios confidenciales obtenidos por BuzzFeed News y difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La información incluye más de 2.100 documentos que recogen actividad sospechosa entregada por varios bancos a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Uno de los protagonistas de la información es Alejandro Ceballos Jiménez, que pudo embolsarse unos 116 millones de dólares desviados a cuentas offshore y de familiares. El magnate consiguió decenas de contratos para la construcción de escuelas, plantas potabilizadoras o el famoso polideportivo El Poliedro, reconvertido en hospital de emergencia para el covid-19 recientemente. Además, mediante Inversiones Alfamaq, se hizo con el contrato para construir viviendas de precios bajos.

Uno de los protagonistas de la información es Alejandro Ceballos Jiménez, que pudo embolsarse unos 116 millones de dólares desviados a cuentas offshore y de familiares

En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció el inicio del programa, conocido como Gran Misión Vivienda, que debía proveer de unos dos millones de casas para los venezolanos de menos recursos. Un año más tarde, Energy Coal SPA (energética con sede en Italia) logró un contrato de 126 millones de dólares para construir 1.540 viviendas. Venezuela debía entregar a cambio coque a los italianos, pero estos carecían de experiencia para la construcción de inmuebles, por lo que subcontrataron el trabajo a Sarleaf Limited, con sede en Londres pero controlada por Ceballos y su círculo familiar.

La cuenta de Sarleaf se abrió en la entidad portuguesa Banco Espírito Santo y en ella se movieron más de 100 millones de dólares. Entre las agencias públicas venezolanas que pagaron al entramado de Ceballos destacan la petrolera estatal Pdvsa y el programa contra la pobreza denominado Misión Che Guevara.

El banco portugués tenía una filial en Miami que fue investigada en 2014 por blanqueo de dinero que -tras la intervención de la entidad por parte de las autoridades portuguesas-, pasó a llamarse Brickell Bank. Esta última fue adquirida el pasado año por la filial estadounidense del banco venezolano Banesco.

La Asamblea Nacional venezolana, ya en manos de la oposición, investigó en 2015 a Ceballos por su presunta participación en el desvío de fondos públicos. Fruto de estas pesquisas, el empresario fue señalado por su intervención en el desvío de 500 millones de dólares de una empresa paraestatal productora de aluminio y oro y su colaboración en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística.

Ceballos ha negado siempre su implicación y ha rechazado responder a las preguntas del ICIJ para el reportaje ahora publicado.

Según el texto, entre 2009 y 2017, varios bancos informaron de transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por más de 4.800 millones de dólares

Según el texto, entre 2009 y 2017, varios bancos informaron de transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por más de 4.800 millones de dólares. Cerca del 70% afecta a fondos públicos y tiene como principal protagonista a una institución del Estado.

Los documentos hechos públicos también revelan cómo distintos bancos de Europa y Estados Unidos contribuyeron a estas operaciones a sabiendas de que existían alertas por irregularidades. Algunos, como los suizos CBH y Julius Baer Group ayudaron a millonarios venezolanos a sacar dinero en efectivo fuera del país a través de cuentas offshore para ocultar el origen del dinero.

Alejandro Betancourt es uno de los clientes más conocidos de CBH y ha realizado compras sospechosas de gran tamaño en el sector inmobiliario en España. Su empresa energética, Derwick Associates, obtuvo miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para rehabilitar la red eléctrica de Venezuela. En 2018, el Departamento de Justicia de EE UU acusó a ocho de sus ejecutivos de participar en una red de sobornos y lavado de dinero por más de 1.200 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Justicia de Suiza ordenó a CBH y otras entidades del país a entregar los expedientes de estos casos a los fiscales estadounidenses a pesar de que Betancourt trató infructuosamente de evitarlo llegando a contratar a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump.

CBH ha negado cualquier colaboración con delito alguno y sostiene, por otra parte, que en 2013 vendió todas sus inversiones en Venezuela.

En cuanto al Julius Baer Group, su exdirector y vicepresidente, Matthias Krull, era asesor personal de Betancourt y otro de los magnates venezolanos. En 2018, fue condenado a 10 años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares. La entidad se desvincula de las actividades de su antiguo líder, pero el Gobierno suizo le tiene prohibido realizar algunas actividades. Este banco ha declarado al ICIJ que lamenta "los defectos identificados" en sus negocios con clientes de América Latina.

Todas estas actividades han sido documentadas gracias a los informes del FinCEN, que no constituyen denuncias formales pero recopilan actividades sospechosas

Todas estas actividades han sido documentadas gracias a los informes del FinCEN, que no constituyen denuncias formales pero recopilan actividades sospechosas. La investigación periodística sostiene que, incumpliendo su obligación, los bancos se limitan en muchas ocasiones a facilitar estos informes cuando ya se ven cercados por la prensa o los propios tribunales y es demasiado tarde para tomar medidas.

"De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado que aparecen en los FinCENfiles, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, rama del Tesoro de EE UU)", indica la investigación que, añade, que la privacidad y confidencialidad de los clientes sigue siendo un argumento utilizado por los bancos para eludir respuestas.

Venezuela acaba de licitar a favor de las empresas de los Ceballos varios contratos, que incluyen las reparaciones de una planta de tratamiento de agua y de estaciones de bombeo en varios estados.

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