La Alianza Progresista denuncia la muerte bajo custodia de siete opositores en Nicaragua

Managua/La Alianza Progresista denunció este domingo la muerte bajo custodia en Nicaragua de al menos siete disidentes y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la represión transnacional que, a su juicio, ejecutan contra los opositores en el exilio.

En una resolución, la Alianza Progresista mencionó la muerte en prisión de los opositores nicaragüenses Mauricio Alonso Petrie y Carlos Cárdenas Zepeda, ocurridas los pasados 25 y 29 de agosto, respectivamente

Con ellos son siete los presos políticos que fallecen bajo la custodia del régimen de Nicaragua, señaló esa coalición en su resolución compartida a la prensa por el movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Recordó que en febrero de 2022 murió bajo custodia el general en retiro y disidente Hugo Torres, vicepresidente de Unamos, y en mayo de 2019 fue asesinado en la cárcel Eddy Montes, un ciudadano nicaragüense-estadounidense.

En febrero de 2022 murió bajo custodia el general en retiro y disidente Hugo Torres, vicepresidente de Unamos, y en mayo de 2019 fue asesinado en la cárcel Eddy Montes

También murieron en condiciones de presos políticos los disidentes Santos Flores, en 2021, y José Modesto Solís, en diciembre de 2023, agregó. Mientras el ex jefe del Ejército Humberto Ortega y hermano de Daniel Ortega, falleció el 30 de septiembre de 2024, bajo arresto domiciliario e incomunicado, tras cuestionar la sucesión dinástica en el país.

Por otro lado, la Alianza Progresista denunció ante la opinión pública internacional que la dictadura de los Ortega Murillo en Nicaragua ha extendido su brazo represivo más allá de las fronteras nacionales.

Según esa coalición, el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado y militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en su domicilio, en San José, Costa Rica, donde se encontraba refugiado desde 2018, es la expresión más grave de la represión transnacional que está practicando.

Anteriormente se han dado al menos tres atentados contra opositores nicaragüenses, uno de ellos mortal contra Rodolfo Rojas, secuestrado también en Costa Rica, donde estaba refugiado y cuyo cadáver apareció después en Honduras, anotó ese grupo.

Y advirtió que la represión dentro de Nicaragua se mantiene, dirigiéndose ahora también contra partidarios del régimen, en medio de la crisis que vive la dictadura por la sucesión de Daniel Ortega, que en noviembre próximo cumple ochenta años.

Asimismo, esa coalición denunció que la suma de las personas presas políticas en Nicaragua es de más de 70, y más de 30 de ellas se encuentran en condición de desaparecidas registradas, de los cuales demandó su liberación.

También, criticó las reformas constitucionales que entraron en vigor en 2025, porque solo representan mayor concentración de poder en la familia Ortega Murillo, pretendiendo así dar legitimidad a su dictadura.

La Alianza Progresista una vez más denuncia que el poder totalitario y dinástico de una sola familia es una gravísima regresión para Nicaragua, y una grave amenaza para la estabilidad y la democracia en la región, ya que su consolidación se inscribe en la ola autoritaria que avanza en nuestros países, argumentó.

La Alianza Progresista una vez más denuncia que el poder totalitario y dinástico de una sola familia es una gravísima regresión para Nicaragua, y una grave amenaza para la estabilidad

Esa coalición llamó a los gobiernos progresistas a aplicar medidas políticas, diplomáticas y financieras, orientadas a presionar a la dictadura Ortega Murillo a fin que establezca el respeto a los derechos humanos y la transición a la democracia.

También a todas las fuerzas progresistas del mundo a reforzar el apoyo a las fuerzas democráticas y progresistas y al pueblo de Nicaragua en su lucha por la democracia, el Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de golpistas y traición a la patria.