Una doctora cubana en Chile es acusada de falsificación de licencias médicas y daños por 23 millones de dólares
Chile
Mayra de la Fuente Aguilar se encuentra en prisión preventiva junto con otros seis galenos extranjeros
La Habana/La médico cubana Mayra de la Fuente Aguilar, ex funcionaria del Centro de Salud Familiar de Padre Hurtado en Puerto Montt, está acusada en Chile por los delitos de fraude de subvención y falsificación de licencias médicas, que generaron un perjuicio equivalente a 23.072.215 dólares al Fondo Nacional de Salud.
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), De la Fuente es parte de una red fraudulenta en que también están involucrados los especialistas colombianos Manuel Tejera Altamar, Einer Ramírez Flores, Edgar Camelo León y Jorge Luis Galvis Machado; el peruano Roger Sebastián Llapo y la venezolana Krissy Mora Duarte.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para ocho imputados, siete médicos y un representante de un centro de salud, publicó este miércoles el diario Bio Bio Chile.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, los imputados emitieron 35.978 licencias médicas entre 2021 y 2024 y recibieron pagos por 26.559 licencias. Las cantidades fueron cubiertas a través de subsidios por incapacidad laboral.
Los médico imputados emitieron 35.978 licencias médicas entre 2021 y 2024 y recibieron pagos por 26.559 licencias
El fiscal adjunto de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, denunció que las licencias “no obedecen a actos médicos reales, ahí está la defraudación y el engaño”.
Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó audiencias para formalizar a 318 funcionarios públicos que se beneficiaron con las licencias médicas fraudulentas. Además, precisó que correspondían a 235 casos en un tribunal y otros 80 en una causa distinta. Por su parte, el fiscal Pérez, subrayó que algunos de los que adquirieron los documentos “salieron del país con licencia médica o concurrieron a casinos”.
El abogado defensor de uno de los imputados, Guido Aguilar, denunció que la medida cautelar (prisión preventiva) impuesta es “intensiva”, al considerar que con una “medida menos gravosa se habrían resguardado los fines del procedimiento y el éxito de la investigación”. Por lo que interpuso la apelación.
El letrado Pablo Puentes, otro de los abogados de los sanitarios, sostuvo que se imputó una asociación delictiva “sin que ninguno de los médicos se conozca o se haya visto alguna vez”. Además, consideró que “es físicamente imposible haber emitido más de 11.000 licencias presenciales cumpliendo jornadas laborales de hasta 14 horas diarias”.