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EE UU registra una inmigración neta negativa por primera vez en décadas

ICE

La Administración ha implementado en un año más medidas contra la migración que en todo el primer mandato de Trump

Varios manifestantes clamaron contra ICE por la detención del venezolano Rafael Andrés Rubio Bohorquez, analista del Concejo de Nueva York. / EFE
EFE

14 de enero 2026 - 05:05

Washington / Nueva York /Miami/Estados Unidos registró una inmigración neta negativa en 2025 por primera vez en décadas, con más migrantes abandonando el país de los que entraron, según un informe publicado este martes por el Instituto Brookings que destaca las consecuencias de la política migratoria de la Administración del presidente, Donald Trump.

El reporte sugiere que la inmigración neta, la diferencia entre los migrantes que entran y los que salen del país, arrojaría un saldo negativo de entre 10.000 y 295.000 migrantes menos en 2025, por lo que EE UU habría perdido población inmigrante.

"La reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB)", alerta el estudio.

"La reducción de la migración frenará el crecimiento de la fuerza laboral, el gasto de los consumidores y el producto interno bruto (PIB)"

Con menos inmigrantes, la fuerza laboral ha crecido mucho más despacio, consideran los expertos, lo que reduce el número de puestos que la economía puede crear sin generar tensiones.

El informe calcula que las cifras de crecimiento de empleo podrían incluso volverse negativas en 2026. Para este año proyectan a su vez inmigración o muy baja o negativa, con un rango que va desde una salida neta de 925.000 personas a una entrada neta de 185.000, muy por debajo del impulso migratorio de 2022-2024, que se situó en una entrada media de 2,7 millones de migrantes al año.

El mismo día, el Migration Policy Institute (MPI) reveló que la Administración Trump implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, en el primer año de su segundo mandaton, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021).

Estas acciones, como proclamaciones y cambios normativos, incluyen 38 órdenes ejecutivas sobre migración, cerca de la sexta parte del total de 225 decretadas desde su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, detalló el MPI en el informe Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0.

"Si quieren compararlo, en todos los cuatro años de Trump 1.0 hubo 472 acciones ejecutivas de inmigración. Esta Administración llegó con dos metas en inmigración: una es detener la invasión, según ve, en la frontera, y la otra son las deportaciones masivas", explicó Muzaffar Chishti, autor principal del informe, en un evento virtual.

El investigador del MPI señaló que las acciones de Trump están "obsesivamente impulsadas por querer alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones al año", pero apuntó que las expulsiones quedaron por debajo de este objetivo y de las 778.000 del último año fiscal de la Administración de Joe Biden (2021-2025).

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de 1.200 migrantes aprehendidos al día por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha arrestado a cerca de 595.000 personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el investigador del MPI.

También casi se duplicó la media de personas que permanecen en centros de detención de ICE a cerca de 70.000, frente a las 39.000 que había al inicio de la Administración, añadió Chishti.

"Si ven el perfil de las personas detenidas, obviamente no son lo peor de lo peor. Cerca del 26% de las personas detenidas hoy, solo el 26%, tienen una condena criminal"

"Si ven el perfil de las personas detenidas, obviamente no son lo peor de lo peor. Cerca del 26% de las personas detenidas hoy, solo el 26%, tienen una condena criminal", apuntó el investigador.

Las medidas ejecutivas se han enfocado en las deportaciones dentro del país tras conseguir bajar a una media de 700 los encuentros mensuales de migrantes en la frontera con México, comparados con el promedio de más de 80.000 del año anterior, según el MPI, que estima en 13,7 millones el número de indocumentados en Estados Unidos.

El Gobierno ha invertido 1.300 millones de dólares y ha desplegado a más de 7.000 soldados en zonas de la frontera que ha militarizado, informó Colleen Putzel-Kavanaugh, coautora y analista asociada del MPI.

Los cambios migratorios de Trump se han enfocado en tres grandes áreas: eliminar protecciones migratorias concedidas en el Gobierno anterior, acelerar las deportaciones y elevar la cooperación con las autoridades estatales y locales, explicó Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas migratorias del MPI.

En este sentido, describió, un estimado conservador de 1,5 millones de personas han perdido su protección hasta ahora, pues la Casa Blanca ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de 13 países.

El Gobierno federal también busca "remociones expeditas" al negar audiencias en las cortes, donde MPI identificó cuatro millones de casos pendientes de deportaciones, incluyendo unos 2,4 millones de peticiones de asilo.

Además, la Administración ha casi multiplicado por 10 los acuerdos ‘287(g)’, que permiten a autoridades locales cooperar con ICE, por lo que ya hay alrededor de 8.500 agentes estatales y locales entrenados para participar en operaciones migratorias.

Bush-Joseph advirtió de que las acciones migratorias crecerán por el presupuesto de 170.000 millones de dólares que el Congreso otorgó en julio pasado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al aprobar la ‘grande y hermosa ley’ de Trump.

"Es realmente importante enfatizar que esto es el comienzo. Ha tomado tiempo a la Administración de Trump elevar la aplicación de la ley para redirigir esa operación al interior del país porque el enfoque estaba en la frontera cuando ahí había un alto número de llegadas", manifestó.

En Nueva York, la polémica ha crecido estos días tras la detención del venezolano Rafael Andrés Rubio Bohorquez, un empleado del Concejo

En Nueva York, la polémica ha crecido estos días tras la detención del venezolano Rafael Andrés Rubio Bohorquez, un empleado del Concejo, cuando acudía a una cita con ICE y que este martes recibió el apoyo de concejales, trabajadores y líderes sindicales.

"Estamos aquí en solidaridad, pero más que eso, exigiendo que liberen a nuestro colega; que liberen a todos los desaparecidos; y que ICE entienda que en la ciudad de Nueva York no son bienvenidos y que nos enfrentaremos a ellos y a los acosadores en Washington que eligen hacer que las comunidades inmigrantes sientan miedo", dijo al canal 4 de NBC la concejala Carmen de la Rosa durante la protesta, frente a una sede de ICE en el bajo Manhattan.

De acuerdo con la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin, el venezolano, un analista de datos detenido el lunes, tiene autorización legal para permanecer en EE UU hasta octubre de este año.

"Después de que un miembro del personal del Ayuntamiento fue detenido por ICE ayer mientras asistía a un control de inmigración de rutina, nuestras oficinas se movieron de inmediato para coordinar con los defensores de la Coalición de Inmigración y los abogados del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York que presentaron anoche una petición de habeas corpus de emergencia", indicó Menin en un comunicado.

Rubio Bohorquez está aún en Nueva York, "lo que confirma que la petición de hábeas corpus se presentó correctamente y evita su expulsión hasta que un tribunal resuelva su petición", agregó. El venezolano había pasado la verificación de antecedentes que se realiza a todos los solicitantes de empleo.

"El Concejo no ha podido contactar al miembro del personal, pero está trabajando para contactar a su asesor de inmigración. Seguiremos proporcionando información actualizada cuando sea necesario", señaló además la presidenta del cuerpo legislativo de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani dijo en su cuenta de X tras conocer el lunes de lo ocurrido, que la detención del empleado municipal "es un atentado contra nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores" y exigió su liberación "inmediata", reclamo al que también se unió la fiscal general del estado, Letitia James.

"Esto es exactamente lo que sucede cuando se utiliza la aplicación de medidas migratorias como arma. Detener a personas durante comparecencias judiciales rutinarias no nos brinda mayor seguridad. Erosiona la confianza, propaga el miedo y viola los principios básicos de equidad", indicó por su parte la gobernadora Kathy Hochul.

Mientras, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, se jactó del arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses y el liderazgo de su Gobierno en la agenda antiinmigrante en Estados Unidos durante su último discurso del ‘Estado del estado’ ante el Congreso de Florida.

Mientras, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, se jactó del arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses y el liderazgo de su Gobierno en la agenda antiinmigrante

DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027 después de ocho años de mandato en Florida, enunció entre sus mayores logros el prohibir las "ciudades santuario" para migrantes y el hacer obligatorios los acuerdos ‘287(g)’ para que las autoridades locales cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales (migratorias). Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional", resaltó el gobernador.

El mandatario, quien fue aspirante presidencial del Partido Republicano en 2024, ha destacado antes que Florida ha liderado la implementación de la política migratoria durante la actual Administración del presidente Donald Trump.

Bajo su mandato, Florida aprobó la ley SB 4-C, una de las legislaciones locales más agresivas del país contra los inmigrantes porque convierte en un delito estatal la entrada de indocumentados al estado.

Además, organizaciones civiles han acusado a Florida de crear un modelo de detención migratoria para el resto de Estados Unidos basado en sobrenombres como si fuese un plan de marketing tras la apertura en 2025 de los centros Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, y Deportation Deport, en el norte del estado.

El gobernador destacó que el Congreso de Florida, que comienza ahora su periodo de sesiones, está analizando reformas para "desincentivar aún más la inmigración ilegal".

Entre los cambios que contempla el legislativo local están crear multas para empleadores que ignoren el estatus migratorio de sus trabajadores y cargos criminales para quienes contraten a más de 50 empleados indocumentados.

También hay iniciativas que buscarán impedir a los inmigrantes indocumentados en Florida acceder a préstamos o enviar remesas, además de declarar una "presunción de culpabilidad" para migrantes que estén involucrados en accidentes de tránsito.

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