El Gobierno de España aprobará por decreto una regularización extraordinaria de migrantes

Madrid/El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y el ultraizquierdista Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han explicado que esta regularización extraordinaria, que ha avanzado la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y han añadido que se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

La iniciativa retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos o envíos de dinero

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha desvelado este lunes el acuerdo con el PSOE durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización de este colectivo. Allí, ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

Asimismo, Montero ha apuntado que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".

El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) estima que unos 840.000 migrantes viven en España en situación administrativa irregular, lo que significa un 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios.

Se trata de una estimación realizada a partir de la diferencia entre la población que reside efectivamente en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las personas extranjeras que sí tienen permiso de residencia, son beneficiarios de protección internacional o están en trámites de conseguirlo.

Funcas estima que unos 840.000 migrantes viven en España en situación administrativa irregular, lo que significa un 17,2% de la población extranjera de países no comunitarios

Estos datos, relativos al 1 de enero de 2025, apuntan a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000, el 4,2% de la población extracomunitaria residente en España.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91% del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000), mientras que las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.

El informe no detalla la cifra específica de cubanos en situación irregular, pero los miles que se estima que hay podrán beneficiarse también de la medida gubernamental.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo del 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo, por lo que "tendería, en principio, a reducir la cifra de irregulares".

Sin embargo, Funcas precisa que, si mantienen las dinámicas actuales, aunque se cumplieran las estimaciones del Gobierno –que la nueva normativa permita regularizar a 900.000 personas en tres años– el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que se estabilizaría.

Para la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, las cifras vuelven a demostrar "los rasgos del modelo migratorio español de los últimos 25 años", que "asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa".

El centro de análisis llama la atención sobre la "escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características".

Si bien reconocen que el nuevo reglamento "contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes", este "sigue sin implicar planificación".

Para reducir de verdad las cifras, el informe apunta a la necesidad de medidas que mejoren el manejo de los flujos migratorios y que se enmarquen en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra y con requerimientos de cualificación.