La ONG Foro Penal registra 777 presos políticos en Venezuela tras las excarcelaciones

Caracas/La ONG Foro Penal informó este lunes que registra un total de 777 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas.

En un video publicado en Instagram, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que Foro Penal registra, además, 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local. Precisó que desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones.

“Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, subrayó Romero.

Estas medidas incluyen, añadió, “prohibición de salida del país en algunos casos” y, “en muchos” otros, “prohibición de hablar ante medios de comunicación”.

Desde el pasado 8 de enero, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles

Desde el pasado 8 de enero, familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles, donde han pernoctado para exigir la excarcelación de sus parientes.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas –la mayoría de ellas excarceladas– y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión”.

En ese marco, Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este lunes que ha sido víctima de lo que definió como “extorsión” por parte de personas que aseguró le advirtieron que debía “obligar” a su padre a “renunciar a su lucha y causa”, a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

“Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes”, indicó Mariana González, sin ahondar en detalles, en un comunicado compartido en su cuenta de X.

“Hubo testigos”, quienes, afirmó, escucharon “íntegramente” todo lo que se le dijo

Aseguró que en estas tres ocasiones “hubo testigos”, quienes, afirmó, escucharon “íntegramente” todo lo que se le dijo, y detalló que estas “extorsiones” se “llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”.

“Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”, reclamó.

“Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad”, agregó Mariana González.

A su juicio, existe un “sentimiento de venganza” que se ha “volcado” contra su esposo, quien –consideró– ha sido “víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política”.

El expediente judicial contra Tudares “es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”

En este sentido, argumentó que el expediente judicial contra Tudares “es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, al asegurar que “no existen testigos” ni “existen evidencias” contra su esposo, ni tampoco “hechos demostrables” que constituyan delito.

Mariana González aclaró que “nunca” se le permitió acceder al expediente de Tudares ni se le entregó una copia. Sin embargo, añadió, su esposo, abogado de profesión, “revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra”.

Por tanto, afirmó que la condena impuesta contra Tudares de 30 años de prisión “constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos”.

En junio de 2024, Mariana González afirmó que Tudares “quedó atrapado injustamente y es una víctima” de un conflicto político, que llevó, además, a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre de 2024, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela al afirmar que resultó ganador en las elecciones presidenciales.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 –tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años–, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos excarcelados.