Relatores de la ONU muestran inquietud por las nuevas regulaciones de internet en Cuba

Ginebra/(EFE).- Decretos de ley aprobados en abril y agosto por el Gobierno cubano para regular las telecomunicaciones, que entre otras cosas establecen varios delitos de ciberseguridad, "podrían socavar las libertades de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación", alertaron tres relatores de Naciones Unidas.

En una reciente carta a las autoridades cubanas, los relatores para la libertad de expresión (Irene Khan), de reunión (Clement Nyaletsossi) y defensores de los derechos humanos (Mary Lawlor) analizaron el decreto 35, aprobado en abril, así como el 42 y la Resolución 105/2021, publicados en agosto.

En este sentido, los expertos alertan que estas nuevas normativas facultan a las fuerzas armadas cubanas a implementar "medidas especiales" sobre las telecomunicaciones, sin definir de forma precisa cuáles serían ni requerir la autorización de un juez.

"Los Estados no deberían suspender el acceso a internet como medio para combatir la desinformación"

"Toda restricción de derechos debe estar prevista en la ley, perseguir un objetivo legítimo y cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad", señalaron los tres relatores, quienes advirtieron que de lo contrario expresiones legítimas podrían ser retiradas por motivos políticos y otros injustificados.

Añaden que las disposiciones que facultan a operadores de servicios a suspender los servicios de telecomunicaciones están vagamente formuladas al permitir esta posibilidad cuando "la información sea falsa, ofensiva, lesiva a la dignidad humana" o a "la moralidad pública y el respeto al orden público".

"Los Estados no deberían suspender el acceso a internet como medio para combatir la desinformación", afirmaron los expertos, quienes recordaron que normativas con contenidos demasiado vagos al respecto pueden limitar los derechos de periodistas, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.

A la luz de éstas y otras preocupaciones, los relatores piden al Gobierno cubano que modifique esas disposiciones "con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional".

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