Los siete panameños detenidos por realizar grafitis en Cuba podrían cumplir sus penas en su país
Cuba
El canciller de Panamá solicitará la medida en caso de que sean condenados en un juicio que aún no tiene fecha
Madrid/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo este miércoles que se pedirá a Cuba que siete nacionales acusados de atentar contra el Gobierno de la Isla cumplan condena en el país centroamericano en caso de ser declarados culpables en el juicio, que aún no se ha celebrado
La causa "sigue el proceso penal cubano", dijo el canciller. "Y, cuando haya sentencia, si es en contra de nuestros panameños, solicitaré, con un mecanismo al cual pertenece Panamá, para que los envíen a nuestro país", comentó Martínez-Acha al ser preguntado en el marco del acto de la rendición de cuentas anual del presidente, José Raúl Mulino, ante el Parlamento.
El Gobierno de Panamá aspira, sostuvo, a que el juicio se lleve a cabo "lo más pronto posible".
"Cuando haya sentencia, si es en contra de nuestros panameños, solicitaré, con un mecanismo al cual pertenece Panamá, para que los envíen a nuestro país"
A finales de febrero, diez panameños fueron detenidos en la Isla "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional", por haber realizado, presuntamente, grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político, un delito penado con hasta ocho años de cárcel.
Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como ‘Abajo la tiranía’, ‘Comunismo: enemigo de la comunidad’ y ‘Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer’, en referencia, respectivamente, al presidente de EE UU, su secretario de Estado y su embajador en la Isla.
El Ministerio del Interior cubano afirmaba que el grupo de panameños fueron captados en su país para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", hechos por los que les prometieron cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno a su regreso.
De los detenidos, tres fueron repatriadas en abril pasado gracias a "la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", según informó entonces la Cancillería panameña.
“Esta decisión ha sido adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, valorando además la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno de Mulino trasladó además su agradecimiento al presidente, Miguel Díaz-Canel, y otros miembros del Ejecutivo, que “comprendiendo las circunstancias excepcionales de estas detenciones, han hecho posible este desenlace”.
“Quedan siete. Nosotros estamos acompañando a los siete panameños desde el punto de vista legal, con protección diplomática y asistencia consular”, afirmó entonces Martínez-Acha.
“Hay que dejar claro que ellos están dentro de un proceso de la jurisdicción cubana y eso hay que respetarlo. A nosotros nos garantizan que están siendo tratados de una manera correcta y que cuentan con sus derechos como investigados”, señaló el canciller, que añadió que las gestiones diplomáticas continuarían.
“Hemos tratado de adelantar algún tipo de solución, pero quiero que seamos discretos y no avancemos sobre posibles escenarios. Nunca hemos dejado de apoyar a los panameños en Cuba”
“Hemos tratado de adelantar algún tipo de solución, pero quiero que seamos discretos y no avancemos sobre posibles escenarios. Nunca hemos dejado de apoyar a los panameños en Cuba”, expresó.
Cuba tiene acuerdos con distintos países para que los extranjeros cumplan las penas dictadas por sus tribunales en los países de origen, generalmente siempre que se cumplan varios criterios: que exista una sentencia firme, que haya consentimiento de las partes y el propio preso, y que el delito por el que es condenado en la Isla exista en el otro Estado.
Uno de los casos más sonados de ese tipo fue el regreso a España de Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de prisión por homicidio imprudente tras el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Tras negociaciones diplomáticas discretas entre Madrid y La Habana, se aplicó el convenio bilateral y Carromero –entonces dirigente juvenil del Partido Popular– fue trasladado a España unos meses después de su condena para cumplir el resto de la pena en centros penitenciarios españoles. En solo dos semanas se le otorgó el régimen de semilibertad.