En la acusación de “espionaje” contra Alejandro Gil se señalan daños a Venezuela
Un documento de la Fiscalía cubana obtenido por '14ymedio' acusa al ex ministro de haber revelado a la CIA datos sensibles sobre la cooperación entre Caracas y La Habana
La Habana/La reciente captura de Nicolás Maduro ha vuelto a poner bajo los reflectores la estrecha y opaca relación entre Caracas y La Habana. En ese contexto, una fuente con acceso a los documentos del juicio contra Alejandro Gil Fernández –ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía de Cuba– ha facilitado a 14ymedio detalles de las conclusiones provisionales de la Fiscalía General de la República (FGR), donde Gil fue acusado, entre otros delitos, de espionaje a favor de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con un supuesto daño estratégico a la relación con Venezuela.
Según el informe firmado por Edward Roberts Campbell, fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Gil habría entregado a “un agente no identificado, pero presuntamente perteneciente a la CIA”, información clasificada que comprometía “la seguridad nacional venezolana”. El documento sostiene que se trataba de datos sensibles sobre la cooperación política, económica y militar entre Cuba y el régimen de Maduro.
Entre la información filtrada figuran transacciones económicas entre Cuba y Venezuela, la ubicación de reservas financieras, acuerdos comerciales vinculados al intercambio petrolero y al envío de brigadas médicas cubanas, así como esquemas de triangulación de operaciones financieras y nombres de agencias extranjeras implicadas en el destino final del crudo venezolano.
La acusación incluyó además el apoyo del Gobierno cubano en materia de ciberseguridad y contraespionaje a los servicios de inteligencia venezolanos, y datos personales del propio Nicolás Maduro. Según la fuente, Gil habría entregado información sobre la familia del mandatario, su vivienda, sus activos en Venezuela y en el extranjero –incluida Cuba–, incluyendo detalles muy sensibles sobre el anillo de seguridad del líder chavista compuesto por varias decenas de soldados cubanos pertenecientes al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“Estos actos se consideran un hecho de traición a la confianza depositada en él por parte del Gobierno cubano y, específicamente, de la Seguridad del Estado”, señaló la acusación, que califica la conducta como espionaje en favor de los servicios de inteligencia estadounidenses, con el objetivo de “socavar la soberanía venezolana y derrocar a su legítimo presidente mediante un golpe de Estado”.
No obstante, el propio desarrollo del caso deja al descubierto contradicciones difíciles de obviar. De acuerdo con el testimonio al que tuvo acceso 14ymedio, inicialmente estaba previsto que fuera Miguel Díaz-Canel quien se reuniera con Maduro en agosto de 2022, como parte de una gira presidencial por varios países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, fue la Seguridad del Estado la que recomendó que asistiera Gil en su lugar.
“Se argumentó que, por su desempeño y la alta confianza depositada en él como cuadro de la Revolución, merecía ese encuentro”, explica la fuente, quien añade que la visita debía aprovecharse para reuniones con otros altos funcionarios venezolanos, incluido el ministro de Economía. La decisión resulta llamativa, dado que un encuentro entre jefes de Estado no suele delegarse en un ministro sectorial.
La Seguridad del Estado llevaba al menos cuatro años investigando a Gil, lo que situaría las sospechas desde 2020
La fuente aclara que solo tuvo acceso a la acusación fiscal y que desconoce si el presunto espionaje sobre el asunto venezolano fue probado durante el juicio. “No puedo afirmar si estos hechos se llevaron a juicio con pruebas concluyentes ni si se demostró que Gil entregó información sensible de Venezuela a la CIA”, señala. Tampoco dispone de detalles sobre los fundamentos de la sentencia a cadena perpetua dictada por el Tribunal Supremo.
La cronología del caso refuerza las dudas. Programas oficialistas como Razones de Cuba han sostenido que la Seguridad del Estado llevaba al menos cuatro años investigando a Gil, lo que situaría las sospechas desde 2020. Aun así, en agosto de 2022 Gil se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores, un encuentro que fue ampliamente divulgado por la prensa oficial cubana y venezolana, y celebrado públicamente por el propio mandatario chavista en redes sociales.
Meses después, en noviembre de ese mismo año, Gil acompañó a Díaz-Canel en una gira por China, Argelia, Rusia y Turquía. En julio de 2023, además, fue autorizado a viajar a Nueva York como único representante de Cuba ante la Asamblea General de la ONU. “Si existían indicios sólidos de espionaje, estas decisiones no se sostienen desde el punto de vista de la contrainteligencia”, apunta la fuente.
El juicio de Alejandro Gil, lejos de esclarecer los hechos, deja al descubierto una trama donde Venezuela, Maduro y la seguridad cubana se entrelazan en un relato lleno de lagunas. Hoy, tras la captura del líder chavista, esas lagunas pesan más que nunca. Porque si Gil fue un espía, lo fue con una libertad inexplicable; y si no lo fue, su condena revela hasta dónde puede llegar un sistema cuando necesita un culpable visible para proteger a quienes operan en las alturas del poder.