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Camila Acosta y Ángel Santiesteban, acusados de "atentado" por publicaciones sobre el juicio a los masones

Represión

La periodista denuncia que la Seguridad del Estado utiliza a un testigo de la Fiscalía para impulsar un proceso que podría llevarlos a prisión

El caso apunta a una clara estrategia de la Seguridad del Estado: utilizar a terceros para presentar acusaciones que permitan judicializar la disidencia.  / Facebook/ Camila Acosta
14ymedio

19 de noviembre 2026 - 17:05

La Habana/La periodista independiente Camila Acosta y su esposo, el escritor Ángel Santiesteban Prats, enfrentan una acusación por atentado que, según conocieron este jueves durante una comparecencia policial, se basa en haber compartido publicaciones en redes sociales sobre el reciente juicio contra cuatro masones cubanos. La denuncia fue presentada por Ernesto Valdés García, uno de los testigos de la Fiscalía en aquel proceso, quien asegura sentirse amenazado por los comentarios que generaron esas publicaciones.

En una directa en la página de Facebook de Cubanet, la reportera explicó que ambos acudieron este 19 de noviembre a la estación de la Policía de Zapata y C, en La Habana, donde fueron informados de la existencia de un expediente por atentado. El instructor les comunicó que disponían de cinco días para contratar un abogado y regresar a prestar declaración. Tanto Acosta como Santiesteban se negaron a declarar sin asistencia letrada.

La periodista asegura que el oficial tenía sobre su escritorio un documento de más de veinte páginas, con numerosas capturas de publicaciones y comentarios en redes sociales, pero se negó a permitirle examinarlo. Según su testimonio, el expediente lleva el número 73567/2026.

“Nosotros no somos responsables ahora de los comentarios que hagan las personas en las publicaciones en las redes sociales”

“Yo no he amenazado a nadie. No he intimidado a nadie. Ni en las redes sociales ni a nivel personal”, afirmó Acosta, quien cuestionó que las autoridades pretendan responsabilizarlos de comentarios escritos por otras personas.

La acusación estaría relacionada con una investigación publicada por Cubanet el pasado 10 de noviembre, en la que se identificaba a jueces, fiscales, testigos y oficiales de la Seguridad del Estado vinculados al proceso contra los masones. Acosta y su esposo compartieron esa información en sus perfiles.

“Nosotros no somos responsables ahora de los comentarios que hagan las personas en las publicaciones en las redes sociales”, insistió la reportera, quien recordó que numerosas personas también difundieron el trabajo periodístico.

El denunciante, Ernesto Valdés García, no es ajeno a las disputas que han sacudido a la masonería cubana. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia Masónica durante la crisis institucional provocada por el robo de 19.000 dólares destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, en enero de 2024, y también ejerció como tesorero de esa institución.

Valdés García participó en procedimientos internos contra dirigentes masones y fue posteriormente expulsado de la fraternidad por traición

Según Cubanet, Valdés García participó en procedimientos internos contra dirigentes masones y fue posteriormente expulsado de la fraternidad por traición. Su testimonio también figuró entre los presentados por la Fiscalía en el juicio celebrado el pasado 5 de noviembre.

En aquel proceso, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó a Santiesteban –elegido recientemente gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería cubana– a dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos por operaciones de cambio de divisas relacionadas con el Asilo Llansó. Los otros tres acusados, José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, recibieron sanciones similares de entre dos y cuatro años.

El procedimiento anterior había sido instruido por el Órgano de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado. Además, la Fiscalía incluyó entre sus valoraciones sobre Santiesteban que se expresaba abiertamente contra el sistema político cubano, una referencia a sus posiciones ideológicas dentro de un expediente por presuntas operaciones ilegales con divisas.

Para Acosta, la nueva denuncia responde a una estrategia destinada a silenciar a quienes cuestionan al régimen mediante acusaciones presentadas por terceros. “Todo esto no es más que una orientación directa de la Seguridad del Estado”, sostuvo. La periodista considera que Valdés García está siendo instrumentalizado para someterlos a un nuevo proceso judicial y mantener sobre ambos la amenaza de la cárcel o el exilio.

Inicialmente, la periodista sospechaba que el procedimiento estaba relacionado con un video en el que grabó a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía abandonar su vivienda

El Código Penal cubano, aprobado mediante la Ley 151 de 2022, establece penas de dos a cinco años de prisión para la modalidad básica del delito de atentado. Su artículo 183 también sanciona las amenazas o intimidaciones contra testigos, incluso cuando se producen como represalia por su participación en un procedimiento judicial.

La comparecencia de este jueves aclara una incógnita de la citación denunciada por Acosta el martes. Inicialmente, la periodista sospechaba que el procedimiento estaba relacionado con un video en el que grabó a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía abandonar su vivienda.

La nueva investigación se suma a las detenciones y restricciones de movimiento sufridas por Acosta durante noviembre. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado el hostigamiento contra los periodistas independientes en Cuba, mientras el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó 31 violaciones contra Acosta y 12 contra Santiesteban en lo que va de 2026, principalmente cercos policiales frente a su vivienda y detenciones arbitrarias. 

Para Acosta, el objetivo de las autoridades es mantenerlos bajo presión. El caso apunta a una clara estrategia de la Seguridad del Estado: utilizar a terceros para presentar acusaciones que permitan judicializar la disidencia. 

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