Cuba mantiene aún agentes "incrustados en estructuras estatales" en Bolivia

Madrid/Bolivia “regaló” 450 millones de dólares a Cuba, la mayoría en contratos fraudulentos de médicos y becas universitarias, pero también a través de transferencias directas, asegura Erick Foronda. El ex secretario privado de la ex presidenta Jeanine Áñez, al que Cubadebateidentificó en su día como “agente de la CIA que manejaba el Gobierno” de La Paz, ha añadido a la lista otra acusación aún más seria, al sostener en una entrevista que “los agentes de violencia política formados por Cuba se han incrustado en estructuras estatales”, donde siguen todavía hoy. 

Foronda ha contado al medioCorreo del Sur, con sede en Sucre, que en las últimas décadas ha habido agentes cubanos que formaron cuadros políticos, personal de inteligencia y contrainteligencia, muchos de los cuales siguen en el país a pesar de que ya casi no se les paga. “La línea de financiamiento se acabó en gran parte, no toda”, pero hay quienes se mantienen por ideología, dijo.

“Saben que deben quedarse de cualquier forma en la estructura del Estado, para, desde esas posiciones, sabotear y entorpecer las nuevas políticas gubernamentales o filtrar documentación sensible”, dice. El experto avisa de que es preciso hacer una “limpieza completa” para reconstruir los anillos de confianza estatal, puesto que aún hay una parte significativa vinculada a Cuba.  

“Saben que deben quedarse de cualquier forma en la estructura del Estado, para, desde esas posiciones, sabotear y entorpecer las nuevas políticas gubernamentales o filtrar documentación sensible”

Según sus datos, la Isla llegó a tener capacidad de “reestructurar y, en muchos casos, dirigir las agencias de inteligencia y ayudar a construir un sistema de vigilancia interna centrado en el control de la oposición, pero inclusive de la Policía. Se convirtió en un aparato represivo que pisoteó nuestras libertades”.

Foronda afirma que tiene en sus manos documentación abundante que prueba tanto sus afirmaciones sobre esto como sobre los contratos firmados por los Gobiernos del Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, primero, y Luis Arce, después. “Sus operadores políticos y los ministros que firmaron las resoluciones para pagar a la dictadura cubana deben rendir cuentas. Contamos con documentación completa que respalda esta investigación, evidencia sólida que los incrimina”, sostiene.

Foronda, que ahora da conferencias sobre Cuba por la región, califica de “acto de flagrante despilfarro criminal” la entrega de hasta 450 millones en brigadas médicas, las becas, compra de medicamentos, pasajes, vehículos y envíos de alimentos, entre otras cosas.

“Los acuerdos confidenciales incluyeron programas de cooperación en inteligencia e intercambio de temas de interés bilateral que involucraban la seguridad nacional de Bolivia. Morales y Arce entregaron a Cuba información estratégica de Bolivia y de miles de bolivianos, comprometiendo nuestra soberanía, pero también poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos bolivianos, cuyos datos han sido compartidos con la dictadura cubana. Esto lo tenemos documentado con pruebas irrefutables”, agrega. 

En los documentos hay, presuntamente, datos personales y financieros de algunos líderes del país que pronto estarán en manos del Gobierno actual, encabezado por Rodrigo Paz desde noviembre de 2025. El presidente es el primer jefe de Estado no izquierdista en 20 años, con la excepción del breve periodo de interinidad de Áñez, que asumió el cargo tras la crisis política posterior a las elecciones de 2019 y la huida de Morales del país. 

Foronda denuncia que se transfirió dinero directo a la Isla con empresas fachada controladas por el conglomerado militar Gaesa, sin rendición de cuentas ni transparencia. 

“A pesar de que gran parte de estos recursos se manejaron en la oscuridad, sin trazabilidad ni auditoría pública, hemos logrado rastrear las transferencias hacia la dictadura cubana”, dice. Una de las formas era canalizar recursos con el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, al que califica de “herramienta de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y otras actividades vinculadas al crimen internacional, un engranaje corrupto”.

“A pesar de que gran parte de estos recursos se manejaron en la oscuridad, sin trazabilidad ni auditoría pública, hemos logrado rastrear las transferencias hacia la dictadura cubana”

“Con el actual Gobierno del presidente Paz y su gabinete será posible desmenuzar con mayor precisión todas estas conexiones mantenidas en la opacidad durante más de una década, exponiendo al fin esta red de corrupción al escrutinio público y judicial”, sostiene, y recuerda que EE UU podría sancionar a políticos extranjeros que hayan cooperado con el régimen cubano, incluyendo las medidas de prohibición de visa o congelación de cuentas. 

Además, sostiene que entre los más de 1.000 especialistas de Salud, al menos el 75% carecía de formación sanitaria y eran agentes de seguridad. “No se investigaron los viajes, viáticos, casas, alimentos, seguros que ellos recibieron. Los más de 1.000 dólares no se entregaban a ellos; se entregaban a la dictadura mediante transferencias internacionales”, afirma.

Anibal Cruz, ministro de Salud durante el mandato de Áñez, acusó a más de 500 médicos cubanos de no ser tal y dedicarse a actividades política, de inteligencia, adulteración de gastos, destrucción de pruebas, títulos falsos, gastos excesivos y hasta desaparición de vehículos. Cuba retiró entonces a su personal, unos 725 profesionales, por "razones de seguridad" después de que se les acusara de injerencia. Los 13 años que estuvo vigente el acuerdo sanitario con la Isla supusieron presuntamente 147 millones de dólares de gastos a Bolivia.