En Matanzas, penas de 10 a 15 años de cárcel en uno de los 20 "juicios ejemplarizantes" anunciados

Madrid/El Tribunal Provincial de Matanzas condenó este martes a penas de 15 y 10 años de prisión a tres ciudadanos por "robo con violencia o intimidación en las personas en grado de tentativa", según informó la prensa oficial este miércoles. El juicio "ejemplarizante" se enmarca en el desarrollo del V Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el sábado 23 de mayo.

Los tres acusados, cuyos nombres no han sido facilitados, se encontraban dentro de una vivienda en la localidad de Máximo Gómez, en el municipio de Perico, para apoderarse de bienes de valor, cuando fueron sorprendidos por uno de sus moradores, a quien "agredieron y le ocasionaron múltiples lesiones corporales".

El Tribunal, acorde con la calificación ofrecida por la Fiscalía, condenó a dos de los acusados a 15 años de cárcel cada uno, y para el tercero la pena de 10 años de prisión. Como sanciones accesorias se les impuso la privación de derechos y prohibición migratoria.

La Fiscalía solicitó "una indemnización para la esposa de la víctima por gastos de curación y transporte ocasionados a partir de las lesiones provocadas a su esposo

Además, la Fiscalía solicitó "una indemnización para la esposa de la víctima por gastos de curación y transporte ocasionados a partir de las lesiones provocadas a su esposo durante el suceso delictivo". La información no indica la cuantía, pero pone de manifiesto los problemas socioeconómicos de la Isla, donde la atención sanitaria debería ser gratuita.

El Tribunal sentenció que la víctima debía ser indemnizada por daños y perjucios, aunque no ha trascendido si eso incluye lo solicitado para su esposa.

El pasado lunes, la Presidencia anunció el comienzo de un nuevo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que no se desarrollaba desde septiembre de 2025, cuando tuvo lugar el IV.

El objetivo declarado por la institución es "intensificar las acciones de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas, la corrupción, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que afectan la seguridad y el orden interior".

Además, la Presidencia avanzó que durante el mismo enfrentamiento al delito se celebrará una veintena de "juicios ejemplarizantes", con prioridad en los delitos asociados a las drogas y los que atentan contra el sistema eléctrico del país, en particular el robo de aceite dieléctrico, de paneles solares y de combustibles.

Este despliegue, dijo Granma en un artículo titulado Garantizar el orden interior: un objetivo estratégico en tiempos de amenazas, "se realiza en circunstancias de especial complejidad, como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco petrolero, el incremento de las sanciones, la hostilidad, la guerra psicológica y las amenazas de una acción militar del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba".

La anterior campaña de este tipo se cerró con miles de inspecciones –solo en La Habana, a unas 700 empresas– que provocaron el cierre inmediato de casi 70 negocios

La anterior campaña de este tipo se cerró con miles de inspecciones –solo en La Habana, a unas 700 empresas– que provocaron el cierre inmediato de casi 70 negocios, principalmente por violación de las medidas de bancarización. También se determinaron incumplimientos tributarios por valor de 1.109,8 millones de pesos e impusieron multas que lograron recuperar de manera expedita casi 53 millones.

Además, se celebraron decenas de juicios ejemplarizantes con los que las autoridades tratan de transmitir la idea de control y seguridad en medio de un panorama que cada vez pone más de manifiesto lo contrario. El agravamiento de las condiciones económicas y los apagones son un caldo de cultivo ideal para la proliferación del delito, que además trasciende más a la opinión pública desde que el régimen perdió el contro absoluto de la información.